Angelica Gonzalez Solano
Expediente 1781/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1781/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angelica Gonzalez Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio procedente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1781/2017, un anexo y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 126/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Angélica González Solano, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerado del presente fallo." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de lo enviado para el trámite y resolución del recurso de revisión interpuesto en autos e informa que quedó registrado con el número 126/2018 y fue admitido; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante la Secretaria Sarai González Galicia que da fe. DOY FE.Eder
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Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinte de marzo de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamente en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CON EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE...
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Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia terminada de engrosar el veinte de marzo de dos mil dieciocho, a la parte QUEJOSA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe. A LO ANTERIOR, SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1781/2017-I, promovido por ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado en la misma fecha, ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, que hizo consistir en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Civil número 803/2017-9, a través de la cual resolvió confirmar la interlocutoria de veintitrés de junio del mismo año, mediante la cual el Juez Noveno en Materia Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, negó el embargo precautorio solicitado por la actora en el juicio sumario civil 230/2017-1. SEGUNDO. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de garantías, quedó registrada bajo el número de expediente 1781/2017-I. Por consiguiente se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal corres-pondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inicio al tenor del acta que antecede CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radica la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como lo prevé el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, además que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido debe precisarse que de la lectura de la demanda de amparo, y de los demás aspectos analizados en los párrafos que anteceden se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, en el Toca Civil número 803/2017-9, a través de la cual confirmó la interlocutoria de veintitrés de junio del mismo año, en la que el Juez Noveno en Materia Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, negó el embargo precautorio solicitado por la actora en el juicio sumario civil 230/2017-1. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos (foja 19); incluso se corrobora con las constancias certificadas que remitió con dicho informe consistentes en lo siguiente: Resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, en el Toca Civil 803/17-9 (fojas 14 a 33 del Anexo I). Expediente 230/2017, del índice del Juzgado Noveno en Materia Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 1 a 379 del Anexo I). Documentos que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Al no existir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Se precisan los antecedentes del acto reclamado y consisten en: 1. Con auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Noveno en Materia Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió en la vía sumaria civil, la demanda presentada por ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO, en contra de la Comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, la Asamblea General de Comuneros del Núcleo Agrario y el Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca Morelos, integrado por Epifanio Madero Duque, Rubén Roque Contreras y Adela Aguilar Paredes; registrándola con el número de expediente 230/2017 (fojas 309 del Anexo I). En dicha demanda la actora reclamó lo siguiente: a) El pago de honorarios por los servicios profesionales prestados y pactados en la asamblea general de comuneros celebrada el veintinueve de mayo de dos mil cinco, en la que consta que las parte acordaron pagar a la abogada por sus servicios profesionales el 30% (treinta por ciento) del valor comercial de los bienes inmuebles defendidos en los juicios agrarios 69/2011, 24/2011 y 360/2009; b) El cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales inserto en el acta de veintinueve de mayo de dos mil cinco, de la asamblea general de comuneros conforme a lo precisado en los puntos 1, 2, 3 y 4 del mismo; c) Pago de interés legal que se determine en el juicio; d) Pago de los daños y perjuicios y, e) Pago de gastos y Costas. Además, en el capítulo "PROVIDENCIA CAUTELAR DE EMBARGO PRECAUTORIO" del escrito de demanda, la actora solicitó como medida cautelar, el embargo precautorio, esto con fundamento en el artículo 327 y 328 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, ante el temor de que los demandados desaparezcan o escondan sus bienes y precisó que tomando en consideración los montos aproximados de los juicios en los cuales no se ha establecido una cantidad liquida, solicitó que se decretara el embargo por $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.) que debería trabarse sobre los bienes de los demandados que sean suficientes para garantizar el adeudo (foja 13 del Anexo I). 2. Por escrito de dos de junio de dos mil diecisiete, la actora reiteró al Juez del conocimiento la petición de embargo precautorio, ofreciendo a efecto de acreditar la necesidad de urgencia de la medida solicitada la prueba testimonial; por lo que por auto de cinco de junio del mismo año, se acordó la fecha para el desahogó de la audiencia testimonial, y ésta se desahogó el diecinueve del mismo mes y año (foja 314 del Anexo I). 3. El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento dictó sentencia interlocutoria, en la que declaró improcedente la providencia cautelar de embargo precautorio solicitada por la actora (foja 366 a 372 Anexo I). 4. Inconforme con la anterior interlocutoria, la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido por la Primera Sala del Primer Circuito del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, en el toca civil 803/17-9; y resuelto mediante ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en la que confirmó la resolución de veintitrés de junio del mismo año (fojas 14 a 33 Anexo I). Esta última resolución es el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa. En los conceptos de violación la inconforme alega sustancialmente que la resolución reclamada viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carece de la debida fundamentación y motivación por las razones siguientes: En el primer concepto de violación, argumenta que debido a que la Sala interpretó incorrectamente el artículo 327 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, en las fojas 28 y 29 de la resolución reclamada, consideró que la medida provisional solicitada es improcedente porque la quejosa no señaló el valor económico exacto de las prestaciones reclamadas, requisito que la ley establece; sin embargo, la ley no establece tal requisito, ya que lo que establece es que cuando se solicite la providencia precautoria del embargo provisional se expresará el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión, por tanto el requisito que establece la ley es diferente y contrario a lo que indicó la Sala responsable como requisito para la procedencia de la medida cautelar. Precisa que, la autoridad responsable confundió la expresión de "valor o cosa reclamada" y la interpretó de forma errónea, imaginado un requisito que no existe en la ley para decretar la negativa de la medida solicitada, y afirma que la ley no obliga al solicitante del embargo precautorio a señalar el valor económico exacto de lo que se está demando, a lo que simplemente obliga es a señalar el valor de lo reclamado, lo que implica que dicho valor no necesariamente tenga que ser en cantidad liquida, sino simplemente un valor pecuniario cierto. También expresa que si no se exige para la demanda y la procedencia de la acción principal como requisito señalar la cantidad liquida, entonces resulta un contra sentido exigir a la promovente que señale el "valor económico exacto, de las prestaciones reclamadas". Además, argumenta que los términos "valor" y "cantidad liquida" son diferentes, ya que cantidad liquida se limita a expresar el monto pecuniario de lo reclamado en pesos y centavos, mientras que valor es un término mucho más amplio, que implica no sólo un valor en cantidad liquida; sino que puede ser una cosa determinada y que su valor sea expresado en forma diferente a la cantidad liquida; incluso dicho valor puede ser el porcentaje que se reclama, ya que la expresión valor es una categoría más amplia que cantidad liquida; por lo que contrario a lo resuelto por la Sala sí se acreditaron los extremos para decretar la medida precautoria de embargo a favor de la actora. En el segundo concepto de violación la quejosa aduce en síntesis que es falso lo que autoridad responsable precisó a fojas 29 y 30 de la resolución reclamada, pues no es cierto que el embargo se solicitó por una cantidad inferior al monto reclamado en la demanda, y que de hacerlo sobre esa cantidad solicitada no se alcanzaría el objeto de la medida solicitada; porque para decretar el embargo sólo es necesario señalar una cantidad sobre la cual se debe ordenar aquel, y si se decreta por una cantidad menor a lo reclamado en el juicio, esta es una cuestión que le afecta únicamente a la parte que solicita el embargo. Asimismo, argumenta que si la misma parte que solicitó el embargo pide que sea inferior a la cantidad que reclama en el juicio, esto no es un obstáculo para negarlo, en razón de que es jurídicamente valido considerar que si la parte interesada puede solicitar dicho embargo hasta por la cantidad que se reclama, lo justo es considerar que también puede solicitarlo por un valor menor, porque esto sólo afecta a quien solicita el embargo. Añade, que es ilegal considerar que se tiene que incluir al momento de la presentación de la demanda un escrito técnico que arroje cual es el valor de los bienes inmuebles, porque de ser así, la procedencia del embargo precautorio se reduciría a aquellos juicios en los cuales, desde la demanda, se reclama una cantidad liquida exclusivamente, lo cual es falso y absurdo ya que el embargo precautorio es procedente en toda clase de juicios de condena a diferencia de los juicios declarativos. También, precisó que el criterio sustentado por la Sala responsable, está prejuzgando sobre el juicio, al exhibir un dictamen sobre el valor de cada bien inmueble ya que cuando se concluyera el juicio en definitivo en ese monto seria evidentemente superior al primer dictamen emitido, luego entonces no existe un fundamento legal que así lo señale, sino que es un criterio sostenido por la Sala responsable el cual no fue debidamente fundado y motivado, razón legal de porque es violatorio a los derechos de la quejosa. Y en el tercer concepto de violación, aduce que contrario a lo resuelto por la autoridad responsable en las fojas 33 y 35 de la resolución reclamada; la quejosa sí se señaló el monto por el cual solicitó el embargo precautorio, precisando como tal la cantidad de $11'000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N); también al solicitar dicha medida cautelar en el escrito de demanda señaló el valor de la cosa que se reclama, preciando que es por el pago de honorarios por los servicios profesionales prestados y adeudados a la quejosa, respecto del contrato de servicios profesionales que está inserto en la asamblea general de comuneros celebrada el veintinueve de mayo de dos mil cinco, entre la actora como abogada y en calidad de clientes de los demandados, de los juicios agrarios 69/2011, 24/2011 y 360/2009, donde en cada uno se defendió la restitución de tres distintos predios, y de los que precisó como pago de las prestación de los servicios profesionales el 30% del valor de cada inmueble defendido en esos juicios; lo que evidencia que se está expresando lo que está demandando, así como las prestaciones que se reclaman en el juicio, siendo esta equivalente a la cosa que se reclama. Aunado a lo anterior, la quejosa aduce que es violatorio de derechos humanos la sentencia reclamada, porque no se analizó correctamente que la solicitud de embargo precautorio es procedente y se acreditó la necesidad y urgencia de la medida por las siguientes razones: La solicitud la realizó por escrito en la demanda en el apartado denominado como "PROVIDENCIA CAUTELAR DE EMBARGO PRECAUTORIO"; dicha solicitud reunió todos los extremos que fija el numeral 327 del Código Procesal Civil en Morelos y; precisó el monto por el cual se solicitó el embargo así como el de la cosa reclamada, que son las pretensiones en la que se especificaron los inmuebles sobre los que derivan el pago de los honorarios. Además, la quejosa pone en relieve que la autoridad responsable fue omisa en realizar un adecuado y exhaustivo análisis tanto de los hechos como de todas y cada una de las pruebas documentales y las testimoniales ofrecidas por la quejosa (las enumera y trascribe), y con las cuales aquella acreditó la necesidad y urgencia de la medida cautelar en comento; que la Sala responsable solo realizó una simulación del estudio sobre la valoración de las pruebas, y con ello se violentó sus derechos humanos; por lo que fue incorrecto que autoridad responsable confirmara la sentencia interlocutoria del Juez del conocimiento. Añade, que de seguir el criterio de la Sala responsable, todos los embargos precautorios serían improcedentes, en los juicios en donde no se reclame una cantidad liquida, sin importar que también sean una acción de condena, lo cual es un contra sentido en el plano más elemental de derecho procesal. Precisado lo anterior, es conveniente transcribir la resolución reclamada de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en la parte conducente, en la que se precisa lo siguiente: "(.)V.- Este tribunal de apelación, después de analizar el contenido de las sentencia combatida y los agravios expuestos por la recurrente, estima que éstos devienen en INFUNDADOS, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso que nos ocupa la parte actora demanda en la vía sumaria civil a 1. Comunicada de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, 2.- Asamblea General de Comuneros del Núcleo Agrario de referencia, y 3.- Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca Morelos, las prestaciones señaladas en su demanda, que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren. En ese tenor en el escrito inicial de demanda la parte actora solicitó la providencia cautelar de embargo precautorio manifestando lo siguiente: (Se transcribe) Ahora bien, la legislación Procesal Civil del Estado, contempla providencias precautorias, cuyo objeto es asegurar los efectos de la sentencia definitiva, cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la misma, siendo el embargo precautorio o secuestro provisional una clase de dichas medidas precautorias; así el numeral 327 del ordenamiento citado, establece cómo se realizara la solicitud de secuestro provisional y la fijación de su valor: 'Artículo 327. Cuando se solicite la providencia precautoria del embargo provisional se expresará el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión, y el Juez, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia'. De lo antes indicado, este Tribunal Advierte que la parte actora, al realizar la solicitud de embargo precautorio, no colmó el requisito previsto en el numeral 327 citado, puesto que no señaló con precisión lo siguiente: El valor económico exacto de las prestaciones que se reclaman. Por el valor económico exacto de lo demandad, no pasa desapercibido para los suscritos Juzgadores, lo manifestado por la actora en su solicitud, así como en la prestación A) de su escrito inicial de demanda, de la que se desprende que reclama el pago de honorarios por servicios profesionales, señalando que, de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales inserto en la asamblea general de comuneros de Ahuatepec, celebrada el domingo 29 de mayo del 2005, corresponden al 30% del valor comercial de diversos bienes inmuebles; no obstante lo anterior al estar dicha cantidad especificada por porcentaje, no puede establecerse de manera líquida por el Juez, ya que en caso de así hacerlo, vulneraría el debido proceso puesto que, corresponde a las partes proporcionar elementos objetivos que produzcan convicción en el Juzgador para determinar la posible liquides de sus prestaciones; en tales condiciones, se desprende que el valor económico de lo reclamado en la actual etapa procesal no se encuentra acreditado, existiendo únicamente la presunción con el dicho de la solicitante de que supera los $11,000,000.00 (once millones de pesos m.n.), situación que no es motivo fundado y suficiente para decretar la medida, puesto que la norma mandata que deba ser precisado con toda claridad el valor de lo reclamado. Aunado a lo anterior, la parte actora al momento de solicitar dicha medidas precautoria manifestó, que el embargo precautorio lo solicitada: 'sobre la cantidad aproximada de: $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.), que deberá trabarse sobre los bienes de los demandados'. Situación que no es acorde al objeto de las providencias cautelares, ya que solicitó que el embargo precautorio fuese sobre una cantidad que refiere es inferior al valor de lo reclamado, sin que $11,000,000.00 (once millones de pesos m.n.), sea el total, por lo que de hacerlo sobre la cantidad mencionada no se alcanzaría el objeto de la medida solicitada, es decir, no garantizaría el valor preciso de la demanda, máxime que al momento de ingresar la demanda, esto no se acompaña con escrito técnico alguno que arroje cual es el valor de los inmuebles sobre los cuales se reclama el treinta por ciento. En ese orden de ideas, atendiendo que el artículo 313 del ordenamiento citado, establece las verificaciones que debe llevar a cabo el Juez antes de decretar las providencias que son, la apreciación de 1.- la existencia del peligro y, 2.- de todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar. Sólo con vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante. Observándose que además de las alegaciones presentadas por la solicitante, ofreció las probanzas consistentes en: (Se transcribe) Documentales públicas, privadas y testimoniales ofrecidas ya están señaladas, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los numerales 437, 442 y 471 de la Ley Adjetiva Civil, sin embargo, no es procedente concederles eficacia probatoria en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil, a fin de acreditar el valor del secuestro solicitado, puesto que, del estudio de cada una de ellas, no se desprenden elemento de convicción respecto el valor liquido de los reclamado, por lo que si bien cierto, el Juzgado de origen omitió señalar el valor probatorio de las documentales ofrecidas, y si bien la apelante se duele de dicha circunstancias en sus agravios tercero y quinto, lo cierto es, se desprende que las mismas, en nada benefician a la petición de la actora, dicha afirmación se realiza valorando las pruebas en lo individual y en su conjunto; y atendiendo que se duele de una incorrecta valoración de las prueba testimonial, como el resto de las pruebas ofrecidas, lo cierto es que solo se desprenden datos que infieren que el comisariado cuenta con ingresos y gastos económicos y no así, el valor pecuniario exacto de las prestaciones que se reclaman, por lo que resulta insuficiente el argumento esgrimido al respecto y en consecuencia, no se acredita la necesidad y urgencia de la medida, toda vez que no está precisado el valor de lo que deba asegurarse. En tal virtud, se colige que no fue satisfecho el presupuesto legal previsto en el artículo 327, ya que el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama, no fue señalado con toda precisión, por lo que fue correcta la valoración del Juez, al no decretarlo. Ahora bien, no pasa desapercibido lo manifestado en los agravios de análisis, al señalar que la demanda no fue prevenida para aclarar la cuantía, tan es así que el Juzgado de origen asumió competencia, no obstante, de no haberse aceptado la demanda en los términos de sus prestaciones, esto es, calculadas en porcentajes, es notorio que el primigenio estaría prejuzgando el valor de lo reclamado y perjudicaría en mayor medida los derechos de la promovente, denegando la procuración de justicia, e imposibilitándole de acreditar el valor precisó de los reclamado durante el procedimiento. Así mismo, tomando en consideración que solicita el 30% del valor de tres inmuebles ubicados en el poblado de Ahuatepec, considerando las superficies y ubicaciones de los mismos, de acuerdo a la experiencia, se estima que es factible que la cantidad reclamada, supere los montos mínimos establecidos para los juzgados de cuantía menor, sin que esto se tome como una afirmación de que llegue a $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/1000 m.n.), dado que al momento no existen elementos para acreditar su valor, más que el dicho de la promovente de que supera dicha cantidad, sin que sea cierto que el Juez tenga la base para determinar el valor con los datos proporcionado como lo refiere la apelante. En relación a las documentales públicas privadas y testimoniales ofrecidas por la parte actora, descritas en párrafos que anteceden, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los numerales 437, 442 y 471, sin embargo, no es procedente concederles eficacia probatoria, en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil, a fin de acreditar el valor de lo que se demanda, puesto que de las pruebas referidas, se desprende en todo caso, que el comisariado cuenta con ingresos y gastos económicos; y no así, el valor pecuniario exacto de las prestaciones que se reclaman; en tal virtud al carecer el requisito de dichos elementos mínimos que fija la norma a efecto de solicitar las medidas precautorias, en consecuencia, no es factible que las pruebas ofrecidas acrediten, si la parte demandada cuenta con bienes en el lugar del juicio que sean bastantes para responder de lo reclamado, es decir no es posible justificar la necesidad de la medida, toda vez que no está con exactitud el valor de la demanda que deba asegurarse. En esa tesitura, esta Primera Sala considera que las manifestaciones planteadas no delimitan motivos fundados para considerar que la sentencia combatida deba ser modificada, puesto que se limita a enunciar derechos fundamentales sobre la legalidad del acto y no así los hechos que constituyen violación en el mismo, así también refiere la supuesta completa omisión por parte del juzgador de todo lo planteado en el escrito de demanda, y todas y cada una de las pruebas aportadas por la recurrente, situación que se sustenta en una premisa errónea, en virtud de que la sentencia recurrida, reúne una adecuada fundamentación y motivación; congruencia, relatividad y exhaustividad, por haberse resuelto sobre la solicitud planteada, acorde al marco normativo aplicable conforme a derecho; resultando infundados los agravios esgrimidos por el recurrente respecto a este punto, puesto que no tienden a poner de manifiesto la ilegalidad de la resolución impugnada, y no destruyen una cuestión toral, lo cual es suficiente para mantener el sentido de la resolución combatida. VI.- En las anotadas condiciones, y al ser INFUNDADOS los agravios esgrimidos por la recurrente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 530 del Código Procesal Civil vigente, se CONFIRMA la resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dentro de los autos del expediente 230/2017-I, relatico al JUICIO SUMARIO CIVIL, promovido por ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO en contra de COMUNIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE CUERNAVACA Y/OS (sic)". [fojas 26 a 32 Anexo I] De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable para considerar infundados los agravios que realizó la inconforme en el recurso de apelación, partió de tres premisas consistentes en: I. Cuando la actora realizó la solicitud de embargo precautorio, no colmó el requisito previsto en el numeral 327 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, porque no señaló con precisión el valor económico exacto de las prestaciones que se reclaman, pues de la demanda se desprende que aquélla reclamó el pago de honorarios por servicios profesionales, conforme al contrato inserto en la asamblea general de comuneros de Ahuatepec, celebrada el veintinueve de mayo de dos mil cinco, en el que se precisó como pago de honorarios por servicios profesionales el 30% (treinta por ciento) del valor comercial de los bienes inmuebles que defendió en diversos juicios agrarios; cantidad que esta especificada en porcentaje, la cual no puede establecerse en cantidad liquida por el Juez, pues en caso de hacerlo, con ello vulneraría el debido proceso pues corresponde a las partes proporcionar elementos objetivos que produzcan convicción en el juzgador para determinar la posible liquidez de sus prestaciones. También consideró que no está acreditado el valor económico de lo reclamado en esa etapa, pues sólo existe la presunción con el dicho de la solicitante de que supera los $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), motivo que no es suficiente para decretar la medida precautoria; porque la norma mandata que debe ser precisado con toda claridad el valor de lo reclamado. II. Que la parte actora solicitó que el embargo precautorio se trabara sobre los bienes de los demandados, por la cantidad de $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), lo cual no es acorde con el objeto de las providencias cautelares, y que consiste en garantizar el valor precisó de la demanda, pues la cantidad que refiere es inferior al valor de lo reclamado; incluso la actora no acompañó a su demanda escrito técnico alguno que arroje cuál es el valor de los inmuebles sobre los cuales se reclama el 30% (treinta por ciento). III. Que la Sala responsable, al analizar las alegaciones presentadas por la solicitante junto con las probanzas que ofreció la inconforme consistentes en diversas documentales privadas, públicas y testimoniales ofrecidas por la actora, las cuales relacionó con precisión; al valorarlas conjuntamente, consideró que no era procedente concederles eficacia probatoria en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, a fin de acreditar el secuestro solicitado, porque del estudio de cada una ellas, no se desprenden elementos de convicción respecto el valor liquido de lo reclamado; y si bien es cierto que el Juez del conocimiento omitió señalar el valor probatorio de las documentales ofrecidas (de lo cual se dolió la apelante en sus agravios tercero y quinto); también lo es que las mismas en nada benefician a la petición de la actora, pues aun valoradas las probanzas en lo individual y en su conjunto, sólo se desprenden datos que infieren que el comisario cuenta con ingresos y gastos económicos y no así, el valor pecuniario exacto de las prestaciones que se reclaman; por lo que la autoridad responsable estimó insuficiente el argumento esgrimido, ya que no se acredita la necesidad y urgencia de la medida, toda vez que no está precisado el valor de lo que deba asegurarse. Establecido lo resuelto por la Sala responsable, como se adelantó son infundados los conceptos de violación; porque del estudio realizado a la resolución reclamada, se advierte que cumple con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se considera así, porque contrario a lo sustentado por la quejosa en el primer concepto de violación, este Juzgador considera que fue correcto que la autoridad responsable confirmara la interlocutoria recurrida a través del recurso de apelación, toda vez que del análisis efectuado a la demanda de la entonces actora así como al escrito de dos de junio de dos mil diecisiete, se advierte que la quejosa no señaló el valor de la cosa reclamada ni lo designó con toda precisión; requisito indispensable, que sí establece el artículo 327 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, ya que dicho numeral señala lo siguiente: "Artículo 327. Solicitud de secuestro provisional y fijación de su valor. Cuando se solicite la providencia precautoria del embargo provisional se expresará el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión, y el Juez, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia". De la interpretación literal del artículo transcrito, se advierte que establece como requisitos para la procedencia precautoria del embargo provisional, los siguientes: 1. El solicitante expresará el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama. 2. El valor de la de cosa reclamada debe estar designando con toda precisión. 3. El Juez, al decretar dicho embargo, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia. Ahora bien, el diccionario de Rafael de Pina Vara, define que "valor" es la estimación o precio de las cosas; en tanto que para el Diccionario de la Real Academia Española, dicha palabra significa entre otras: "cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas; cierta suma de dinero o equivalente; equivalencia de una cosa a otra especialmente hablando de las monedas". En ese orden, tal como aduce la quejosa, desde la demanda de amparo precisó como el valor de la cosa reclamada, el pago de honorarios por servicios profesionales, conforme al contrato inserto en la asamblea general de comuneros de Ahuatepec, celebrada el veintinueve de mayo de dos mil cinco, en la cual se estipuló como pago de honorarios por servicios profesionales el 30% (treinta por ciento) del valor comercial de los bienes inmuebles que defendió en diversos juicios agrarios (foja 4 del Anexo I). Sin embargo, este Órgano Jurisdiccional advierte que también lo es, que tal y como lo estimó la Sala responsable, el valor de la cosa reclamada son los honorarios por los servicios profesionales de la quejosa que realizó como abogada en diversos juicios agrarios, pero dicho valor si bien se precisa en porcentaje (30%); lo que evidencia que en parte se cumple con el requisito que expresamente señala el artículo 327 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos; tal cuestión se vuelve imprecisa al no señalar el valor que sobre dicho porcentaje se realizó el cálculo. Es decir, al no indicar con precisión el valor comercial de los bienes inmuebles sobre los cuales se iba aplicar el referido porcentaje; es que como lo consideró la autoridad responsable, la promovente incumplió con la obligación que le impone el multicitado numeral; lo cual resulta relevante, pues al tratarse de un embargo precautorio, la autoridad debe conocer con precisión de dónde deriva la cantidad que se pide que es objeto de tal medida precautoria. Lo anterior es así, pues al realizarse la citada diligencia de embargo, sin derecho de audiencia de los terceros involucrados, la autoridad debe saber con toda precisión el monto que se pretende embargar, para de esa manera conocer con exactitud los límites de aquél embargo y así tener certeza de la cantidad que abarcara el mismo. Sostener lo contrario propiciaría la práctica del embargo en abstracto; de ahí que se insista, que al no señalar la quejosa el valor de los bienes inmuebles respecto de los cuales se va aplicar el treinta por ciento, por concepto de pago de sus honorarios profesionales, es que fue correcto que se negara el embargo precautorio solicitado en el juicio de origen. Ello es así, porque si la ley expresamente precisar que el valor de la cosa demandada además de expresarse, debe de ser designado con toda precisión, entendiéndose el concepto de "precisión", conforme al Diccionario de la Real Academia Española, como: "Precisión": Del lat. praecisio, -onis 'corte', 'concisión'. - - -1. f. Cualidad de preciso.- - - 2. f. Fil. Abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe la una como distinta de la otra". Y si en la especie lo que precisó la quejosa es que el valor de la cosa reclamada son el pago de honorarios por servicios profesionales, equivalente al 30% (treinta por ciento) del valor comercial de los bienes inmuebles que defendió en diversos juicios agrarios, pero sin señalar el monto de estos; es inconcuso que dicho señalamiento no cumplió con el requisito de expresar el valor de la cosa demanda designado con toda precisión exigido por la ley; toda vez que, el señalamiento del porcentaje no constituye un valor designado con precisión, sino solo representa "una proporción" de lo que las partes acordaron como pago de los servicios profesionales de la quejosa, conforme al contrato inserto en la asamblea general de comuneros de Ahuatepec, celebrada el veintinueve de mayo de dos mil cinco. Aunado a que, como lo precisó la autoridad responsable, la solicitante no acompañó algún elemento de prueba, como sería el escrito técnico que arrojara cuál es el valor de los inmuebles sobre los cuales se reclama ese 30%, para que el juez estuviera en posibilidad de decretar dicho embargo, fijando la cantidad por la cual haya de practicarse esa diligencia; de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos. De ahí, que se consideren infundados los argumentos de la quejosa, a través de los cuales aduce que la Sala responsable como realizó una interpretación incorrecta que del mencionado numeral 327 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, está exigiendo un requisito que no se establece en la ley, confundiendo las expresiones de "valor", "cosa reclamada" y "cantidad liquida" interpretándolas de forma errónea, y que resulta un contra sentido exigir al promovente que señale el valor económico exacto, de las prestaciones reclamadas. Porque como ya se precisó en los párrafos que antecede, la ley sí establece como requisito el que para solicitar la providencia precautoria del embargo, al expresar el valor de la demanda o cosa reclamada, este debe ser designado con toda precisión, lo que no acontece en la especie, pues ni en la demanda y cuando presentó el escrito de dos de junio de dos mil diecisiete, la quejosa aportó algún medio de prueba permitiera al Juez del conocimiento contar con ese requisito, para así estar en posibilidad de decretar el embargo precautorio fijando la cantidad por la cual se practicaría esa diligencia. En efecto, del análisis de la demanda como del escrito de dos de junio de dos mil diecisiete, se advierte que la quejosa sólo señaló lo siguiente: En la demanda precisó como prestaciones: a) El pago de honorarios por los servicios profesionales prestados y pactados en la asamblea general de comuneros celebrada el veintinueve de mayo de dos mil cinco, en la que consta que las parte acordaron pagar a la abogada por sus servicios profesionales, el 30% del valor comercial de los bienes inmuebles defendidos en los juicios agrarios 69/2011, 24/2011 y 360/2009; b) El cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales inserto en el acta de veintinueve de mayo de dos mil cinco, de la asamblea general de comuneros conforme a lo precisado en los puntos 1, 2, 3 y 4 del mismo; c) Pago de interés legal que se determine en el juicio; d) Pago de los daños y perjuicios y, e) Pago de gastos y Costas. (fojas 1 a 3 ) Y solicitó como medida cautelar, el embargo precautorio, esto con fundamento en el artículo 327 y 328 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y ante el temor de que los demandados desaparezcan o escondan sus bienes, y precisó que tomando en consideración los montos aproximados de los juicios en los cuales no se ha establecido una cantidad liquida, solicitó que se decretara el embargo por $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que debería trabarse sobre los bienes de los demandados que sean suficientes para garantizar el adeudo (foja 13 del Anexo I). En el escrito de dos de junio de dos mil diecisiete: La entonces actora, solicitó de nuevo como medida cautelar, el embargo precautorio, esto con fundamento en los artículos 327 y 328 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos, señalando lo siguiente: ".en relación al auto de fecha 26 de mayo del presente año, en el cual se tiene por presentada la demanda en contra de la Comunidad de Ahuatepec, y otros; que del acuerdo referido fue omiso en emitir pronunciamiento alguno respecto de la medida provisional de embargo precautorio solicitada en el escrito de demanda, y ante la urgencia, necesidad y temor de que los demandados desaparezcan sus bienes y los escondan y tomando en consideración los montos aproximados del pago de mis honorarios como asesora legal de la Comunidad de Ahuatepec, Morelos hoy demandada, respecto de los diversos juicios agrarios 69/2011, 24/2011 y 360/2009, en los cuales no ha establecido una cantidad liquida a pagar. Por tanto, solicito nueva cuenta amablemente este H. Juzgado, se decrete el embargo precautorio, sobre la cantidad aproximada de $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que deberá trabarse sobre los bienes de los demandados que sean suficientes para garantizar el adeudo pago de mis honorarios; sin que sea este monto total, pues estos se determinaran en ejecución de sentencia cuando se realice el incidente de liquidación respectivo, puesto que el monto total que se adeuda por los demandados es muy superior al señalado".[foja 314] Lo que evidencia, por una parte que al solicitar la medida cautelar, la quejosa señaló como valor de la cosa que se reclama, el pago de los honorarios como asesora legal de la Comunidad de Ahuatepec, Morelos hoy demandada, respecto de los diversos juicios agrarios 69/2011, 24/2011 y 360/2009, pero reconoce que no se ha establecido una cantidad liquida a pagar, y no obstante ello, solicitó que el embargo se trabara sobre bienes de los demandados por la cantidad aproximada de $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); sin que aportara algún elemento de prueba que sustentara dicha cantidad. Por lo que, se estima correcto que la Sala responsable, considerara que no está acreditado el valor económico de lo reclamado, pues sólo existe la presunción con el dicho de la solicitante de que supera los $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); pero el mismo es insuficiente para decretar la medida precautoria, porque el artículo 327 del Código Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, establece que debe ser designado con toda precisión el valor de lo reclamado. En ese orden, se estima también infundado el segundo concepto de violación, a través del cual la quejosa aduce que no es cierto que el embargo se solicitó por una cantidad inferior al monto reclamado en la demanda, que para decretar el embargo sólo es necesario señalar una cantidad sobre la cual se debe ordenar aquel, y si se decreta por una cantidad menor a lo reclamado en el juicio, ésta es una cuestión que le afecta únicamente a la parte que solicita el embargo, que si la parte interesada puede solicitar dicho embargo hasta por la cantidad que se reclama, lo justo es considerar que también puede solicitarlo por un valor menor, porque esto sólo afecta a quien solicita el embargo. Porque del estudio realizado al escrito de dos de junio de dos mil diecisiete, se advierte que la quejosa solicitó se decretara el embargo precautorio, sobre la cantidad aproximada de $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), precisando que ese no es el monto total de lo que le adeudan como concepto de honorarios, pues éstos se determinaran en ejecución de sentencia, y que el monto total que le adeudan los demandados es muy superior al señalado. Lo cual evidencia, que con independencia de que alegue que el señalar una cuantía menor para el embargo precautorio sólo le causa perjuicio a ella; lo cierto es que la ley es clara en precisar los requisitos que deben de observarse para solicitar la providencia cautelar; en específico el de expresar el del valor de lo reclamado y que sea designado con toda precisión, lo cual no aconteció en la especie. En ese contexto, si la ahora quejosa incumplió con la carga de señalar con precisión el valor de la cosa reclamada, esto es, el pago de honorarios por servicios profesionales, consistente en el 30% (treinta por ciento) del valor comercial de los bienes inmuebles que defendió en diversos juicios agrarios 69/2011, 24/2011 y 360/2009; pues como ya se dijo, resulta insuficiente señalar un porcentaje, sin precisar el valor de esos inmuebles; por lo que resulta innecesario atender los demás conceptos de violación, incluso aquéllos en los que señala que es absurdo que se le pida incluir al momento de la presentación de la demanda un escrito técnico que arroje cuál es el valor de los bienes inmuebles, porque de ser así, la procedencia del embargo precautorio se reduciría a aquellos juicios en los cuales, desde la demanda, se reclama una cantidad liquida exclusivamente; pues aún de resultar fundados los mismos son insuficientes, porque con independencia de que no es un requisito presentar el escrito técnico que arroje el valor de los inmuebles defendidos en los mencionados en los juicios agrario; lo cierto es que, la ley sí precisa como una obligación para conceder la medida cautelar el indicar el valor de la cosa reclamada, en el caso específico, el valor comercial de los bienes inmuebles, y así determinar el treinta por ciento de esa cantidad. Lo que no aconteció en la especie, ya que como se precisó con antelación, la quejosa lo que realizó fue sólo establecer la cantidad aproximada de $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para solicitar la medida cautelar; pero sin señalar de dónde obtuvo tal monto, o por qué corresponde al 30 % (treinta por ciento) del valor comercial de los bienes muebles embargados; y así tener el Juez de origen la certeza de que dicho monto no excede o es menor al porcentaje pactado entre las partes. Ello es así porque, en los procesos civiles se requiere de la fijación del importe económico que represente un negocio judicial, para producir efectos en tres fases distintas del procedimiento, que son: 1) la competencia por razón de la cuantía; 2) la procedencia del recurso de apelación, y 3) la liquidación de costas y honorarios profesionales; para las dos primeras fases, el monto se integra con las peticiones hechas por el actor en la demanda, vistas a la luz de los hechos constitutivos de la causa de pedir, pero sólo con las que tengan un valor económico medible y liquidable en dinero a la fecha de presentación del escrito inicial, con exclusión de los accesorios no vencidos o susceptibles de liquidación en ese momento; y para la fase tercera la base anterior sólo es el punto de partida, porque aquí sí se incluyen los accesorios acumulados hasta el día de la emisión de la sentencia ejecutoriada, aunque no se puedan liquidar en ese momento, pero sí en el proceso de ejecución de sentencia. Por tanto, la cuantificación requerida como factor para la liquidación de las costas no está sujeta a las restricciones mencionadas, de manera que debe comprender el valor de todas las prestaciones demandadas que sean susceptibles de determinación en una cantidad de dinero, incluyendo los accesorios, que abarquen el periodo de la liquidación, y las prestaciones periódicas atinentes hasta la conclusión del juicio, que sea acorde con su dinámica natural o común a los de su especie, conforme a la apreciación del Juez, valido de su experiencia. Pero, en ninguno de las tres fases, la cuantificación puede quedar sujeta a la subjetividad, arbitrio o capricho de la demandante, por lo que las cifras que ésta consigna en la demanda quedan regidas por los principios de racionalidad, conducentes a que el Juez, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso, verifique que las estimaciones, cálculos y operaciones hechos por el actor resulten serios y verosímiles, que guarden conformidad aproximada, con los parámetros previstos en las leyes al respecto, con los elementos existentes en autos y con las máximas de experiencia imperantes en el ámbito al que pertenezca la causa petendi. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.4º.C.292 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "CUANTÍA DEL JUICIO. ACTOS EN LOS QUE PRODUCE EFECTOS Y FORMA DE DETERMINARLA. El análisis cuidadoso y exhaustivo de los artículos 157, 158, 160 y 161, el texto actual del 691 y del 2º. del Título Especial de la Justicia de Paz, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como de los numerales 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través de su interpretación jurídica, pone de manifiesto que la legislación aplicable a los procesos civiles en la entidad, requiere de la fijación del importe económico que represente un negocio judicial, para producir efectos en tres fases distintas del procedimiento, que son: la competencia por razón de la cuantía; la procedencia del recurso de apelación, y la liquidación de costas y honorarios profesionales. Para las dos primeras, el monto se integra con las peticiones hechas por el actor en la demanda, vistas a la luz de los hechos constitutivos de la causa de pedir, pero sólo con las que tengan un valor económico medible y liquidable en dinero a la fecha de presentación del escrito inicial, con exclusión de los accesorios no vencidos o susceptibles de liquidación en ese momento. En cambio, para la aplicación al pago de las costas, la base anterior sólo es el punto de partida, porque aquí sí se incluyen los accesorios acumulados hasta el día de la emisión de la sentencia ejecutoriada, aunque no se puedan liquidar en ese momento, pero sí en el proceso de ejecución de sentencia, con la excepción expresa prevista en el artículo 142 para los procesos jurisdiccionales seguidos ante los Jueces de Paz, en los que la base para la imposición y determinación de las costas radica en el importe de las prestaciones que hayan sido objeto de condena en la sentencia definitiva. Por tanto, existe una diferencia de las dos primeras hipótesis con la tercera, que lleva a que el resultado aritmético sea idéntico en aquéllas pero no necesariamente coincidente con la última, pues para fines de la competencia y de la procedencia del recurso de apelación existen limitaciones legales expresas, consistentes en que no sean tenidos en consideración los réditos, daños o perjuicios, o accesorios posteriores a la presentación de la demanda, ni las prestaciones periódicas no vencidas a la fecha en que se presente ese escrito inicial, lo que obedece a razones pragmáticas, dirigidas a facilitar a los tribunales las operaciones de conversión con rapidez y agilidad, y a que su resultado quede blindado con certeza y verificabilidad, pues la exigencia de celeridad en los momentos de su aplicación en esos dos supuestos es prioritaria, e impone la necesidad de decisiones inmediatas y ejecutivas que le den continuidad al procedimiento, y no la sustanciación de una incidencia para obtener con exactitud el monto del litigio. En cambio, la cuantificación requerida como factor para la liquidación de las costas no está sujeta a las restricciones mencionadas, de manera que debe comprender el valor de todas las prestaciones demandadas que sean susceptibles de determinación en una cantidad de dinero, incluyendo los accesorios, que abarquen el periodo de la liquidación, y las prestaciones periódicas atinentes hasta la conclusión del juicio en su forma ordinaria, que sea acorde con su dinámica natural o común a los de su especie, conforme a la apreciación del Juez, valido de su experiencia. Sin embargo, en ninguno de los tres supuestos de aplicación de la regla general, la cuantificación puede quedar sujeta a la subjetividad, arbitrio o capricho de los demandantes, por lo que las cifras que éstos consignen en la demanda quedan regidas por los principios de racionalidad, conducentes a que el Juez, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso, verifique que las estimaciones, cálculos y operaciones hechos por el actor resulten serios y verosímiles, por estar en concordancia con los criterios comunes y corrientes aplicables a la tasación dentro del medio social y campo de actividad al que correspondan, o que guarden conformidad aproximada, con los parámetros previstos en las leyes al respecto, con los elementos existentes en autos al hacer la liquidación y con las máximas de experiencia imperantes en el ámbito al que pertenezca la causa petendi; de manera que las peticiones que se aparten o alejen considerablemente de esos parámetros de racionalidad, seriedad y verosimilitud no deben ser atendidas por el juzgador para la fijación del monto del asunto". De manera que las peticiones que se aparten o alejen considerablemente de esos parámetros de racionalidad, seriedad y verosimilitud no deben ser atendidas por el juzgador para la fijación del monto del asunto; lo cual pretende la quejosa se realice, cuando solicita que se decrete el embargo precautorio, sobre la cantidad aproximada de $11,000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), precisando que ese no es el monto total de lo que le adeudan como concepto de honorarios; de ahí, que por ello se desestime el argumento que al respecto realiza la quejosa. Finalmente, tampoco asiste la razón a la quejosa cuando manifiesta en su tercer concepto de violación que la resolución reclamada es violatoria de derechos humanos, porque no se analizó correctamente que la solicitud de embargo precautorio es procedente y se acreditó la necesidad y urgencia de la medida por las siguientes razones, la solicitud la realizó por escrito y reunió todos los extremos que fija el numeral 327 del Código Procesal Civil en Morelos y; precisó el monto por el cual se solicitó el embargo así como el de cosa reclamada, que son las pretensiones en la que se especificaron los inmuebles sobre los que derivan el pago de los honorarios; toda vez que a través de esos argumentos no logra desvirtuar las consideraciones torales por las que la autoridad responsable estimó infundados los agravios que realizó la quejosa en el recurso de apelación, confirmando por ello la sentencia interlocutoria por la cual se declaró improcedente la providencia cautelar del embargo precautorio solicitado. Además, aunque aduce la quejosa que con lo resuelto por la Sala responsable se violan los derechos humanos de la quejosa, ya que sí cumplió con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 327 del Código Procesal Civil en el Esto de Morelos; dicha manifestación se estima insuficiente, pues solo es una apreciación de la quejosa, que por sí sola no desvirtúa la legalidad de la resolución reclamada, y tampoco obliga a que se pasen por desapercibido las normas adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.7º.C.23 C (10ª.) , emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PAGO DE HONORARIOS. SU RECLAMO NO SE JUSTIFICA MEDIANTE LA ALEGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VULNERADOS, SINO A TRAVÉS DE LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Cuando se acude a juicio reclamando el pago de honorarios bajo la premisa de la celebración de un contrato verbal de prestación de servicios profesionales, se tiene sólo una expectativa de derecho que para ser capaz de engendrar consecuencias legales, debe justificarse a través de los mecanismos y procedimientos a que se refiere la propia Constitución y que se encuentran desarrollados en las leyes ordinarias. En este supuesto, conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el actor debe acreditar la celebración del contrato y los términos del mismo y si no cumple con tal carga probatoria, no es factible que bajo la bandera de la violación a sus derechos humanos, al transgredirse la prerrogativa a una justa retribución por su trabajo, se analice la acción, dado que la vigencia de los derechos fundamentales no puede sostenerse de forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado, en virtud de que en estas relaciones normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca una colisión de los mismos y su necesaria ponderación por parte del juzgador, a través de las normas del procedimiento, pues sólo así, la estructura y contenido de cada pretensión permitirán determinar qué derechos deben prevalecer sobre otros, estableciéndose así una congruencia y correlación entre las leyes procesales y los derechos humanos. Luego, cuando las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar el reclamo de los honorarios, es antijurídico que alegando violación a los derechos humanos laborales previstos en el artículo 5º. del Pacto Federal se pretenda justificar su procedencia, porque ello además de alterar las normas adjetivas en perjuicio de terceros, quebrantaría el equilibrio que debe existir entre éstas y los derechos humanos". Además, contrario a lo sustentado por la quejosa, del estudio realizado a la sentencia reclamada, se advierte que la autoridad responsable sí valoró, tanto los hechos como todas y cada una de las pruebas documentales y las testimoniales ofrecidas y presentadas ante el juez del conocimiento, para solicitar el embargo precautorio como medida cautelar, conforme lo establecen los artículos 437, 442 y 471 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, y al respecto consideró que no era procedente concederles eficacia probatoria en términos del artículo 490 del Código Adjetivo Civil, a fin de acreditar el secuestro solicitado, porque del estudio de cada una ellas, no se desprenden elementos de convicción respecto el valor liquido de lo reclamado. También la Sala responsable precisó que si bien es cierto que el Juez del conocimiento omitió señalar el valor probatorio de las documentales ofrecidas, al respecto estimó que las mismas en nada benefician a la petición de la actora, pues aun valoradas las probanzas en lo individual y en su conjunto, sólo se desprenden datos que infieren que el comisario cuenta con ingresos y gastos económicos, y no así el valor pecuniario exacto de las prestaciones que se reclaman, ni la necesidad y urgencia de la medida, toda vez que no está precisado el valor de lo que deba asegurarse. Lo que permite concluir, que la Sala responsable realizó la valoración de todas y cada una de las pruebas que aportó la quejosa para solicitar el embargo precautorio, e incluso atendiendo las cuestiones que respecto a ellas realizó la inconforme ante el Juez de origen y que adujo que no fueron valoradas por aquél, y señaló también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma en que éstos trascienden en el fallo. En consecuencia, resulta apegado a derecho el proceder de la Sala al concretarse a examinar, a través de los agravios expuestos por la apelante, los argumentos planteados, pues de lo contrario, la sentencia de segundo grado sería incongruente al resolver cuestiones que no se le plantearon en la alzada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5º.C.25 C, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "APELACION. LA LIBERTAD DE VALORAR LAS PRUEBAS, NO IMPLICA QUE EL TRIBUNAL DEBA ANALIZAR TODAS LAS RENDIDAS EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO EN LOS AGRAVIOS NO SE HACEN LAS IMPUGNACIONES RESPECTIVAS. Es inexacto que los artículos 278 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, le atribuyen a la apelación el carácter de una revisión total y oficiosa del proceso de primera instancia y que, por tanto, el tribunal de alzada debe analizar todas las pruebas rendidas en la primera instancia de cualquier juicio para conocer la verdad; ya que el examen integral de la primera instancia de los juicios que establece el Código en cita no forma parte del sistema procesal que regula el propio ordenamiento legal; en el cual, además, no se contempla al recurso de apelación como una renovación de la instancia, pues éste se inicia con la expresión de agravios formulada por el apelante, dirigidos racional y jurídicamente a demostrar la impugnación que se atribuye al juez del conocimiento. Por tanto, el hecho de que los preceptos legales citados otorguen al juzgador arbitrio o libertad para llevar a cabo la valoración de pruebas, no implica que el tribunal de alzada deba analizar todas las pruebas rendidas en la primera instancia, cuando tales cuestiones no se le hayan propuesto en los agravios de apelación, para demostrar de manera racional, clara e indiscutible que el juez, al valorar las pruebas, se apartó de su arbitrio judicial, el cual únicamente lo limitan las reglas de la lógica y la experiencia, ya que el juzgador ineludiblemente debe, a tales medios de convicción, darles el valor probatorio lógico y prudente, a través de un análisis dialéctico en relación con la acción y a las excepciones opuestas. En esa virtud, la materia de la apelación se reduce al examen de las inconformidades planteadas por el recurrente en el escrito de agravios respectivo, sin abarcar aspectos que no impugne el apelante, salvo los casos en que la ley expresamente permita el estudio oficioso de la instancia. Consecuentemente, resulta apegado a derecho el proceder de la Sala al concretarse a examinar exclusivamente, a través de los agravios expuestos por el apelante, los argumentos planteados, pues de lo contrario, la sentencia de segundo grado sería incongruente al resolver cuestiones que no se le plantearon en la alzada". En las relatadas circunstancias, toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos de la quejosa ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO, y al no existir motivo para suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley Amparo vigente, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados; toda vez que se considera que la resolución reclamada cumple con los requisitos de debida fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la página, 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, registro 176546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ANGÉLICA GONZÁLEZ SOLANO, contra del acto que reclamó a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/3003, 3/2005 y 15/2005, determinado el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe, hoy veinte de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. DOY FE.
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