Angélica Margarita Aguilar Sánchez

Expediente 1664/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1664/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Angélica Margarita Aguilar Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: toda vez que el acuerdo dictado el veinticinco de julio del año en curso, en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de sigilo en el que se ordenó el archivo de aquel expediente, al encontrarse totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno de sigilo. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Angélica Margarita Aguilar Sánchez, hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran De igual manera, devuélvanse al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, un disco en formato de audio y video que anexó, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO JUDICIAL NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. VISTO: para resolver los autos del juicio de amparo 1664/2021-9, promovido por Angélica Margarita Aguilar Sánchez, contra del acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el veintiuno siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós posterior, Angélica Margarita Aguilar Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, dictado en la causa penal número 185/2021, por la Autoridad Responsable en la Audiencia Inicial de Continuación de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, decretado en mi contra por el delito de Secuestro Agravado, cometido en agravio del ahora Tercero Interesado, y consecuentemente, la Medida Cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa. En virtud que se vulnera mis derechos humanos y garantías de seguridad jurídica (.)" AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1664/2021-9 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar sobre quien pudiese tener el carácter de tercero interesado; no se ordenó tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Miguel Ángel Zenteno Cruz, Julio Ernesto Silvar García, Shayra Erandy Pérez Colín y Marisol Montero Monje, fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Persona Migrantes de la Fiscalía General de la República, por lo que se instruyó su emplazamiento mediante oficio. Asimismo, con fundamento en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordenó formar cuadernillo de sigilo para proteger los datos personales de la víctima. Así, por acuerdo de esa misma fecha, dictado en ese cuaderno, se ordenó emplazar a la víctima por medio de su asesor jurídico por medio de oficio. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se recibió el oficio 5293/2022, por el cual se llamó a juicio al asesor jurídico público federal en representación de la víctima, según la constancia que obra agregada en autos. [Foja 59] En cumplimiento a lo anterior, por oficios 5196/2022, 5197/2022, 5198/2022 y 5199/2022 recibidos el quince de marzo de dos mil veintidós siguiente se emplazó a los fiscales terceros interesados. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Distrito responsable en la continuación de la audiencia inicial de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 185/2021 de su índice, en contra de Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.F.R. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Distrito responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. [Foja 36] Afirmación que guarda sustento con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de las audiencias de once, doce, diecisiete y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, diligencias celebradas dentro de la causa penal 185/2021-II del índice de la citada autoridad responsable, así como la copia certificada de constancias relativas a dicha causa. [Fojas 41 a 52]; Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias relativas a la causa penal 185/2021 que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: A) APERTURA DE AUDIENCIA INCIAL Y RECESO. El once de noviembre de dos mil veintiuno a las veinte horas con un minuto, la Juez de Control responsable en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tabasco el seis de noviembre de dos mil veintiuno, en contra de Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez, Manuel Antonio Aguilar Pérez, Jorge Antonio Pérez Gutiérrez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa- aperturó la audiencia inicial por el hecho delictivo de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. De ella se obtiene que la agente del ministerio público federal peticionó un receso, dado que debido a un problema de comunicación no había podido hacer llegar a la defensa la carpeta de investigación, motivo por el cual no se había impuesto aún de la misma la representación de los imputados. En mérito de ello, el Juez de Control estimo procedente determinar un receso. Tras reanudar la diligencia, a las veinte horas con cincuenta y tres minutos, se llevó a cabo lo siguiente: Fueron individualizadas las partes comparecientes (fiscales del ministerio público federal, asesor jurídico, imputados y defensor público federal); El defensor, al identificarse enuncio los números de cédula profesional y de registro ante los órganos federales, lo cual se verificó en la administración, con lo cual se acreditó su calidad de licenciado en derecho; Luego, la Juez informa a los imputados sobre los derechos constitucionales y legales con los que cuentan, acto seguido los imputados procedió a designar defensor público federal. El defensor procedió a acepta y protestar el cargo conferido. La Juez, previa solicitud de la defensa pública y manifestación de la representación social, concedió un nuevo receso de la audiencia para las ocho horas del doce de noviembre de dos mil veintiuno para que el efecto de que se imponga de los pormenores de la carpeta. B) CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL: FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, DUPLICIDAD DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL Y MEDIDA CAUTELAR El doce de noviembre de dos mil veintiuno a las nueve horas con trece minutos, el Juez de Control responsable dio inicio a la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación, duplicidad de término constitucional y medida cautelar. El Juez justificó el inicio tardío de audiencia, debido a cuestiones técnicas y a que se concedió a la defensa un término para comunicarse con sus patrocinados. Acto seguido, el Juez procedió a identificar a las intervinientes (fiscales del ministerio público federal, asesor jurídico, imputados, defensor público federal y defensor particular); Luego, tanto el defensor particular como el defensor público federal, al identificarse enunciaron los números de cédula profesional y de registro ante los órganos federales, lo cual se verificó en la administración, con lo cual se acreditó su calidad de licenciado en derecho; Posterior, el defensor particular procedió a acepta y protestar el cargo conferido en favor de Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. La Juez, previa solicitud de la defensa particular y manifestación de la representación social, concedió un nuevo receso de la audiencia para las catorce horas con treinta minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno para que el efecto de que se imponga de los pormenores de la carpeta. Fase de formulación de imputación. Cumplido el término, se reanudó la audiencia para el efecto de que la representación social formulase su imputación, por lo cual previa identificación de las partes, el Juez de Control responsable otorgó el uso de la voz a la representación social. La fiscal formuló imputación en contra de los imputado Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez, Manuel Antonio Aguilar Pérez, Jorge Antonio Pérez Gutiérrez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F. El fiscal manifestó que el señalamiento tiene sustento en los hechos siguientes: La víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F., de nacionalidad extranjera, en fecha diez de junio de dos mil veintiuno, se encontraba por la mañana en el municipio de Tenosique, Tabasco buscando la ruta del tren para poder llegar hacia la frontera con los Estados Unidos, motivo por el cual, con el teléfono que portaba realizó una búsqueda en la plataforma de GOOGLE MAPS y así seguir esa ruta para llegar a su objetivo, en ese sentido ubica las vías del tren y logra llegar a ese lugar entre las ocho y las diez de la noche, momento en que lo interceptaron los hoy investigados Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez y Jorge Antonio Pérez Gutiérrez, junto con otros dos sujetos más, portando pistolas nueve milímetros y un arma AK47, para decirle "fuiste el primero". Posteriormente le quitaron las agujetas de los zapatos y con las mismas amarrarle las manos, tirándolo al suelo y golpearlo en varias partes de su cuerpo, luego lo levantaron para hacerlo caminar por aproximadamente diez minutos, privándolo de la libertad al interior de una casa en construcción, lugar en donde la víctima se percató que hay varias personas en el interior, amarradas de pies y manos, por lo que estando en el interior de dicho lugar, lo empezaron a golpear con las armas de fuego y le pidieron el número telefónico de su familia para que le depositaran una cantidad de cinco mil dólares a cambio de su libertad y que si no cumplían le cortarían las manos, dándole la víctima el teléfono de su tía, un número de Nicaragua, por lo que en ese momento, el señor Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez le marco a su tía, desde el propio teléfono de la víctima, previo a un cambio de chip que le hiciera, pasándole el teléfono al señor Jorge Antonio Pérez Gutiérrez siendo éste quien solicitó a la familia la cantidad de cinco mil dólares a cambio de la vida de la víctima. En tanto se llevaba a cabo la llamada, Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez le apuntaba con un arma a la cabeza de la víctima. No obstante el familiar de la víctima les dijo que no tenían recursos, lo que provocó el enojo de los secuestradores, prendieron una motosierra y amenazaron cortarle la cabeza a la víctima. Luego, el once de junio de dos mil veintiuno, continuaron golpeando a la víctima e hicieron abrir la aplicación de FACEBOOK, desde el celular de víctima, para enviar diversos mensajes a sus familiares, donde avisaron que estaba secuestrado en México y proporcionaron un número telefónico 9341158976 para que se contactasen con los secuestradores, para posteriormente realizar una video llamada desde la cuenta de la víctima, por lo que el investigado Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez mientras realizada la video llamada le apuntaba en la cabeza a la víctima, en tanto Jorge Antonio Pérez Gutiérrez solicitaba el pago a cambio de la vida y libertad de la víctima. Por lo que al reiterar los familiares que no tenían el dinero, castigaron a la víctima, sin darle de comer y golpeándolo en diversas ocasiones. Nuevamente, se comunicaron vía FACEBOOK solicitándole ya no cinco mil sino tres mil dólares, bajo la amenaza de privar de la vida a la víctima, además tal pago se realizaría por medio de la compañía WESTERN UNION, para lo cual enviaron dos copias de credencial para votar a nombre de Manuel Antonio Aguilar Pérez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-, sin embargo la familia de la víctima no pudo conseguir el dinero para realizar el depósito. Por tanto, el diecinueve de junio de dos mil veintiuno, por la tarde noche sacan a la víctima de la casa de seguridad los señores Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez y Jorge Antonio Pérez Gutiérrez junto con otros dos sujetos, hasta un basurero, donde bajan y lo dejan ir. Acto seguido, el fiscal hizo saber que el grado de participación de los imputados es de coautores, conducta dolosa y clasificación jurídica preliminar corresponde al delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, sin que advierte alguna excluyente del delito. Depone en su contra, la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F., así como la señora Luz María Mendoza Oporta. Hecho lo anterior, la Juez cuestionó, tanto a los imputados como a la defensa, si habían comprendido los hechos expresados por el fiscal, además le puntualizó el derecho que les asiste para declarar o a reservase, optando por guardar silencio. Además, el Juez concedió la oportunidad para que los defensores tuvieran comunicación con los imputados para que determinasen si declararían o no. Hecho lo cual, los imputados se acogieron al derecho de permanecer en silencio y no prestar declaración en esa diligencia. Luego, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso, previa verbalización de los siguientes datos de prueba: Denuncia presentada por la FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA, EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO de diecisiete de julio de dos mil veintiuno. Copias de las identificaciones de Manuel Antonio Aguilar Pérez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-. Consulta del número telefónico 9341158976, en la página electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Solicitud de técnica de datos conservados respecto del número telefónico 9341158976. Técnica 57/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, autorizada por el Centro de Justicia Penal Federal. Entrevista de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a cargo de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F. Informe de la Policía Federal Ministerial de veinte de agosto de dos mil veintiuno. Ampliación de la denuncia a cargo de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F. Capturas de pantalla (4), de las conversaciones y las identificaciones de las personas a las que solicitaron el depósito del rescate. OficioFGR/AIF/PFM/DGIPAM/DIEF/TIEDFC/IT/17764/2021 de diez de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el policía de investigación criminal Arturo Gabriel Garrido Jiménez, por el cual informa una búsqueda en fuentes abiertas respecto de las personas a las que pertenecen las identificaciones, esto es Manuel Antonio Aguilar Pérez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-. Oficio FGR/AIF/PFM/DGIPAM/"ilegible" /15191/2021 que contiene el informe de investigación de la persona de nombre Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez, obteniendo una dirección en Tenosique, Tabasco, así como líneas de investigación sobre vínculos entre el referido y Manuel Antonio Aguilar Pérez, donde se advierte que ambos habitaban el mismo domicilio; además se advierte que Angélica Margarita Aguilar Sánchez aparece en el rubro de familiares de sus redes sociales. Oficio FEMDH/DGAP/JTO/842/2021 signado por el director general de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, quien informa que tuvo como titular de la línea telefónica 9341158976 a Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. Oficio UIDPM/A-AEIL/C2/395/2021 de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, donde se solicita información relativa a investigaciones abiertas en contra de los imputados y diversos números telefónicos pertenecientes a estos. Informe de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde se advierte la existencia de carpetas de investigación iniciadas por los delitos de secuestro agravado en contra de Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. Informe de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno suscrito por el policía federal ministerial. Dictamen en materia de retrato hablado, derivado de la entrevista practicada por la víctima, de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Dictamen en materia de identidad fisionómica, de uno de octubre de dos mil veintiuno. Dictamen en materia de psicología, de quince de octubre de dos mil veintiuno. Diligencia de identificación por fotografía de ocho de octubre de dos mil veintiuno. Informe de ocho de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la inspección de diversas carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, donde aparece como imputado Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. Diligencia de cateo al domicilio ubicado en la calle Boca del Cerro Manzana 5 Lote 6, San Juan en Tenosique, Tabasco, previamente autorizada y ejecutora el once de noviembre de dos mil veintiuno. Informe en materia de telecomunicaciones de once de noviembre de dos mil veintiuno, donde se describe un teléfono celular de marca SAMSUNG. Finalmente, la representación social sostuvo solicitud de vincular a proceso a los imputado y además, peticionó que se tomaran en consideración los deposados tanto de la familia como de la víctima, dado que, en conjunto el resto de material probatorio es posible establecer la responsabilidad de las personas imputadas. Término para resolver la situación jurídica Acto seguido, la Juez de Control hizo saber a los imputados el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con sus defensores antes de tomar la decisión. Los imputados solicitaron el término máximo previsto por el marco jurídico para resolver su situación jurídica, dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia relativa. Medida cautelar. Al tratarse el delito de secuestro la fiscal solicitó como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa a los imputados hasta en tanto se resuelva su situación jurídica o bien, por el tiempo que dure el proceso, con fundamento en el artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto de lo anterior, la Juez del conocimiento, una vez que escuchó la adhesión de la petición que formuló el asesor jurídico y la atención de pronunciarse sobre la petición de parte de los defensores público federal y particular, cerró debate y resolvió imponer la prisión preventiva oficiosa en los términos solicitados. C) SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA INICIAL DE VINCULACIÓN A PROCESO Y PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA POR CUANTO HACE A LA IMPUTADA ANGÉLICA MARGARITA AGUILAR SÁNCHEZ. Del audio y video de la audiencia de mérito, se advierte que a las diez horas con seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes (fiscales, asesor jurídico público, defensa pública federal, defensa particular e imputados con la inasistencia de Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-). Acto seguido, la auxiliar de sala dio cuenta al Juez de Control, ya que se recibió informe de que la imputada Angélica Margarita Aguilar Sánchez quedó hospitalizada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en el hospital militar para prueba de PCR y programada para Cesárea, por lo cual, previa consulta con la defensa pública y manifestación de la fiscalía, con fundamento en la fracción IV del artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control suspendió el plazo para resolver su situación jurídica hasta en tanto se encuentrara en condiciones para resolver su situación jurídica. D) CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INCIAL DE VINCULACIÓN A PROCESO Y PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA POR CUANTO HACE A LA IMPUTADA ANGÉLICA MARGARITA AGUILAR SÁNCHEZ. Del audio y video de la audiencia de mérito, se advierte que a las diez horas con ocho minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes (fiscales, asesor victimal, defensor pública federal, defensores particulares e imputada Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa- mediante videoconferencia). El Juez de Control informó que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo del informe del director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, se tuvo conocimiento que el estado de salud de la imputada era estable y se encontraba en el área conyugal, con lo cual se ordenó levantar la suspensión y por tanto, pudo llevarse a cabo la audiencia. Hecho lo anterior, corroboró que los profesionistas intervinientes tuvieran calidad de licenciados en derecho y que sus cédulas profesionales estuvieran debidamente registradas. Acto seguido, la Juez de Control le reiteró a la imputada que sus derechos, tanto constitucionales como legales, continúan vigentes tal y como se le hizo saber en la audiencia anterior. Tras, advertir que la defensa del imputado cambio de pública federal a particular, la Juez de Control, cuestionó a la imputada respecto de su designación, quien solicitó que su defensa la llevaran los defensores particulares presentes Acto seguido, los defensores particulares aceptan y protestan el cargo en favor de la imputada. Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz al asesor jurídico victimal, previo cuestionamiento a la defensa si deseaba desahogar algún medio de prueba, lo cual no sucedió. Así el asesor victimal solicitó que se dictase vinculación a proceso en contra de la imputada, en virtud de que existen datos de prueba suficiente para tal efecto, así como la probabilidad de su participación en la comisión del injusto imputado. Por otro lado, se otorgó el uso de la voz a la defensa para presentar réplica respecto de la solicitud de vinculación, respecto de lo cual, sostiene que no existen datos de prueba que señalen su probable participación y por tanto, su responsabilidad respecto de los hechos imputados. Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz a la fiscal del Ministerio Público Federal para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró la validez tanto de las declaraciones vertidas por la víctima, así como los elementos objetivos derivados de las técnicas de investigación sujetas a control judicial, así como el resto de los datos de prueba. Nuevamente se concedió el uso de la voz a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la fiscal, con lo que la defensa de la imputada con lo cual volvió a discurrir sobre el hecho de que no existen elementos pertinentes que impliquen el uso de su credencial de elector para el cobro del rescate y con ello, que justifiquen válidamente su participación en el delito. A continuación, la Juez de Control preguntó a la imputada si era su deseo llevar a cabo algún pronunciamiento, por lo cual se determinó un receso para el efecto de que uno de los defensores platicase con su defendida. Al reanudar la audiencia, el Juez de Control le volvió a cuestionar a la imputada sobre si persistía su deseo de manifestarse en la audiencia, ante lo cual indicó que no iba a efectuar pronunciamiento alguno. Hecho lo cual, la Juez de Control responsable procedió a resolver procedente la petición de vinculación a proceso en contra de la imputado Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.F.R. Consideró que, en caso en estudio, no opera en favor del imputado excluyente alguna de incriminación penal, además estimó que se encontraban satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 313 al 316 del código Nacional de Procedimientos Penales y en consecuencia se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Lo anterior, dado que se formuló imputación por parte de la fiscal; la inculpada tuvo oportunidad de declarar, lo cual se reservó en un principio y ejerció en la continuación de la audiencia inicial; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la Juez de Control responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son suficientes para establecer que la imputada es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el participe directa de los mismos, por lo que se puede inferir que se trata de un hecho de naturaleza dolosa. Medida Cautelar. Se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, dado que el proceso se sigue respecto a un delito que así dispone la constitución federal y código adjetivo nacional. Plazo de cierre de investigación Finalmente, previa petición de la fiscal y previa manifestación de conformidad que expresó tanto el asesor jurídico y la defensa particulares, la Juez de Control, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció como plazo de cierre de la investigación de cuatro meses, con vencimiento de treinta de marzo de dos mil veintidós. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como primer y único concepto de violación indicó el Juez de Control dejó de observar lo dispuesto en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que los antecedentes de investigación y los datos de prueba no son suficientes para establecer razonablemente que existe la probabilidad de que la quejosa participó en la comisión del delito imputado. Insistió que lo manifestado por la fiscalía y que el Juez de Control retoma en su razonamiento, relativo a que en el momento de la detención se le encontró en posesión su credencial de elector y un celular es una afirmación ilícita e imparcial, lo cual vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Además, no se precisa las autorizaciones judiciales que hayan permitido el acceso legal a los datos conservados de líneas telefónicas, pues sólo menciona que fueron autorizados por el Centro de Justicia Penal Federal, por tanto la información incriminatoria derivada de tal dato de prueba resulta ilícita. Al respecto citó la jurisprudencia de rubro "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.", con registro digital 160509. Devienen INFUNDADOS los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa; sin que, en el caso, a criterio de esta juzgadora, se advierta que opere en favor de la peticionaria, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos principios que se establecen en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 7 9 del Código Militar de Procedimientos Penales. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de las audiencias remitidas por la Juez de Control responsable, se desprende que todas las diligencias, tanto la inicial de doce de noviembre de dos mil veintiuno; como la continuación de dieciocho y treinta de noviembre siguiente se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción de la imputada, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por los fiscales del Ministerio Público Federal, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en ambas audiencias, puesto que se permitió a la imputada el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, se advierte que el Juez de Control, vista la condición de gravidez y salud que presentó la imputada, suspendió, con fundamento en la fracción IV del artículo 331 de la citada codificación punitiva, el plazo para resolver su situación, hasta en tanto se encontrara en condiciones de participar de la audiencia. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo de ambas audiencias. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma la fiscalía del Ministerio Público Federal, asesor jurídico victimal, los imputados, así como los defensores público federal y particulares; Se informó a la inculpada sus derechos constitucionales y legales; Se formuló la imputación en la que la fiscal del Ministerio Público Federal expuso a todos los imputados el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de la persona que depusieron en su contra; Se le dio oportunidad a todos inculpados, entre ellos la quejosa, para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso de los imputados, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se cuestionó a todos los imputados, entre ellos la quejosa, si deseaban que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, previo asesoramiento de la defensor, se solicitó se resolverá sobre la situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; Se dio oportunidad a la fiscalía del Ministerio Público Federal para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; De nueva cuenta, se brindó espacio a la defensa para que presentara contra réplica novedosa ante lo manifestado por el Fiscal; Después, la Juez de Control cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, Aunado al hecho que se definió, tanto la medida cautelar como el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no de la persona imputada a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el Juez de Control se apoyó en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso a la imputada Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la fiscalía del Ministerio Público Federal, le permitió establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, el cual identificó como secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.F.R. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que la imputada probablemente realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-., por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.F.R. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos fueron los siguientes: La víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F., de nacionalidad extranjera, en fecha diez de junio de dos mil veintiuno, se encontraba por la mañana en el municipio de Tenosique, Tabasco buscando la ruta del tren para poder llegar hacia la frontera con los Estados Unidos, motivo por el cual, con el teléfono que portaba realizó una búsqueda en la plataforma de GOOGLE MAPS y así seguir esa ruta para llegar a su objetivo, en ese sentido ubica las vías del tren y logra llegar a ese lugar entre las ocho y las diez de la noche, momento en que lo interceptaron los hoy investigados Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez y Jorge Antonio Pérez Gutiérrez, junto con otros dos sujetos más, portando pistolas nueve milímetros y un arma AK47, para decirle "fuiste el primero". Posteriormente le quitaron las agujetas de los zapatos y con las mismas amarrarle las manos, tirándolo al suelo y golpearlo en varias partes de su cuerpo, luego lo levantaron para hacerlo caminar por aproximadamente diez minutos, privándolo de la libertad al interior de una casa en construcción, lugar en donde la víctima se percató que hay varias personas en el interior, amarradas de pies y manos, por lo que estando en el interior de dicho lugar, lo empezaron a golpear con las armas de fuego y le pidieron el número telefónico de su familia para que le depositaran una cantidad de cinco mil dólares a cambio de su libertad y que si no cumplían le cortarían las manos, dándole la víctima el teléfono de su tía, un número de Nicaragua, por lo que en ese momento, el señor Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez le marco a su tía, desde el propio teléfono de la víctima, previo a un cambio de chip que le hiciera, pasándole el teléfono al señor Jorge Antonio Pérez Gutiérrez siendo éste quien solicitó a la familia la cantidad de cinco mil dólares a cambio de la vida de la víctima. En tanto se llevaba a cabo la llamada, Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez le apuntaba con un arma a la cabeza de la víctima. No obstante el familiar de la víctima les dijo que no tenían recursos, lo que provocó el enojo de los secuestradores, prendieron una motosierra y amenazaron cortarle la cabeza a la víctima. Luego, el once de junio de dos mil veintiuno, continuaron golpeando a la víctima e hicieron abrir la aplicación de FACEBOOK, desde el celular de víctima, para enviar diversos mensajes a sus familiares, donde avisaron que estaba secuestrado en México y proporcionaron un número telefónico 9341158976 para que se contactasen con los secuestradores, para posteriormente realizar una video llamada desde la cuenta de la víctima, por lo que el investigado Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez mientras realizada la video llamada le apuntaba en la cabeza a la víctima, en tanto Jorge Antonio Pérez Gutiérrez solicitaba el pago a cambio de la vida y libertad de la víctima. Por lo que al reiterar los familiares que no tenían el dinero, castigaron a la víctima, sin darle de comer y golpeándolo en diversas ocasiones. Nuevamente, se comunicaron vía FACEBOOK solicitándole ya no cinco mil sino tres mil dólares, bajo la amenaza de privar de la vida a la víctima, además tal pago se realizaría por medio de la compañía WESTERN UNION, para lo cual enviaron dos copias de credencial para votar a nombre de Manuel Antonio Aguilar Pérez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-, sin embargo la familia de la víctima no pudo conseguir el dinero para realizar el depósito. Por tanto, el diecinueve de junio de dos mil veintiuno, por la tarde noche sacan a la víctima de la casa de seguridad los señores Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez y Jorge Antonio Pérez Gutiérrez junto con otros dos sujetos, hasta un basurero, donde bajan y lo dejan ir. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber a todos los inculpados, entre ellos la quejosa, que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; que en cuanto a su participación, se le considera como coautores, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación permanente. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el Juez de Control responsable hizo de conocimiento a la imputada sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que el Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por la fiscal del Ministerio Público Federal [que la imputada participo en la privación ilegal de la libertad de la víctima], mismo que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.F.R. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Denuncia presentada por la FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA, EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO de diecisiete de julio de dos mil veintiuno. Entrevista de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a cargo de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F. Ampliación de la denuncia a cargo de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.R.F. Por medio de las cuales se pone en conocimiento de la representación social los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación, además de señalar como probable responsable a los imputados, entre ellos la -aquí quejosa-. Además, que la víctima indicó la dinámica de los hechos, modus operandi y señaló elementos convictivos que permitieron a las autoridades de investigación generar datos de prueba que comprueban su dicho. Dictamen en materia de psicología, de quince de octubre de dos mil veintiuno. Donde determinó que la víctima presentó síntomas estresantes, que requiere apoyo, pues se siente amenazado y se encuentra en estado de incertidumbre derivado de los hechos vividos; y por lo tanto requiere tratamiento. Dictamen en materia de retrato hablado, derivado de la entrevista practicada por la víctima, de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Dictamen en materia de identidad fisionómica, de uno de octubre de dos mil veintiuno. Diligencia de identificación por fotografía de ocho de octubre de dos mil veintiuno. Copias de las identificaciones de Manuel Antonio Aguilar Pérez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-. Experticiales que soportan la identificación de diversos intervinientes en los hechos delictivos, así como la capacidad de la víctima de describir las condiciones de su cautiverio. Consulta del número telefónico 9341158976, en la página electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Solicitud de técnica de investigación de datos conservados respecto del número telefónico 9341158976. Técnica 57/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, autorizada por el Centro de Justicia Penal Federal. Informe de la Policía Federal Ministerial de veinte de agosto de dos mil veintiuno. Capturas de pantalla (4), de las conversaciones y las identificaciones de las personas a las que solicitaron el depósito del rescate. OficioFGR/AIF/PFM/DGIPAM/DIEF/TIEDFC/IT/17764/2021 de diez de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el policía de investigación criminal Arturo Gabriel Garrido Jiménez, por el cual informa una búsqueda en fuentes abiertas respecto de las personas a las que pertenecen las identificaciones, esto es Manuel Antonio Aguilar Pérez y Angélica Margarita Aguilar Sánchez -aquí quejosa-. Oficio FGR/AIF/PFM/DGIPAM/"ilegible" /15191/2021 que contiene el informe de investigación de la persona de nombre Antonio Guadalupe Aguilar Sánchez, obteniendo una dirección en Tenosique, Tabasco, así como líneas de investigación sobre vínculos entre el referido y Manuel Antonio Aguilar Pérez, donde se advierte que ambos habitaban el mismo domicilio; además se advierte que Angélica Margarita Aguilar Sánchez aparece en el rubro de familiares de sus redes sociales. Oficio FEMDH/DGAP/JTO/842/2021 signado por el director general de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, quien informa que tuvo como titular de la línea telefónica 9341158976 a Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. Oficio UIDPM/A-AEIL/C2/395/2021 de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, donde se solicita información relativa a investigaciones abiertas en contra de los imputados y diversos números telefónicos pertenecientes a estos. Informe de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde se advierte la existencia de carpetas de investigación iniciadas por los delitos de secuestro agravado en contra de Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. Informe de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno suscrito por el policía federal ministerial. Informe de ocho de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la inspección de diversas carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, donde aparece como imputado Jorge Antonio Pérez Gutiérrez. Informe en materia de telecomunicaciones de once de noviembre de dos mil veintiuno, donde se describe un teléfono celular de marca SAMSUNG. Actos de investigación que directriz la dinámina de hechos que constituyen el delito perseguido, así como los elementos indiciarios que indicar la probable participación de todos y cada uno de los imputados, entre ellos, la aquí quejosa. Diligencia de cateo al domicilio ubicado en la calle Boca del Cerro, Manzana 5 Lote 6, San Juan en Tenosique, Tabasco, previamente autorizada y ejecutora el once de noviembre de dos mil veintiuno. De donde se obtiene no solo la detención de la imputada, sino el cercioramiento de que estaba en posición de la credencial de elector que fue enviada para el reclamo del rescate, así como en posesión de un teléfono celular que, según técnicas de investigación sujetas a control judicial, fue utilizado presuntamente para la comisión del ilícito reprochado. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención de la imputada en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la fiscalía del Ministerio Público Federal, arrojan datos de prueba que establecen señalamiento de parte de la menor víctima que indican la probabilidad de que la imputada realizó los hechos señalados por la ley como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En efecto, la Juez de Control responsable ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que la imputada tenía pleno conocimiento que del propósito para el cual se utilizaría su información personal, su identificación, lo cual se concatena con el hecho de que, en el momento de su detención, se encontraba en el mismo domicilio donde presuntamente se llevaron a cabo hechos materia de la investigación, en posesión de la citada identificación y de un teléfono celular que, con base en las técnicas de investigación geo referencial, estuvo en movimiento en los lugares donde la víctima estuvo privada de su libertad de manera ilegal. Sobre el particular, conviene reiterar que, tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que, en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que la inculpada, aquí quejosa, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que, de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que la quejosa o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados. Sin que obste a lo anterior, que la defensa verbalizó diversas razones por las cuales estimó que los datos de prueba con los que la fiscalía sostuvo su solicitud no son idóneos, enfatizando que no hay señalamiento directo en contra de su patrocinada, además de que tampoco existen datos de prueba como para que resulte razonable ni pertinente la vinculación en su contra. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes, -al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), con relación al 10, fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales E.J.F.R. Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente la imputada participó en la privación ilegal de la libertad de la víctima de identidad reservada, entre el diez y el diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Se estima lo anterior, pues contrario a lo sostenido por la parte impetrante, el juzgador responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que la imputada, junto con otras personas fueron quienes probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución. De ahí que, las manifestaciones de su defensa por medio de las cuales pretende restar valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son infundados, puesto que inverso a su argumento no son carentes de razonabilidad, idoneidad y por tanto resultan suficientes para soportar el acto que reclama. Además, invocó correctamente el marco jurídico que sostiene su resolución y adminiculó las razones por los cuales fue procedente su decisión. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba presentados por la representación social. Además, como ya quedó precisado, a la quejosa le fue garantizada debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeta, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistida por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representada en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por la Fiscalía de la federación, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendida, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, siendo además, notificada de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso y de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Con base en todo lo anterior, este órgano de amparo estima que el argumento planteado por el quejoso en sus conceptos de violación devienen infundados. De ahí que no le asista la razón a la impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, esta juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que la vinculación a proceso dictada en contra de la quejosa no transgredió sus derechos humanos en ningún sentido, ni en particular el principio del debido proceso ni el de igualdad procesal entre las partes, es que los postulados en los que se basan el criterio judicial invocado por este no resulta procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada. Lo anterior, dado que, como ya se afirmó la autoridad responsable de ninguna forma transgredió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos del impetrante durante el desarrollo de las diligencias de donde derivó el acto que por esta vía se reclama. Además, del análisis practicado al audio y video de las audiencias que precedieron a la emisión del auto de vinculación, como ya se afirmó, no se advierte falta de seriedad o parcialidad de parte del Juez de Control responsable. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos vertidos y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la recurrente, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Angélica Margarita Aguilar Sánchez, por el acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de febrero del dos mil veintiuno, se ordenó girar los oficios 5196/2022, 5197/2022, 5198/2022 y 5199/2022 5612/2021, dirigido a Miguel Ángel Zenteno Cruz, Julio Erneto Silvar García, Shayra Erandy Pérez Colín y Marisol Montero Monje, fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Persona Migrantes de la Fiscalía General de la República, en su carácter de terceros interesados, a fin de lograr su emplazamiento; lo que se realizó el quince de marzo de dos mil veintidós, pues así se advierte del rastreo realizado en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, al número de guía MN025749934MX, por lo que el término de ocho días establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se imponga de los autos transcurre del diecisiete al veintinueve de marzo actual, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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