Angelica Margarita Rios Corona

Expediente 1042/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1042/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Angelica Margarita Rios Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de nueve de octubre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VII NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Angélica Margarita Ríos Corona, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y otra autoridad, en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1042/2018-VII-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: -El acuerdo dictado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, a través de la cual se declaró improcedente por extemporáneo, el recurso de revocación que la quejosa interpuso en contra del auto pronunciado el uno del presente mes y año, por el que se tuvo a la parte contraria exhibiendo el pliego de posiciones para el desahogo de prueba confesional a cargo de la impetrante, dentro del juicio ordinario civil sobre nulidad de escritura pública 314/2018, del índice del juzgado responsable, promovido por Ma. de los Ángeles Escobedo Olivares o María de los Ángeles Escobedo Olivares, en contra de la aquí quejosa. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio, mismos que establecen:. De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Hipótesis que no se surten en el presente caso, pues del escrito de demanda se advierte que la solicitante de amparo señala como acto reclamado el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, a través del cual se declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer en contra del auto pronunciado el uno del presente mes y año, en el juicio ordinario civil sobre nulidad de escritura pública 314/2018, mediante el cual, según los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la propia demanda, se tuvo a la parte contraria de la quejosa exhibiendo el pliego de posiciones al tenor del cual se desahogara la prueba confesional a su cargo. Ciertamente, la naturaleza de la determinación cuestionada es eminentemente procesal y no repercute directa e inmediatamente en algún derecho sustantivo de la impetrante de amparo, como podrían ser sus posesiones o propiedades, pues su efecto inmediato es tener por recibido el pliego de posiciones respecto a una prueba confesional previamente admitida, lo cual sólo incide en su postura litigiosa. Habida cuenta que el desahogo de una prueba confesional no tiene como consecuencia indefectible que la promovente del amparo obtenga una sentencia adversa a sus intereses, pues ello depende, además, del material probatorio que aporten tanto la parte actora como la demandada, de modo tal que al dictarse el fallo definitivo en el juicio natural, y resulte favorable a la aquí quejosa se repararía el derecho que considera violado y, en caso contrario, si dicha sentencia no le resultara favorable, eventualmente, podría hacer valer esas violaciones procesales a través del juicio de amparo directo. Se suma la circunstancia de que para combatir las violaciones procesales se deba esperar hasta que se dicte la sentencia en el asunto de origen, no implica que su impugnación se obstaculice; pues a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. De ahí que dicho acto no puede ser considerado como de imposible reparación, pues, como se dijo, sólo trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como incluso lo reconoce la quejosa en su demanda de amparo; de ahí que la misma puede ser subsanable en caso de obtener una sentencia favorable a sus intereses dentro del procedimiento ordinario. Ahora, para el caso de que el fallo resultara adverso a los intereses de la aquí quejosa, tendría la oportunidad de hacerlo valer como una violación procesal en el amparo directo que se promoviera contra aquella sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, en relación con la diversa fracción XII, de la Ley de Amparo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas de la aquí disconforme, trascendiendo al resultado del fallo. Por otra parte, si la sentencia dictada en ese controvertido, por ser favorable a la parte demandada, aquí quejosa, fuese reclamada por la parte actora en amparo, lo relativo a la recepción del pliego de posiciones para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la actora podría plantearse sin obstáculo alguno por dicha demandada, en amparo adhesivo, en términos de lo dispuesto en el numeral 174, de la Ley de Amparo. Por tanto, la demanda que se provee resulta notoriamente improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento... Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Angélica Margarita Ríos Corona. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Federico Benítez Cruz, y Viliolfo Ramos Sánchez, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que cita la promovente en su demanda, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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