Angélica Isabel Leyva Beltrán

Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
471/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Angélica Isabel Leyva Beltrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa, contra la aplicación y emisión del decreto 367 por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en específico los artículos 44 bis, 46, párrafos segundo y tercero; 48, párrafo primero, adicionan el párrafo segundo al artículo 35, recorriéndose el segundo vigente para ser tercero, los párrafos cuarto y quinto al 46; y un párrafo tercero al 48 y deroga el párrafo tercero del 38 reclamadas al Congreso del Estado de Sinaloa, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa; Secretario de Gobierno del Estado; Director o Encargado del Periódico Oficial; Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y Director de Recursos Humanos dependiente del Secretario de Administración del Gobierno del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    En virtud de no haberse presentado la quejosa a notificarse personalmente del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice: Por lo expuesto en el acuerdo, REQUIÉRASE a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: a) Informe cuál es su domicilio particular. Lo anterior a efecto de resolver el presente controvertido constitucional, APERCIBIDA que en el caso de ser omisa o señalar un domicilio diverso al que se le requiere, se le impondrá multa conforme a lo establecido por los artículos 238 y 248, ambos de la Ley de Amparo, según sea el caso1. 1 "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo". "Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que según certificación de cuenta estaba programada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo, las DOCE HORAS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.

  4. Principal

    Por lo expuesto en el acuerdo, REQUIÉRASE a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: a) Informe cuál es su domicilio particular. Lo anterior a efecto de resolver el presente controvertido constitucional, APERCIBIDA que en el caso de ser omisa o señalar un domicilio diverso al que se le requiere, se le impondrá multa conforme a lo establecido por los artículos 238 y 248, ambos de la Ley de Amparo, según sea el caso1. 1 "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo". "Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que según certificación de cuenta estaba programada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo, las DOCE HORAS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.

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