Angélica González Pérez

Expediente 127/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
127/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • Angélica González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se acuerda: Atento al estado que actualmente guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo en vigor, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de julio de dos mil dieciocho. Visto; téngase por recibido y agréguese a los autos sólo para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Director de Egresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informa que por el diverso ***** remitió al Director de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia, el cheque ***** por la cantidad de ***** para que sea entregado a la parte quejosa; en virtud de que en proveído de cuatro de julio actual, se tuvo a la Delegada de las autoridades responsables municipales exhibiendo dicho título de crédito en cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio de control constitucional. Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/806/2018, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Consejo de la Judicatura Federal designó como titular de este órgano jurisdiccional a Juan Manuel Acevedo Mejía, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho, para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 312, tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, número de registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables municipales, residente en esta ciudad, mediante el cual exhibe el cheque ***** de la institución *****, por la cantidad de *****, expedido a favor de la parte quejosa Angélica González Pérez, a fin de devolverle la cantidad que pagó por concepto de impuesto predial. Establecido lo anterior y en la etapa que actualmente se encuentra el presente juicio, conviene destacar que por ejecución de sentencia debe entenderse la obligación constitucional que establece el artículo 207 fracción XVI, cuarto párrafo de la Constitución Política , en relación con el numeral 214 de la Ley de Amparo , con la que cuenta el juzgador que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no encuentra satisfecha dicha circunstancia, al tratarse las ejecutorias de amparo de una cuestión de orden público que exige que las decisiones y acciones tomadas en la materia no propicien la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por ende, es que este juzgado federal se encuentra en aptitud de tomar las medidas necesarias para asegurarse que la parte quejosa fue restituida en sus derechos vulnerados por los cuales acudió a esta instancia judicial a promover el medio de defensa que es el juicio de amparo. Ahora bien, la Ley de Amparo en su título quinto, también dota a este órgano jurisdiccional a imponer las medidas disciplinarias y de apremio, para hacer cumplir sus determinaciones, lo anterior de conformidad con el artículo 237 en relación con el 238 del código invocado, expresamente indican: "ARTÍCULO 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del ministerio público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el ministerio público de la federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." "ARTÍCULO 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." Asimismo, es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados en forma indefinida, ya que esto, ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución, que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. En razón de ello, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa *****, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, por sí misma, por conducto de su apoderado legal o cualquiera de sus autorizados debidamente identificada con credencial de validez oficial vigente con fotografía y copia de la misma a efecto de recoger el cheque de mérito, por lo que deberá traer dos identificaciones oficiales a fin de que una sirva para su registro de entrada al Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación y otra para identificarse en este órgano de control constitucional. Mientras tanto, guárdese el mismo, en la caja de control de valores que se maneja en este tribunal federal, bajo la reserva del destino que le resulte, derivado de la determinación que respecto del mismo se ordene. Asimismo, se le requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo TRES DÍAS, que comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se acuda ante este juzgado federal a recoger el referido título de crédito, de conformidad con lo que establece el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad, si efectuó el cobro del título de crédito ***** de la institución *****, por la cantidad de *****, expedido a favor de la parte quejosa *****, y en su caso, la documental que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, en el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obran en este sumario, teniéndolo por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria, y por restituida a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión. Lo anterior, pues es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados de manera indefinida, aunado a que, tanto este órgano jurisdiccional como la autoridad responsable han agotado las medidas para el acatamiento del fallo protector y en este punto sólo la parte quejosa sería omisa. Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, del rubro y texto literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. (Localizable en del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 2000, Tomo XI, página 243). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de junio de dos mil dieciocho. Visto; el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de TREINTA DÍAS HÁBILES concedidos en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a la autoridad responsable Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las autoridades vinculadas Director de Egresos y Primera Sindica Procuradora Administrativa Financiera y Contable y a sus superiores jerárquicos inmediatos Presidente Municipal y Secretario de Administración y Finanzas todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para cumplir la sentencia de amparo. Por tanto, resulta preciso mencionar que en el presente sumario se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[.]Bajo esta óptica, se concede el amparo y protección de la justicia de la Unión, en primer término, para el efecto de que el Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, deje insubsistente el pago que enteró la parte quejosa, en términos de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro municipal del Estado de Guerrero 676, consignado en el recibo oficial F-843492 de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y restituya la cantidad que por concepto de impuesto predial y demás impuestos accesorios que de él deriven, consignada en dicho recibo, la cual asciende a la cantidad de *****. [.] En el entendido que aquélla cantidad deberá devolverse debidamente actualizada, pues sólo de ese modo se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías infringidas, [.]. [.] La protección constitucional, se hace extensiva a los impuestos adicionales, en razón de que su cobro se encuentra estrechamente vinculado con los preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad se ha declarado, con motivo de carecer de un requisito de validez legislativa al no estar refrendada por el Secretario de Finanzas del Estado de Guerrero, pues es de explorado conocimiento que los tributos complementarios o adicionales deben calcularse sobre la misma base del impuesto o derecho principal, de ahí que, el amparo otorgado trasciende necesariamente a los mismos." En esa tesitura, es importante precisar que los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. Artículo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla. Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición. Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." De los referidos preceptos, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar ineludiblemente, con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Por tanto, tomando en consideración los lineamientos previstos en la Ley de Amparo, en torno al procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad, en acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, este juzgado federal procedió a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos acaten de manera completa e indudable el fallo protector, conminándolas para que de manera periódica informen los avances que se vayan materializando para la expedición del cheque con el que se devolverá a la parte quejosa la cantidad de ***** que pagó por impuesto predial, debidamente actualizada, sin que a la fecha lo hayan hecho, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello. En ese sentido, toda vez que el plazo concedido está próximo a fenecer y ponderando además que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, en cuya ejecución se interesa la sociedad para que sean observadas sin demora, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, gírense atentos oficios recordatorios a la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, a fin de recordarles que tienen que acreditar fehacientemente haber cumplido con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de treinta días que les fue otorgado en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el cual fenece el seis de julio del presente año. Apercibidos que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo , se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio . 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 54/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria para este juzgado de distrito, así como para la autoridad responsable, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." (Registro: 2007918, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página: 19). Hágase del conocimiento de la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos que una vez impuesta la multa con la que se les apercibió en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágaseles además del conocimiento de la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a las autoridades requeridas que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrán ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígaseles a las autoridades requeridas que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10 a.), sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 11). Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese.

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