Angelica Cruz Rivera

Expediente 662/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
662/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Angelica Cruz Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, aceptó la competencia y se manda al archivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Angélica Cruz Rivera; regístrese bajo el número 662/2018-V-A. INCOMPETENCIA Del estudio de la demanda se obtiene que el acto reclamado lo constituye: "Reclamo de las autoridades señaladas como responsables me hayan dado una sentencia por analogía y dado sentencia por el delito de robo agravado, cuando en realidad no tuve una defensa conforme a derecho, y una sentencia oscura (sic), ya que se cometió a un servidor público, así el amparo y protección de la justicia federal para una reducción de sentencia." Por tanto, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado, en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser resuelto en amparo directo. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Por tanto, si en la especie la quejosa reclama la sentencia emitida en su contra por el delito de robo agravado, misma que, de acuerdo a los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se obtiene que dicha determinación es la de segunda instancia, emitida el cinco de enero de dos mil doce por el Primer Tribunal de Alzada en Toluca, Estado de México; emanada del recurso de apelación interpuesto contra la diversa dictada en la causa 20/2011 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez. En el entendido que no se soslaya que la promovente del amparo no es clara en el señalamiento del acto reclamado y que en el proemio de su demanda precisa que "demanda el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia definitiva de la causa penal 05/2011 del 1° Juzgado de Primera Instancia Juicios Tradicionales en Almoloya de Juárez." Sin embargo, dicha afirmación no puede estudiarse de manera sesgada, porque como se dijo con anterioridad, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que a dicha sentencia ya fue objeto de revisión mediante el recurso de apelación e incluso, se aprecia que la determinación de Alzada fue favorable para la amparista, pues le redujo la pena impuesta en primera instancia; razón por la que se colige que la intención de la promovente es combatir la última resolución que concluyó el proceso penal que enfrentó y que la mantiene bajo prisión. Precisado lo anterior, se obtiene que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, ya que lo da por terminado por lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo correspondiente y de no tener inconveniente legal alguno comunique su determinación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, visible a página 87 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época, aportado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la literalidad establece: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". ANOTACIONES Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Conforme el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a la quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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