Angelica Beatriz Nieto Magaña

Expediente 1711/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1711/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Angelica Beatriz Nieto Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES QUE DEVOLVER A LAS PARTES.

  2. Principal

    MESA I.- SE DEVUELVE SIN DILIGENCIAR EL DESPACHO ENVIADO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; AL RESPECTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENAN LAS NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE PUBLICA ESTE JUZGADO, HASTA EN TANTO SEÑALE NUEVO DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA TAL EFECTO. ACUERDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTIDÓS: Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por Angélica Beatriz Nieto Magaña, en contra un acto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otra autoridad; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese con el número 1711/2022-I. Análisis de la demanda. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión del acto reclamado Al analizar la demanda de protección de derechos fundamentales, promovida por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que señala como acto reclamado: Postura de este órgano jurisdiccional. Al respecto, se obtiene que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dado que lo que se reclama no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Esto es así, ya que los particulares señalados por la quejosa como responsables, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que les atribuye en el presente asunto. Para sustentar la causal de improcedencia en comento, es importante puntualizar el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a aquéllos funcionarios a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que trastocan los derechos fundamentales del particular. Esta consideración, tiene origen en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, página 118, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, en relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Conforme a lo anterior, el Alto Tribunal de la Nación ha establecido las notas distintivas de los actos de autoridad: ? La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ? Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ? Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ? Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. En ese sentido, las primeras (coordinación) corresponden a las que se suscitan entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros. Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que surgen entre ellos, están regulados por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos que limitan el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En resumen, debe decirse que la autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Justificación. En el caso particular, el acto reclamado precisado con antelación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de un acto entre particulares. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que la quejosa tiene el carácter de miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; siendo este sindicato y su Secretaria General, a quienes señala como autoridades responsables, pues les atribuye la omisión de contestar el escrito recepcionado el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Así, se llega a la conclusión que el acto reclamado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su Secretaria General, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación entre dicha institución con la quejosa, no se encuentra en el plano de supra a subordinación, sino en el diverso de coordinación, es decir, como particulares; por lo que las omisiones o incumplimiento en que incurra dicha organización sindical, sería objeto de análisis ante la potestad común y no en esta vía constitucional. En efecto, si bien como en el caso, las organizaciones sindicales emiten resoluciones, realizan actos o incurren en omisiones que pueden ser fuente de derechos y obligaciones para sus miembros, tal facultad surge de sus propios estatutos jurídicos, los cuales no constituyen normas generales, por no emanar de órganos del Estado; por tanto, esos actos son impugnables ante los tribunales laborales del orden común, por posible infracción a sus normas convencionales, no en la vía de amparo. Resulta aplicable por analogía, la tesis: XVI.1o.T.34 L (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, página 2524, registro digital 2012204, de rubor y texto siguientes: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." Así como, la tesis II.2o.C.15 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, página 1959, registro digital 2009375, de contenido siguiente: "BURÓ DE CRÉDITO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular." De ahí que el acto reclamado por la promovente del amparo, no puede ser considerado como acto de autoridad, para efectos de la tramitación del juicio de amparo. Por lo antes relatado, resulta procedente desechar la demanda de amparo, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. La anterior determinación no se opone al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", porque dicha regla general no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción, como se sostiene en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte, la cual puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página mil doscientos veinticuatro, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; vinculado con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    I.- REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD, VÍA TELEGRÁFICA, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO, INFORME A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A QUÉ JUZGADO LE CORRESPONDIÓ CONOCER DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL EN COMENTO, Y POR SU CONDUCTO, LE HAGA LLEGAR EL PRESENTE ACUERDO A DICHO ÓRGANO, A FIN DE QUE DEVUELVA DE INMEDIATO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO, DE ESTA ESTADÍSTICA JUDICIAL. BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, SE LE IMPONDRÁ MULTA.

  4. Principal

    I. SE DESECHA.

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