Angélica Cristerna Vizcarra

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Angélica Cristerna Vizcarra

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 8940/2023, enviado vía interconexión y firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite la resolución dictada en sesión plenaria de siete de noviembre del año en curso, en la queja 177/2023 de su índice administrativo, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Angélica Cristerna Vizcarra, por su propio derecho, en contra del auto de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 594/2023. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico, acúsese recibo a la autoridad oficiante y archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes Judiciales Generados por los Órgano Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito signado autógrafamente por la quejosa Angélica Cristerna Vizcarra, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de seis de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de seis de julio del año en curso, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por Angélica Cristerna Vizcarra, consecuentemente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito en turno, el ocurso de queja del que se dio noticia de manera impresa y electrónicamente el sumario en que se actúa. Finalmente, en términos del artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, habilítese electrónicamente el expediente en que se actúa para su correspondiente vinculación; asimismo, se comisiona al actuario adscrito a fin de que integre al expediente electrónico las constancias de notificación correspondiente.

  3. Principal

    Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Angélica Cristerna Vizcarra; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 594/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro:Tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: (...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea partue el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los cuales: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País, visible en el la página 292, libro 10, tomo II, septiembre 2014, materia común, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época es del tenor siguiente: Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que, como lo estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En efecto, en la especie, la quejosa reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el auto dictado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el juicio 745/2022, donde declaró desierta la prueba documental en vía de informe a cargo del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Sinaloa, por ella misma ofrecida. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se pretende combatir, porque dicho acto se refiere a cuestiones de trámite dentro de un juicio familiar. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que el acto reclamado produce no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, toda vez que se refiere a una cuestión meramente procesal. Por lo que, en su caso, la eventual violación de la que se duele la parte quejosa deberá reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento del que deriva el acto aquí reclamado, siempre y cuando la misma haya sido adversa a sus intereses, y en su caso, agotado el recurso que proceda en contra dicha resolución. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio familiar del cual deriva el acto reclamado, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Ciertamente, pues cabe destacar que el artículo 172 de la Ley de Amparo, para efectos del juicio de amparo directo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, momento en el cual se determinará si el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el juicio 745/2022, donde declaró desierta la prueba documental en vía de informe a cargo del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Sinaloa, trascendió al resultado del fallo que en su caso se emita en la etapa correspondiente al juicio; por ello es evidente que la resolución aquí reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos, sino meramente procesales, y que si lo estima pertinente, la aquí parte quejosa en su momento oportuno puede alegar las violaciones procesales que estime correspondientes. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2534, tomo II, procesal constitucional 1, común segunda parte- TCC, materia común, Apéndice 1917-Septiembre 2011 de rubro y texto: Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio del orden familiar, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el mismo es relativo a cuestiones netamente procesales. Lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo y anexos. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. No obsta para variar la conclusión apuntada, la circunstancia de que la peticionaria cita diversos criterios aislados para sustentar su solicitud de que le sea concedida la protección constitucional, toda vez que los mismos constriñen a los juzgadores a ocuparse de la suplencia de la queja en materia familiar, atender el interés superior de los menores, guarda y custodia, así como lo atinente a la suspensión de plano para casos específicos de los infantes; sin embargo, los mismos no son aplicables al caso particular al no encontrarnos en los supuestos a que dichas tesis hacen alusión, aunado a que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a llevar a cabo el análisis de los presupuestos de procedencia del juicio. En efecto, los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por le Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 350 del libro 1, Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2005039, Décima Época, de rubro y tenor siguientes: Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************de esta ciudad y como autorizado para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ******************** quien tiene su cédula profesional número ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA: ANGELICA CRISTERNA VIZCARRA Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Angélica Cristerna Vizcarra; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 594/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro:Tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: (...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea partue el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los cuales: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País, visible en el la página 292, libro 10, tomo II, septiembre 2014, materia común, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época es del tenor siguiente: Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que, como lo estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En efecto, en la especie, la quejosa reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el auto dictado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el juicio 745/2022, donde declaró desierta la prueba documental en vía de informe a cargo del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Sinaloa, por ella misma ofrecida. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se pretende combatir, porque dicho acto se refiere a cuestiones de trámite dentro de un juicio familiar. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que el acto reclamado produce no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, toda vez que se refiere a una cuestión meramente procesal. Por lo que, en su caso, la eventual violación de la que se duele la parte quejosa deberá reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento del que deriva el acto aquí reclamado, siempre y cuando la misma haya sido adversa a sus intereses, y en su caso, agotado el recurso que proceda en contra dicha resolución. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio familiar del cual deriva el acto reclamado, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Ciertamente, pues cabe destacar que el artículo 172 de la Ley de Amparo, para efectos del juicio de amparo directo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, momento en el cual se determinará si el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el juicio 745/2022, donde declaró desierta la prueba documental en vía de informe a cargo del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Sinaloa, trascendió al resultado del fallo que en su caso se emita en la etapa correspondiente al juicio; por ello es evidente que la resolución aquí reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos, sino meramente procesales, y que si lo estima pertinente, la aquí parte quejosa en su momento oportuno puede alegar las violaciones procesales que estime correspondientes. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2534, tomo II, procesal constitucional 1, común segunda parte- TCC, materia común, Apéndice 1917-Septiembre 2011 de rubro y texto: Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio del orden familiar, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el mismo es relativo a cuestiones netamente procesales. Lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo y anexos. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. No obsta para variar la conclusión apuntada, la circunstancia de que la peticionaria cita diversos criterios aislados para sustentar su solicitud de que le sea concedida la protección constitucional, toda vez que los mismos constriñen a los juzgadores a ocuparse de la suplencia de la queja en materia familiar, atender el interés superior de los menores, guarda y custodia, así como lo atinente a la suspensión de plano para casos específicos de los infantes; sin embargo, los mismos no son aplicables al caso particular al no encontrarnos en los supuestos a que dichas tesis hacen alusión, aunado a que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a llevar a cabo el análisis de los presupuestos de procedencia del juicio. En efecto, los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por le Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 350 del libro 1, Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2005039, Décima Época, de rubro y tenor siguientes: Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************de esta ciudad y como autorizado para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ******************** quien tiene su cédula profesional número ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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