Angélica Guadalupe Leyva Hernández

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Angélica Guadalupe Leyva Hernández
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tuxtla Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 161 a 167), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de once de enero de dos mil veintitrés (fojas 98 a 108), dictada en el amparo en revisión 165/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es preciso señalar que en la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 50 a 57), emitida en el juicio en que se actúa, se decretó el sobreseimiento en el juicio; determinación que fue revocada por el Tribunal de mérito mediante la ejecutoria en cita, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. ARCHIVO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DEPURABLE en un plazo de tres años, en relación con el Capítulo 7, puntos 7.2 y 7.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un juicio de amparo en el que, en primera instancia, se sobreseyó en el presente juicio, por tanto no se entró al fondo del asunto; y, en segunda instancia se revocó la resolución recurrida, y se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de control electrónico; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su depuración y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, el duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal la leyenda "DEPURABLE", y, en las carátulas del original y duplicado de los incidentes de suspensión la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: 1. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DEPURABLE en un plazo de tres años, en relación con el Capítulo 7, punto 7.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal pues se trata de un juicio de amparo en el que se en primera instancia, se sobreseyó en el presente juicio, por tanto no se entró al fondo del asunto; y, en segunda instancia se revocó la resolución recurrida, y se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de control electrónico; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, el duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal la leyenda "DEPURABLE", y, en las caratulas del original y duplicado de los incidentes de suspensión la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 157 a la 159), para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por ende, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (...).". Asimismo, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que en sentencia dictada en el presente juicio, el cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 50 a 57), se sobreseyó en el juicio de amparo, por los motivos expuestos en esa resolución. Inconforme con dicha determinación, la quejosa Angélica Guadalupe Leyva Hernández, interpuso recurso de revisión, del cual tocó su conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, registrándolo bajo el número 165/2022, quien el once de enero de dos mil veintitrés (fojas 96 a la 108), emitió resolución en la cual revocó la determinación emitida por este juzgado federal y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente (foja 104 vuelta): "1.- Cumpla los plazos y términos procesales que la ley impone en sus actuaciones; y, 2.- Vigile el desahogo de la prueba consistente en el informe que debe rendir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, admitido como prueba el once de marzo de dos mil diecisiete, para lo cual, deberá proveer lo necesario." Luego, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (fojas 109 a la 112), se recibió en este juzgado el testimonio de ejecutoria en mención y en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que en el plazo de tres días contado a partir de su legal notificación, dieran cumplimiento al fallo protector, en los términos antes indicados. Asimismo, en proveído de tres de febrero siguiente (fojas 127 a la 129), se tuvo por recibido el oficio 274/2023, signado por el Presidente de la Junta responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, quien remitió a este juzgado copia certificada del escrito presentado en esa junta, el diez de marzo de dos mil veintidós, en el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ***, rindió el informe solicitado por la parte actora bajo el numeral diez del escrito de pruebas, así como del acuerdo de veintinueve de abril del mismo año, dictado en el juicio natural, en el que aparece que se tuvo por rendido el informe de referencia y al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se turnaron los autos para elaborar el proyecto de resolución correspondiente (fojas 119 a la 125); de igual forma, en esa misma fecha se requirió de nueva cuenta a la responsable para que informara si dentro del expediente laboral ***, ya se había emitido el laudo respectivo y de ser así, enviara copia certificada completa y legible, en virtud de que habían transcurrido más de nueve meses en que se turnaron los autos para la elaboración del proyecto correspondiente. Por otra parte, en cumplimiento a lo requerido, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (foja 134), informó, en lo que interesa, que el juicio natural se encontraba pendiente de turnarse al dictaminador, por lo que, se encontraba transcurriendo el plazo previsto en los artículos 885 al 889 de la Ley Federal del Trabajo, y una vez que se emitiera el mismo, lo enviaría a este juzgado federal; por tanto, en auto de diez de febrero de este año (fojas 136 a la 138), se requirió de nueva cuenta a la autoridad de trato, para que enviara el proyecto de resolución y/o el laudo dictado en el expediente laboral 464/2015. En esa virtud, a través del oficio recibido en este juzgado el dieciséis de este mes y año (foja 141), el presidente de la Junta responsable, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada del laudo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen (fojas 142 a la 155), y en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha determinación, así como las diversas constancias recibidas en auto de tres de febrero del año que transcurre (fojas 157 a 159), sin que hubiere realizado manifestación alguna. Precisado lo antes expuesto, este juzgado federal procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que EL FALLO AMPARATORIO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CUMPLIDO. Lo anterior es así, toda vez que las referidas autoridades responsables, en cumplimiento al fallo protector, realizaron lo siguiente: 1). Enviaron copia certificada del escrito presentado ante esa junta, el diez de marzo de dos mil veintidós, en el cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), rindió el informe solicitado por la parte actora bajo el numeral diez del escrito de pruebas, así como del acuerdo de veintinueve de abril del mismo año, dictado en el juicio natural, en el que aparece que se tuvo por rendido el informe de referencia y al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se turnaron los autos para elaborar el proyecto de resolución respectivo (fojas 119 a la 125); y, 2).- Remitieron copia certificada del laudo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen (fojas 142 a la 155). Por lo tanto, es evidente que las autoridades responsables han cumplido con la ejecutoria de amparo, en virtud de que cesó la dilación que existía en el procedimiento natural; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (...)." Así como la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (...).". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de control electrónico que corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y al efecto, envía copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral de origen; por ende, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó a dicha autoridad en auto de tres de febrero del año en curso (fojas 127 a 129). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias de cuenta y con las diversas recibidas en el referido proveído de tres de febrero pasado, dese vista a la quejosa ***, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en cuanto al cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable antes señalada. Con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1593, Tomo II, Libro II, Décima Época, Tesis Aislada 2a. CXIV/2013, registro 2005257, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo abrogada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se opone a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa ***.

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