Angélica Ma. Rocha Hernández
Expediente 31/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Angélica Ma. Rocha Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de once de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de once de enero de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Por recibida la demanda de amparo que promueve ******, contra actos de la División Centro Occidente, Zona Colima de la Comisión Federal de Electricidad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14,16 y 17 constitucionales. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 31/2018-IV-M, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en el ajuste en base a censo de carga del suministro de energía eléctrica y suspensión del mismo en el inmueble ubicado en calle Ana María Rabatte número 1818, colonia Real Vista Hermosa de esta ciudad de Colima. Acto respecto del cual el suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 1, fracción I, de la propia Ley, pues de acuerdo con los argumentos que enseguida quedarán asentados, lo reclamado por la promovente no constituye acto de autoridad, y por ello no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En efecto, los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1, fracción I y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo antes transcritos, preceptos en los que constantemente aparece el término de "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin; es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado por un lado y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos al colocarse el gobernado como titular de los mismos frente a los actos unilaterales de la autoridad como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que los actos reclamados en la demanda de amparo que se traducen básicamente en el ajuste con base a censo de cargo y la suspensión del suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el inmueble ubicado en calle Ana María Rabatte número 1818, colonia Real Vista Hermosa de esta ciudad de Colima, no constituye actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello es así, puesto que, nuestro más alto Tribunal del País, ha determinado mediante criterios jurisprudenciales que los actos derivados de la Comisión Federal de Electricidad, entre los que se encuentran los reclamados por la parte quejosa, no constituyen acto susceptibles de analizarse en el juicio de amparo, toda vez que el origen de dichas actuaciones es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Además, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; por lo que el acto reclamado por la quejosa, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, pues sólo implica que a la parte afectada se le suspenda el suministro de energía eléctrica por irregularidades en el medidor (como sucede tratándose de contratos de derecho privado en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros). Consecuentemente, se reitera que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; por lo que, en ese sentido, se establece que el acto aquí reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, toda vez que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares son de naturaleza comercial y en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que, desde luego, se esté en el caso de señalar específicamente a la quejosa, cuáles serían los medios de defensa ordinarios idóneos a los que debería acudir a fin de lograr, como parte en el juicio natural, hacer respetar sus derechos, lo anterior en base por analogía en la jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 1583, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." En torno a los criterios de los tribunales de circuito que invoca la quejosa en su escrito de demanda, debe decirse que éstos no resultan obligatorios para este juzgado, de conformidad en el artículo 217 de la Ley de Amparo; en cambio, sí lo son los criterios anteriormente precisados emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En suma y toda vez que lo reclamado en la demanda de amparo no se trata de actos que puedan ser materia de análisis en el juicio de amparo, por provenir de un organismo que no tiene el carácter de autoridad para efectos de esta instancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 1 de la propia ley; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del citado cuerpo legal, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Arreola Medina, Rosa Edith Sandoval Chacón y Conrado Sandoval Chacón, debido a que sus cedulas profesionales se encuentran inscritas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco; en cambio, al resto de los autorizados, en términos del artículo 24 del citado ordenamiento legal. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Finalmente, conforme lo establecen los artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8º del Reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente determinación con supresión de datos sensibles o confidenciales.
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