Angélica Estrada Jiménez
Expediente 1258/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Angélica Estrada Jiménez
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta presentado por la quejosa **** mediante el cual, se tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de las constancias necesarias del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para su substanciación, enviándole por separado el original del escrito de expresión de agravios. Notifíquese mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el trece de octubre de dos mil veintitrés y recibido el treinta de octubre del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número **** y NEUN ****. PERSONALIDAD Se tiene a ****, por derecho propio, promoviendo demanda de amparo indirecto contra el acto que reclama del Juez Quincuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; Juez y Notificadora del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Otumba, con residencia en Tecámac. ACTO RECLAMADO De la lectura del escrito de demanda y de sus anexos se advierte que los actos reclamados consisten en la omisión de revisar la legalidad del emplazamiento a la hoy quejosa, como todas y cada una de las actuaciones verificadas dentro del juicio ordinario mercantil 277/2012, a partir del emplazamiento hasta la sentencia definitiva, y los actos de su ejecución. No es óbice a lo anterior, que en el apartado respectivo, la promovente de este juicio señale que reclama la omisión del juez responsable, de abstenerse de revisar la legalidad del emplazamiento, como todas y cada una de las actuaciones verificadas dentro del juicio ordinario mercantil número 277/2012 a partir de la diligencias de doce de abril de dos mil doce hasta la sentencia definitiva, toda vez que la lectura íntegra de la demanda permite advertir que el acto que refiere en forma expresa le causa afectación, es el acuerdo señalado en el párrafo que antecede, máxime que para estimar la existencia de un acto omisivo, debe mediar alguna petición o manifestación no atendida, lo que en la especie, de lo narrado por la quejosa, no acontece. Resulta preciso citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterito de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de libertad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1) Que en el Juzgado Quincuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, se tramita el juicio ordinario mercantil número 277/2012. 2) Posteriormente el doce de abril de dos mil doce, la notificadora adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Otumba, con residencia en Tecámac, Estado de México, practicó la diligencia de emplazamiento en el cuaderno de exhorto 459/2012. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es extemporáneo y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días, partiéndose de la premisa de que la parte promovente es tercera interesada propiamente dicho al juicio de origen. Ahora bien, del hecho uno de su escrito de demanda, los cuales narra bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifiesta lo siguiente: "1. En fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, dos personas que decían ser abogados de las hoy tercera interesada, acudieron a mi domicilio entrevistándose con la suscrita, haciéndome saber que tenía que desocupar la casa en la que vivía . . . 2. En atención a lo narrado en el párrafo que procede, la suscrita acudí al referido tribunal de primera instancia (hoy responsable exhortante) solicitando me permitieran consultar el expediente de mérito, empero como no llevaba identificación no me lo facilitaron, motivo por el que elaboré una promoción dirigida a dicho foro con el número de expediente 277/2012, señalando en ella el domicilio para oír y recibir notificaciones, autorice profesionistas p0ara tal fin y solicité también copias simples de todo lo actuado. A este escrito recayó el acuerdo de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés, donde el juzgador determinó que debía ratificarse tal ocurso [.]" El subrayado es añadido De lo transcrito, conduce a determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, ya que señaló que con fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, dos personas que decían ser abogados de las hoy tercera interesada, acudieron a mi domicilio entrevistándose con la suscrita, haciéndome saber que tenía que desocupar la casa en la que vivía; lo que hace prueba plena en su contra de los hechos plasmados en su demanda. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 214,035, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, diciembre de 1993, página 857, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por tanto, del escrito de demanda de amparo, se advierte que el quejoso desde el VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, tuvo conocimiento del juicio incoado en su contra. Se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Lo cual se ilustra en la siguiente tabla: DIA MES CÓMPUTO PREVISTO POR EL ART. 17 LEY DE AMPARO PARA LA PRESENTACI ÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. viernes 20 Enero 2023 Primer día. Inicio de cómputo para interponer juicio de amparo. Sábado 21 Enero 2023 Inhábil* Domingo 22 Enero 2023 Inhábil* Lunes 23 Enero 2023 Primer día Martes 24 Enero 2023 Segundo día Miércoles 25 Enero 2023 Tercer día Jueves 26 Enero 2023 Cuarto día Viernes 27 Enero 2023 Quinto día Sábado 28 Enero 2023 Inhábil* Domingo 29 Enero 2023 Inhábil* Lunes 30 Enero 2023 Sexto día Martes 31 Enero 2023 Séptimo día Miércoles 1 Febrero 2023 Octavo día Jueves 2 Febrero 2023 Noveno día Viernes 3 Febrero 2023 Décimo día Sábado 4 Febrero 2023 Inhábil* Domingo 5 Febrero 2023 Inhábil* Lunes 6 Febrero 2023 Décimo Primer día Martes 7 Febrero 2023 Décimo Segundo día Miércoles 8 Febrero 2023 Décimo Tercer día Jueves 9 Febrero 2023 Décimo Cuarto día Jueves 9 Febrero 2023 Décimo Quinto día, término legal para la promoción de la demanda. (art. 17 de la Ley de Amparo). Lunes 30 Octubre 2023 Décimo Sexto día. EXTEMPORÁ NEA *DIAS NO COMPUTADOS PARA EL TÉRMINO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. Así las cosas, si el parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los actos del juicio de origen desde el veinte enero de dos mil veintitrés, fecha en que tuvo conocimiento del juicio incoado en su contra; y la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el treinta de octubre de dos mil veintitrés, según se advierte de la evidencia criptográfica; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió en exceso, ya que se debe computar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, tal y como lo manifestó la impetrante de amparo, el día siguiente hábil al veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, ha sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: (IV Región) 2o.7 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007883, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia Constitucional, consultable en la página 2926, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Aureliano Arturo Valencia García, por derecho propio. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y como éste no constituye propiamente un domicilio procesal; en tal virtud, hágase la notificación del presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ezequiel Luna Campos, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Así también, se tienen por autorizadas las diversas personas que refiere para los fines precisados, por así haberlo solicitado la promovente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa
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