Angélica Guzmán Quezada
Expediente 2437/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2437/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Angélica Guzmán Quezada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por José Arturo Machuca Valenzuela , contra los actos reclamados indicados en el considerando segundo de esta resolución, atribuidos al Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ixtlán del Río, Nayarit, atento a los razonamientos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, se tiene por recibido el exhorto 1041/2019-IV, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, así como la evidencia criptográfica del archivo en cuestión, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el diverso exhorto 273-2019-lll, del índice de este Juzgado Federal, enviado a efecto de que se notificara personalmente a la perito Eva María Bastida Soto, el proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve y la requiriera para que al momento de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, informara ante el Juez exhortado, sí aceptaba el cargo de perito en materia de etnología y antropología, conferido por la autoridad responsable Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran la comunicación de mérito, se advierte que la diestro en comento, compareció ante el Juez exhortado y, aceptó el cargo de perito en materia de etnología y Antropología, conferido por la autoridad responsable Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, con sustento en el artículo 27, fracción II, de la Legislación de Amparo, en relación con el arábigo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Turno, en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca; a efecto de que en auxilio y por comisión de este Juzgado Federal, se sirva ordenar a quién corresponda, notifique el presente proveído a la diestra en mención en el domicilio precisado y, con fundamento en el párrafo segundo del numeral 148 y fracción I del artículo 297, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su arábigo 2º, le requiera, para que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, emita su dictamen pericial; con el apercibimiento que de ser omisa o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para ello, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en multa, por la cantidad de cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 259 de dicho cuerpo legal. Para lo anterior, adjúntese copia certificada del cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial en comento. De igual manera, se le requiere al Juez exhortado para que transcurrido el plazo otorgado a las personas que se ordenó notificar, remita las constancias correspondientes a la diligencia encomendada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al fallo protector remite copia del auto de veintinueve de octubre del año en curso, emitido dentro del expediente laboral **, en el cual provee respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada; señalando día y hora para el desahogo de los medios de convicción, sin que a la fecha se haya demostrado el desahogo de dichos medios de convicción; en consecuencia, agréguense a sus autos la comunicación y su adjunto, para que obren como corresponda, en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento. Luego, en atención a lo anterior, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad en cita, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, remitiendo lo conducente respecto de la confesional a cago del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "**. Luego, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el precepto 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el diez de octubre de la presente anualidad, dentro del recurso del recurso de queja administrativa 92/2019 de su estadística, relativo al presente juicio de garantías 251/2019 del índice de este Juzgado Federal. Háganse las respectivas anotaciones en el libro relativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que declaró fundado el recurso de queja, revocó el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (foja 30), a través del cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******************** y ordenó de no existir motivo de improcedencia alguno, se proveyera sobre la admisión de la demanda. Luego, en acatamiento a lo anterior y del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el oficio SM/X/385/2019, de catorce de enero de dos mil diecinueve, signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante la cual se niega a liberar al libre tránsito la vialidad de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Una vez establecido lo anterior, debe decirse que, en la especie se actualiza, la causal de improcedencia contenida el numeral 61, fracción XX de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se coligen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En principio debe destacarse que la parte quejosa se duele de la negativa por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Precisado lo anterior, se tiene que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su numeral 109, fracción XI, prevé la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra actos y omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, con motivo de la actividad administrativa irregular en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la ley de la materia; en el entendido, que en el caso, el acto que se combate se ubica dentro del supuesto establecido en el precepto y fracción antes aludidos, mismos que señalan: "Artículo 109.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: - - - II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares;" En la especie, el acto consiste en negativa a liberar al libre tránsito la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; por ende, se ubica en la hipótesis contemplada en la fracción II del dispositivo 109 antes transcrito, habida cuenta que se trata de un acto administrativo por parte de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar el libre acceso a la avenida en cuestión, ocasionando una afectación a los derechos del promovente; razón por la cual procede su impugnación mediante la promoción del Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Ello es así, porque los entes señalados como responsables, son autoridades municipales, por lo que es evidente que el peticionario del amparo, antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables a los actos, como ya se dejó señalado en líneas que anteceden; lo que no ocurrió en el asunto en estudio, según se aprecia de los capítulos de autoridades, acto reclamado y antecedentes de la demanda constitucional, pues ante dicho acto nunca inició el procedimiento contencioso administrativo de referencia. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XII.3º.1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable en la página quinientos noventa, tomo IV, Septiembre de mil novecientos noventa y seis, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "**." De igual manera, por las razones que la informan, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.69 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página tres mil trescientos cincuenta y tres, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "**." Además, los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, en lo que al caso interesa, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 139.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad." "Artículo 143.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor." De lo antes transcrito se advierte, que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece los numerales 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que, en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, con los arábigos 175 y 178 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio y, d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "***." A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, se mencionó, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud"; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, se sostuvo si a partir de la presentación de la demanda, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, igualdad de término lo es para proveer sobre la suspensión en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, temporalidad prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, pues debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Dichos razonamientos fueron plasmados en la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos ochenta y tres, libro diecisiete, tomo I, abril de dos mil quince, materia administrativa - común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "***." Consecuentemente, si bien es cierto que dicho criterio se refiere al procedimiento contencioso administrativo de la ley federal relativa y no a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit que aquí interesa; también es verídico, que contiene una redacción similar a ésta, puesto que mientras aquélla en el artículo 28, fracción III, inciso c), refiere que el Magistrado instructor debe proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, la ley citada en último término en los numerales 128 y 139 disponen que el acuerdo sobre la admisión de la demanda se dictará a más tardar al día siguiente de su presentación, siendo que la suspensión podrá solicitarse en el escrito de demanda o en cualquier momento. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las autoridades administrativas origina la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado bajo la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Es aplicable al caso, por identidad jurídica la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común - administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "***." En efecto, el acto reclamado en la especie es la negativa por parte de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de liberar la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en esa medida no puede considerarse que ese acto carezca de fundamentación, precisamente porque no existe un acto reclamado en el caso concreto de carácter positivo y la sola negativa u omisión no contraviene el principio de legalidad consistente en la fundamentación, pues este último implica la necesaria emisión de un acto de autoridad debido a que el artículo 16 Constitucional establece que debe observarse ese principio en los mandamientos escritos que emita la autoridad competente. Tampoco es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa y bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo; máxime que lo que pretende en la demanda de amparo es la liberación de la vialidad al libre tránsito de la Avenida Paseo de Cocoteros, en la localidad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte las autoridades responsables; razón por la cual, no se está ante la presencia de una violación directa a la constitución que haga procedente la demanda de amparo. De igual forma, la procedencia del juicio contencioso administrativo a que se ha hecho referencia se encuentra prevista en una ley, por ende no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento. Por consiguiente, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio y lo correcto es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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