Angelica del Carmen Lopez Urbina
Expediente 1342/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1342/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Angelica del Carmen Lopez Urbina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LAS RESTANTES PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, remite copia certificadas deducidas de la Carpeta Administrativa del Proceso Penal 1199/2021-I, constantes de nueve fojas útiles, instruida en contra de la Angélica del Carmen López Urbina, por su probable intervención y/o participación en la comisión de los hechos constitutivos del antijurídico de robo a casa habitación en agravio del patrimonio de Leticia del Carmen García Perea. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad, las constancias que remite, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin que haya lugar a dar vista con éstas a las partes, por los motivos que enseguida se expondrán. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto de vinculación a proceso decretado en contra de la quejosa Angélica del Carmen López Urbina dentro del proceso penal 1199/2021-I, del índice Juzgado de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, así como la determinación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de la citada imputada. Por su parte, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, así como de la anexa al oficio que se provee, se advierte que la referida responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, mediante oficio 346, informó que el siete de marzo de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 1199/2021-I, de su índice, se celebró la audiencia prevista por el numeral 192 del código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual se decretó procedente la suspensión condicional del proceso prevista en los numerales 191 y 192 de la Codificación Nacional, en favor de la aquí quejosa Angélica del Carmen López Urbina, por su probable intervención o participación en la comisión de los hechos que pudieran ser constitutivos del antijurídico de robo a casa habitación, ilícito previsto y sancionado en los artículos 202 fracción I, párrafo cuarto, en relación con el artículo 205 fracción II, incisos a) y c), 21 segundo párrafo y 37 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio del patrimonio de Leticia del Carmen García Perea; y que en razón de lo anterior giró oficio al Encargado del Módulo Preventivo de las Setenta y Dos Horas de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de Veracruz, Veracruz, donde se encontraba recluida la impetrante, ordenando dejarla en inmediata libertad bajo los efectos de la suspensión condicional; remitiendo para tal efecto las constancias certificadas correspondientes con las que acredita de manera plena la puesta en libertad de la referida impetrante. Ahora, de la revisión de las documentales referidas, este órgano jurisdiccional estima que, en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; ." De la parte legal transcrita, se advierte que se prevé como supuesto de improcedencia el vinculado al hecho de que los actos señalados como reclamados se hubieren consentido ya sea: i) expresamente o ii) por manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento. Dicha causal se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, expresión que debe ser indudable y completa, es decir, debe revelar de manera evidente que el particular se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ciertamente, la expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del amparista se traduce en un motivo de improcedencia del juicio de amparo -que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad de ese acto y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos-; y, en ese tenor, exige que la expresión o manifestación de voluntad revele que existe conformidad con ese acto sin duda o parcialidad alguna, pues la intención de la regla de improcedencia es evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero no vedar u obstaculizar el estudio de la constitucionalidad de una decisión de autoridad, por virtud de una actitud que no manifieste de manera directa e indubitable que se ha conformado con ella. En ese sentido, es menester precisar que de lo señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de lo informado por la autoridad responsable en los oficios de mérito, se advierte que el acto reclamado en esta vía consiste en: ".a) Auto de legalización, de detención, pronunciado en la audiencia inicial del juicio oral. b) Auto de imputación, pronunciado en la audiencia inicial del juicio oral. c) El auto de vinculación a proceso en contra de la imputada d) La determinación de medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa, en contra de la imputada." Ahora, de autos se advierte que la referida responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, mediante oficio 346, informó que el siete de marzo de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 1199/2021-I, de su índice, se celebró la audiencia prevista por el numeral 192 del código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual se decretó procedente la suspensión condicional del proceso prevista en los numerales 191 y 192 de la Codificación Nacional en favor de la aquí quejosa Angélica del Carmen López Urbina, por su probable intervención o participación en la comisión de los hechos que pudieran ser constitutivos del antijurídico de robo a casa habitación, ilícito previsto y sancionado en los artículos 202 fracción I, párrafo cuarto, en relación con el artículo 205 fracción II, incisos a) y c), 21 segundo párrafo y 37 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio del patrimonio de Leticia del Carmen García Perea; y que en razón de lo anterior giró oficio al Encargado del Módulo Preventivo de las Setenta y Dos Horas de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de Veracruz, Veracruz, donde se encontraba recluida la impetrante, ordenando dejarla en inmediata libertad bajo los efectos de la suspensión condicional. De lo antes expuesto, se desprende que la peticionaria de amparo, al haber accedido a la suspensión condicional del proceso, externó su aceptación de los hechos de la imputación, con el propósito de obtener su libertad, lo que se considera constituye una manifestación de la voluntad que implica el consentimiento del acto reclamado. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 220/2016, determinó que cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario de la imputada de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, pues persigue un beneficio, ya que consiente las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Por tanto, si la quejosa solicitó la suspensión condicional del proceso, lo cierto es que su intención de acceder a una salida alterna, conlleva la aceptación de los hechos materia de la vinculación, pues como se advierte de lo narrado, en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable autorizó la suspensión condicional del proceso en favor de la aquí quejosa; lo que revela de manera evidente que se conformó con la decisión y consecuencias integrales que implica el acto reclamado, pues implícitamente reconoció los hechos que se le reprochan; por ende, con apoyo en lo establecido por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por lo que respecta a los actos reclamados por la parte quejosa. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos sesenta y uno, del Libro 43, correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional". Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, visible en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Quedando, en consecuencia, sin efectos las medidas decretadas en este expediente, así como la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, remite copia certificadas deducidas de la Carpeta Administrativa del Proceso Penal 1199/2021-I, constantes de nueve fojas útiles, instruida en contra de la Angélica del Carmen López Urbina, por su probable intervención y/o participación en la comisión de los hechos constitutivos del antijurídico de robo a casa habitación en agravio del patrimonio de Leticia del Carmen García Perea. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad, las constancias que remite, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin que haya lugar a dar vista con éstas a las partes, por los motivos que enseguida se expondrán. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto de vinculación a proceso decretado en contra de la quejosa Angélica del Carmen López Urbina dentro del proceso penal 1199/2021-I, del índice Juzgado de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, así como la determinación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de la citada imputada. Por su parte, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, así como de la anexa al oficio que se provee, se advierte que la referida responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, mediante oficio 346, informó que el siete de marzo de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 1199/2021-I, de su índice, se celebró la audiencia prevista por el numeral 192 del código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual se decretó procedente la suspensión condicional del proceso prevista en los numerales 191 y 192 de la Codificación Nacional, en favor de la aquí quejosa Angélica del Carmen López Urbina, por su probable intervención o participación en la comisión de los hechos que pudieran ser constitutivos del antijurídico de robo a casa habitación, ilícito previsto y sancionado en los artículos 202 fracción I, párrafo cuarto, en relación con el artículo 205 fracción II, incisos a) y c), 21 segundo párrafo y 37 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio del patrimonio de Leticia del Carmen García Perea; y que en razón de lo anterior giró oficio al Encargado del Módulo Preventivo de las Setenta y Dos Horas de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de Veracruz, Veracruz, donde se encontraba recluida la impetrante, ordenando dejarla en inmediata libertad bajo los efectos de la suspensión condicional; remitiendo para tal efecto las constancias certificadas correspondientes con las que acredita de manera plena la puesta en libertad de la referida impetrante. Ahora, de la revisión de las documentales referidas, este órgano jurisdiccional estima que, en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo De la parte legal transcrita, se advierte que se prevé como supuesto de improcedencia el vinculado al hecho de que los actos señalados como reclamados se hubieren consentido ya sea: i) expresamente o ii) por manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento. Dicha causal se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, expresión que debe ser indudable y completa, es decir, debe revelar de manera evidente que el particular se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ciertamente, la expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del amparista se traduce en un motivo de improcedencia del juicio de amparo -que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad de ese acto y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos-; y, en ese tenor, exige que la expresión o manifestación de voluntad revele que existe conformidad con ese acto sin duda o parcialidad alguna, pues la intención de la regla de improcedencia es evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero no vedar u obstaculizar el estudio de la constitucionalidad de una decisión de autoridad, por virtud de una actitud que no manifieste de manera directa e indubitable que se ha conformado con ella. En ese sentido, es menester precisar que de lo señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de lo informado por la autoridad responsable en los oficios de mérito, se advierte que el acto reclamado en esta vía consiste en Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 220/2016, determinó que cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario de la imputada de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, pues persigue un beneficio, ya que consiente las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Por tanto, si la quejosa solicitó la suspensión condicional del proceso, lo cierto es que su intención de acceder a una salida alterna, conlleva la aceptación de los hechos materia de la vinculación, pues como se advierte de lo narrado, en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable autorizó la suspensión condicional del proceso en favor de la aquí quejosa; lo que revela de manera evidente que se conformó con la decisión y consecuencias integrales que implica el acto reclamado, pues implícitamente reconoció los hechos que se le reprochan; por ende, con apoyo en lo establecido por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por lo que respecta a los actos reclamados por la parte quejosa. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. Quedando, en consecuencia, sin efectos las medidas decretadas en este expediente, así como la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días que por auto de diez de marzo del año en curso, se concedió a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "C" con sede en Veracruz, Veracruz, para que remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten de manera plena la puesta en libertad de la aquí quejosa Angélica del Carmen López Urbina; el cual le fue notificado mediante oficio 7998/2022 recibido el catorce de marzo del presente año, tal y como se advierte de la constancia de notificación respectiva que obra en autos. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a que la citada autoridad responsable, cumpla con el requerimiento efectuado en autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fija como hora y fecha para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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