Angélica Escobar Alfaro

Expediente 1436/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1436/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Angélica Escobar Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ****, a través del cual, en cumplimiento a la prevención de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 61 a 67), precisa los actos reclamados, en la presente instancia constitucional. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". Del reproducido precepto, atendiendo a su estricta literalidad, se colige que el juicio de amparo es improcedente, en contra de actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de derechos fundamentales. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. Lo son aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior. Por tanto, una sentencia no puede ser considerada de tal forma, por ser un acto susceptible de ser reparado a través del juicio constitucional." Así como, a contrario sensu, el criterio aislado sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el particular establece: ACTOS CONSUMADOS. No tienen el carácter de actos consumados, de modo irreparable los que pueden dejarse sin efecto mediante juicio constitucional, cuya finalidad es volver las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de garantías individuales." Se arriba a la conclusión que antecede, ya que para la actualización de la causal de improcedencia en comento, se requiere que el juicio de amparo se intente en contra de actos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitución; situación que se estima se configura en el presente caso. En efecto, en la presente instancia la quejosa señala como acto reclamado, según el escrito aclaratorio de cuenta, la negativa de las autoridades responsables de asignarle plaza con funciones de Dirección de Educación Básica, acorde a lo establecido en el punto XIV "Criterios para la Asignación de Plazas", de la Convocatoria pública y abierta para Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, Ciclo Escolar 2017-2018, de trece de marzo de dos mil diecisiete. Ahora, de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: 1. El trece de marzo de dos mil diecisiete el Secretario de Educación en el Estado de Chiapas, a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, emitió Convocatoria pública y abierta para Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, Ciclo Escolar 2017-2018; 2. Luego de haber cumplido la quejosa todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria, obtuvo ficha para tener derecho a presentar examen del citado concurso, bajo el folio 071700015112; 3. Una vez que se aplicó la evaluación, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, notificó el resultado que obtuvo la quejosa a través del dictamen de informe individual de resultados, el cual fue el siguiente: Nombre Resultado de la evaluación Tipo de evaluación Prelación **** IDONEO Director de Secundaria 17 4. Pese al resultado obtenido, a la fecha no le ha sido asignada plaza a la quejosa Así, la peticionaria acude al amparo en defensa de su derecho a ocupar un lugar para el cual concursó y resultó vencedora. No obstante lo anterior, de la convocatoria relativa al concurso en el que participó la quejosa, misma que fue exhibida como anexo, se aprecia entre otras bases, que la vigencia de los resultados sería del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; bases a los que todos los participantes decidieron someterse. En ese sentido, se estima que la negativa de las responsables de asignarle a la quejosa plaza de Director de Educación Básica, acorde a lo establecido en la Convocatoria Pública y abierta para Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, Ciclo Escolar 2017-2018 de trece de marzo de dos mil diecisiete, se ha consumado de manera irreparable, pues a la fecha de la presentación de la demanda (veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho) ya había perdido vigencia la lista de prelación relativa al examen que aprobó la quejosa, máxime que en la propia convocatoria se estableció que la asignación de plazas se realizaría conforme a las vacantes existentes hasta el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, según se advierte de la base XIV, que en lo conducente establece: "XIV. CRITERIOS DE LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS. La asignación de plazas con funciones de Dirección se realizará únicamente considerando a los aspirantes cuyos resultados en el concurso hayan sido idóneos. La promoción dará lugar a un Nombramiento, sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. [.] Las vacantes disponibles se asignarán en estricto orden de prelación, a partir del 16 de agosto de 2017 al 31 de mayo de 2018, considerando las necesidades del servicio educativo". "[.]". Luego, si a la fecha ha perdido vigencia el derecho de la quejosa a ocupar una plaza de Director de Educación Básica, sustentada en el concurso de oposición antes citado, deviene inconcuso que la negativa u omisión de las responsables de asignarle una plaza se ha consumado de manera plena e irreparable, máxime que la eventual concesión del amparo no podría restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental trastocado, habida cuenta que éste se ha extinguido. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese."

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Secretaría del Servicio Profesional Docente, con sede en esta ciudad. 3. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a través de la Dirección de Educación Básica, con sede en esta ciudad. 4. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a través del Departamento de Educación Telesecundaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 5. Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1436/2018-1-C. PREVENCIÓN El artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación y bajo protesta de decir verdad: a) Precise de manera clara y específica el acto o actos que atribuye a las autoridades que señala como responsables. Lo anterior es así, pues del capítulo relativo se advierte que éstos los hace consistir en: "[.] 1) En Primer Lugar LA SECRETRIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE CHIAPAS, por la no asignación de plazas de ascenso obtenidas a través de examen de oposición, y el no acatamiento a las disposiciones de la LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, en materia de asignación de plazas de ascenso por examen de oposición y la no asignación de plazas vacantes de nueva creación, jubilación, fallecimiento, y ascensos, que se generaron en el periodo del Ciclo Escolar 2017-2018, estos es del 16 (dieciséis) del mes de Agosto del 2017 al 31 de Julio del 2018, meses que son los que abarca el Ciclo escolar, a profesores que presentaron el Examen de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, del Ciclo Escolar 2017-2018, que resultaron con calificación de Idóneo, y que eran Preferentes en la asignación de Dichas Plazas en Términos de la LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN:. 2) SEGUIDAMENTE DE LA SECRETARIA DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, POR LA NULA SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE PLAZAS VACANTES que se generaron en el periodo del Ciclo Escolar 2017-2018, esto es del 16 (dieciséis) del mes de Agosto del 2017 al 31 de Julio del 2018, meses que son los que abarca el Ciclo escolar, a profesores que presentaron el Examen de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, del Ciclo Escolar 2017¬2018. Y que resultaron con calificación de Idóneo, y que eran Preferentes en la asignación de Dichas Plazas en Términos de LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN: b).- De las autoridades ejecutoras, 1.) La misma Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, A través de la Dirección de Educación Básica, la negativa de Asignar las plazas vacantes en grado de prelación, a los Profesores, que presentaron el Examen de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, del Ciclo Escolar 2017-2018, Y que resultaron con calificación de Idóneo, y que eran Preferentes en la asignación de Dichas Plazas en Términos de la LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN: 2) La misma Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, a través del Departamento de Educación Telesecundaria de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la negativa de Asignar las plazas vacantes en grado de prelación, a los Profesores, que presentaron el Examen de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, del Ciclo Escolar 2017-2018, Y que resultaron con calificación de Idóneo, y que eran Preferentes en la asignación de Dichas Plazas en Términos de la LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN: 3) De la Secretaria de Hacienda no informar de manera Oportuna todas y cada una de las Vacantes, que actualmente se encuentran en el estatus de vacantes, al puesto de Director del Nivel Básico de Secundaria, en el Tipo de Servicio Telesecundaria, y a cuanto haciende los recursos que se prestablecieron en el presupuesto de egresos para el año 2017 y 2018. Y sobre todo no mantener el presupuesto para las vacantes que se desocuparon en ese periodo que es del 18 de agosto del 2017 al 31 de julio del 2018." Sin embargo, de los argumentos que formula en sus conceptos de violación, es de obtenerse que algunos de ellos van encaminados a reclamar precisamente la falta de respuesta o contestación a los escritos de diecisiete de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, veintidós de enero, veinte de abril y dieciséis de mayo, todos de dos mil dieciocho, sin que la violación al derecho de petición la reclame como acto destacado, ni precisa a qué autoridad o autoridades atribuye dichas omisiones. Además, al solicitar la suspensión de los actos reclamados, refiere que ésta la solicita en relación a la nueva convocatoria que ha emitido la Secretaría de Educación del Estado en materia de asignación y promoción de plazas (sin que precise la fecha de la misma), y por la que aduce, se está proponiendo asignar dichas plazas de manera irregular. Circunstancias que crean incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud el acto o actos que efectivamente reclama, motivo por el cual deberá precisar si su intención es atribuir a las autoridades responsables: a) La negativa de asignación de una plaza con funciones de dirección en educación básica; o en su caso, b) La violación al derecho de petición; o bien, c) La nueva convocatoria que aduce ha emitido la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, sin que precise la fecha de su expedición. Lo que resulta necesario precise para que las autoridades responsables rindan con claridad sus informes de ley en relación con la quejosa y el acto efectivamente impugnado, y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. En el entendido, de que si su intención es señalar como acto reclamado la falta de respuesta o contestación a los escritos de diecisiete de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, veintidós de enero, veinte de abril y dieciséis de mayo, todos de dos mil dieciocho, deberá precisar a qué autoridad o autoridades atribuye dichas omisiones. Pero de ser el caso, que el presente juicio lo promueva con el objeto de impugnar la convocatoria que a su decir ha emitido la Secretaría de Educación del Estado en materia de asignación y promoción de plazas, y por la que se propuso asignar dichas plazas de manera irregular, deberá precisar la fecha de la convocatoria a que hace referencia, a que autoridad o autoridades le atribuye la misma. Sin embargo, si lo que pretende reclamar, es la negativa de asignación de una plaza con funciones de dirección en educación básica, deberá aclarar sí el acto que atribuye a la autoridad responsable que señala como Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, se origina por la falta de contestación a las peticiones que aduce haber formulado por escritos de diecisiete de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, veintidós de enero, veinte de abril y dieciséis de mayo, todos de dos mil dieciocho, o bien, si éste se origina derivado del proceso de asignación de plaza a que alude. A lo anterior, tiene aplicación por identidad de razón, el criterio sostenido por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX.57 K , cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, así como de las constancias que acompañe al mismo, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001 , emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, quien cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del segundo párrafo del citado numeral, a ***, toda vez que el primero de los antes citados no tiene registrada su cedula profesional el referido sistema, y los siguientes por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa; sin que sea el caso de tener por autorizados con el carácter de mandatarios judiciales a los profesionistas que menciona, toda vez que la Ley de Amparo no prevé dicha figura jurídica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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