Angélica Cecilia Gutiérrez Barraza

Expediente 2210/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2210/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Angélica Cecilia Gutiérrez Barraza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que precede, se advierte que no se interpuso dentro del término que la ley señala el recurso de queja contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, mediante el se cual desechó de plano la demanda, por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa y/o sus autorizados acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificarles por lista el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, que dice: "1. Análisis de la cuenta. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en auto de veintiséis de octubre pasado. 2. Decisión sobre la instancia judicial. Del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". El precepto legal citado en segundo término establece que por regla general, el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, de lo que deriva que el juicio biistancial no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación, sino sólo contra aquéllas que causen un gravamen irreparable al quejoso. Estos es, cuando lo actuado por la autoridad señalada como responsable afecte de forma directa e inmediata derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pero no aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, ni siquiera cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior, de conformidad con el reciente criterio adoptado por nuestro más Alto Tribunal, interpretando la redacción de la legislación de amparo vigente. En efecto, al fallar en la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V establece con precisión el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al resolver que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí que, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese orden, según lo explicó el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, esta interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, cuando éstos se emiten en el proceso o en el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva"; estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se invoca en apoyo a las consideraciones recién expuestas, únicamente en la parte conducente, por identidad jurídica substancial y por el espíritu que la rige, la jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". También, sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Por ende, de lo anterior se advierten las siguientes conclusiones: 1. Los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Por tanto, los actos emitidos dentro de un procedimiento o juicio tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en aquél. 2. Contrariamente, son actos de posible reparación, aquéllos que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como en el caso acontece, los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme, dado que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Entonces, se reitera, la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: Proceso legislativo, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Su primer acto de aplicación consistente en el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós en el que se previene para que se exhiba honorarios regulados y autorizados de un perito nombrado en autos del juicio de origen, con apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido se le tendrá por perdido el derecho a dicho medio de convicción (prueba pericial en valuación de inmueble). Lo cual sin duda constituye un acto acontecido dentro de juicio. Sin embargo, éste no puede considerarse como uno de los previstos en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que esa determinación (requerimiento para que se exhiba honorarios regulados y autorizados de un perito nombrado en autos del juicio de origen), por el momento, no le causa un perjuicio de imposible reparación, habida cuenta que produce consecuencias sólo de carácter procesal, mas no materialmente sustantivas, ni le genera indefensión; lo cual constituye el efecto requerido para que los actos intraprocesales puedan reclamarse en amparo indirecto; de lo contrario, como en el caso, éste resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente tesis de jurisprudencia del Pleno dn Materia Civil del Tercer Circuito: Registro digital: 2020775 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: PC.III.C. J/48 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2317 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEL PERITO OFICIAL DESIGNADO POR EL JUEZ EN UN JUICIO CIVIL, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La resolución que fija de manera definitiva los honorarios del perito designado por el Juez, en términos del artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del oferente de la prueba, por tratarse de una "carga procesal" que, a diferencia de los "deberes procesales", es de observancia potestativa y sólo incide en la posición que va asumiendo en el juicio, mas no provoca una sanción o coacción que conmine a su cumplimiento de manera ineludible o a través de una orden de embargo o medio de apremio, pues la consecuencia que impone el mencionado artículo es que se tenga por perdido su derecho para desahogar dicha prueba, con o sin petición de la contraria. De lo que se concluye que no constituye un acto de imposible reparación, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra." De ahí que, el requerimiento para que se exhiba honorarios regulados y autorizados de un perito nombrado en autos del juicio de origen, en el que es parte actora y aun no se ha dictado sentencia, podría llegar a constituir una violación a las leyes del procedimiento, la que en todo caso, sería impugnable a través del juicio de amparo directo y no indirecto. Es así, puesto que para que proceda el amparo biinstancial respecto de actos dentro de juicio, como lo es el que se combate en sede constitucional, tienen que ser de imposible reparación en razón de una afectación material - real y actual- a derechos sustantivos y las consecuencias de la violación cometida no desaparezca aunque la parte afectada obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Ya que sólo incide en la posición que va asumiendo en el juicio, mas no provoca una sanción o coacción que conmine a su cumplimiento de manera ineludible o a través de una orden de embargo o medio de apremio, pues la consecuencia que impone el artículo impugnado, es que se tenga por perdido su derecho para desahogar dicha prueba. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental; en tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicada a sentido contrario. Causal de improcedencia que se hace extensiva respecto de la inconstitucionalidad del artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, puesto que al ser improcedente por lo que hace al acto de aplicación, misma suerte sigue el planteamiento de inconstitucionalidad de dicho precepto, atendiendo el criterio siguiente: Registro digital: 191311 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 71/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235 Tipo: Jurisprudencia LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Consecuentemente, con apoyo en los dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. Aviso de cambio de titular. En otro orden, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que mediante oficio SEADS/579/2022, se comunicó que en sesión extraordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó el cambio de adscripción del Juez Miguel Ángel Burguete García, por lo que fungirá como titular de este Juzgado a partir |del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós".

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe el oficio que firma la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a través de cual informa sobre la recepción y turno del recurso de queja interpuesto, mismo que se registró con el número 297/2022.

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