Angélica del Carmen Menéndez Rodríguez
Expediente 738/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Angélica del Carmen Menéndez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de quince de julio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia...archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte... resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. ... Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, para notificar a la promovente el auto de quince de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto, señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista de acuerdos. EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO: ". DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Angélica del Carmen Menéndez Rodríguez, contra el acto que reclama de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 738/2022-4-A.INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Dichas disposiciones estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Al respecto, debe decirse que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son actos procesales de ejecución irreparable, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que no son actos de ejecución irreparable cuando las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del justiciable, y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada, es decir, que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior conforme a la jurisprudencia por contradicción número 29/89, visible en la página 837, del Tomo IV, Tercera Sala, Segunda Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.". Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que, en la especie, se está en presencia de un acto reclamado que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la resolución de dieciséis de mayo del dos mil veintidós, dictada en recurso de reclamación, interpuesto en el juicio contencioso administrativo 926/2019/2ª-III, por el Director Jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la que determinó revocar el auto veintiuno de febrero del presente año, a efecto de admitir la contestación de demanda formulada por la secretaría de mérito, no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la gobernada, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales en la etapa respectiva, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse en los derechos de la quejosa como demandante es susceptible de impugnarse una vez que quede firme la sentencia, y hasta entonces se podrá considerar que se actualizaría algún perjuicio en su esfera jurídica por privársele de un derecho adquirido, hipótesis jurídica que hasta el momento procesal en que se encuentra el juicio no ha ocurrido, por lo que resulta incuestionable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, en virtud de que no priva a la parte quejosa de ninguno de sus derechos sustantivos derivados del trámite del juicio, por lo que, las posible violaciones procesales en todo caso podrán ser superadas al dictarse sentencia, pues de obtener un fallo favorable quedará superada, caso contrario podrá combatir la decisión adversa en amparo directo. Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que los actos reclamados no impiden la debida integración de la litis, tampoco ocasionan el retardo de la resolución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determinan definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable, además, en caso como ya se dijo de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo... Por tanto, dado que el acto reclamado no puede considerarse de momento como de imposible reparación, en los términos expuestos, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa, y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Reynaldo Crisanto Martínez. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto..."
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