Angélica Chacón Hernández

Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
464/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Angélica Chacón Hernández
  • Angélica Chacón Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del proveído de diez de septiembre del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, mediante el cual informa que con motivo del aseguramiento decretado del vehículo marca *****************************, dentro de la carpeta de investigación **********, el dos de agosto del año en curso, acudió la quejosa ********** a solicitar su devolución y en la misma data se acordó de conformidad su petición. Asimismo, a su ocurso anexó copia certificada de la solicitud de devolución del automotor descrito de dos del presente mes y año; auto pronunciado en la misma data, en la que se acordó de conformidad la solicitud de la quejosa; y del oficio UIDDYL-9426/2018, mediante el cual comunicó a la Directora General de Tránsito Municipal dicha determinación, del cual se advierte que el seis de agosto del año en curso la quejosa recibió el original del escrito en comento. Ahora, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho y turnado a este órgano el mismo día Angélica Chacón Hernández demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Titular de la carpeta de Investigación Número ******/2018 la C. Agente del Ministerio Público Licenciada **************, Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, de quien reclamó la negativa de liberar el vehículo de la marca **********************************, así como la retención ilegal del mismo al mantenerlo como garantía de pago por un delito de daños cometido por una persona diversa a la quejosa, en la carpeta de investigación *********/2018. De lo que se tiene, que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. Procede el sobreseimiento. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, informa en su oficio de cuenta, que el dos de agosto del año en curso, acudió la quejosa *********** a solicitar la devolución del automotor marca ********************************; por lo que al haber acreditado su propiedad, en misma fecha se ordenó la devolución a la quejosa del vehículo descrito. Remitiendo al efecto, entre otras constancias, copia certificada del oficio UIDDYL-9426/2018, mediante el cual comunicó a la Directora General de Tránsito Municipal dicha determinación, del cual se advierte que el seis de agosto del presente año, la quejosa recibió el original del ocurso en comento. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XVI y XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del dos de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada del acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, mediante el cual informa que con motivo del aseguramiento decretado del vehículo marca *****************************, dentro de la carpeta de investigación **********, el dos de agosto del año en curso, acudió la quejosa ********** a solicitar su devolución y en la misma data se acordó de conformidad su petición. Asimismo, a su ocurso anexó copia certificada de la solicitud de devolución del automotor descrito de dos del presente mes y año; auto pronunciado en la misma data, en la que se acordó de conformidad la solicitud de la quejosa; y del oficio UIDDYL-9426/2018, mediante el cual comunicó a la Directora General de Tránsito Municipal dicha determinación, del cual se advierte que el seis de agosto del año en curso la quejosa recibió el original del escrito en comento. Ahora, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho y turnado a este órgano el mismo día Angélica Chacón Hernández demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Titular de la carpeta de Investigación Número ******/2018 la C. Agente del Ministerio Público Licenciada **************, Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, de quien reclamó la negativa de liberar el vehículo de la marca **********************************, así como la retención ilegal del mismo al mantenerlo como garantía de pago por un delito de daños cometido por una persona diversa a la quejosa, en la carpeta de investigación *********/2018. De lo que se tiene, que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. Procede el sobreseimiento. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, informa en su oficio de cuenta, que el dos de agosto del año en curso, acudió la quejosa *********** a solicitar la devolución del automotor marca ********************************; por lo que al haber acreditado su propiedad, en misma fecha se ordenó la devolución a la quejosa del vehículo descrito. Remitiendo al efecto, entre otras constancias, copia certificada del oficio UIDDYL-9426/2018, mediante el cual comunicó a la Directora General de Tránsito Municipal dicha determinación, del cual se advierte que el seis de agosto del presente año, la quejosa recibió el original del ocurso en comento. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XVI y XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del dos de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, mediante el cual informa que con motivo del aseguramiento decretado del vehículo marca *****************************, dentro de la carpeta de investigación **********, el dos de agosto del año en curso, acudió la quejosa ********** a solicitar su devolución y en la misma data se acordó de conformidad su petición. Asimismo, a su ocurso anexó copia certificada de la solicitud de devolución del automotor descrito de dos del presente mes y año; auto pronunciado en la misma data, en la que se acordó de conformidad la solicitud de la quejosa; y del oficio UIDDYL-9426/2018, mediante el cual comunicó a la Directora General de Tránsito Municipal dicha determinación, del cual se advierte que el seis de agosto del año en curso la quejosa recibió el original del escrito en comento. Ahora, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho y turnado a este órgano el mismo día Angélica Chacón Hernández demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Titular de la carpeta de Investigación Número ******/2018 la C. Agente del Ministerio Público Licenciada **************, Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, de quien reclamó la negativa de liberar el vehículo de la marca **********************************, así como la retención ilegal del mismo al mantenerlo como garantía de pago por un delito de daños cometido por una persona diversa a la quejosa, en la carpeta de investigación *********/2018. De lo que se tiene, que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. Procede el sobreseimiento. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, informa en su oficio de cuenta, que el dos de agosto del año en curso, acudió la quejosa *********** a solicitar la devolución del automotor marca ********************************; por lo que al haber acreditado su propiedad, en misma fecha se ordenó la devolución a la quejosa del vehículo descrito. Remitiendo al efecto, entre otras constancias, copia certificada del oficio UIDDYL-9426/2018, mediante el cual comunicó a la Directora General de Tránsito Municipal dicha determinación, del cual se advierte que el seis de agosto del presente año, la quejosa recibió el original del ocurso en comento. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XVI y XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del dos de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.

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