Angélica Arroyo González
Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- Angélica Arroyo González
Actuaciones
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y de conformidad con lo previsto en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósense a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en la queja 37/2019, correspondiente a la sesión de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, donde se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********************." En atención a lo anterior, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad oficiante y realícensele en el Libro de Gobierno, las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se le comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, de donde se advierte la admisión del recurso de queja interpuesto por Wendy Jennifer Xaviera Palmas Colín, autorizada de la quejosa ********************, contra el proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, medio de impugnación que fue registrado con el número de queja QT. 37/2019. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta y estese en espera de la determinación que al respecto emita la Superioridad oficiante. Notifíquese.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Wendy Jennifer Xaviera Palmas Colín, autorizado en términos amplios de la quejosa Angélica Arroyo González, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de -diecisiete de octubre de dos mil dieciocho-, mediante el cual se desechó la demanda por su notoria improcedencia; sin embargo, se hace la precisión que el auto mediante el cual se desechó la demanda es el de trece de febrero de dos mil diecinueve. En conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia y ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. Por ende, con fundamento en el ordinal mencionado en último término del párrafo precedente, remítase el original del medio de impugnación citado, copia simple de éste y copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en turno, a fin de que provea lo conducente. Notifíquese.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Angélica Arroyo González contra actos de la Secretaria Auxiliar, Secretaria de Acuerdos y Secretario General Operativo Mesa Siete, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 173/2019-I. DESECHAMIENTO. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda respectiva, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos del ordenamiento citado, por las razones que a continuación se indican. Los ordinales 61 fracción XXIII y 107, fracción V, de la ley de la materia prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De la demanda se desprende que la promovente del amparo señala como acto reclamado el acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 782/2018, en el que la autoridad señalada como responsable, acordó fundada la excepción de prescripción de la acción opuesta por la demandada al contestar la demanda. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no es considerado como de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional. Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama, porque dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías fundamentales y los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que tratándose del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable, acordó fundada la excepción de prescripción de la acción en el asunto antes referido, dicha determinación no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, pues dicha excepción fue hecha valer por la demandada cuando contestó la demanda planteada en su contra y la responsable la consideró fundada durante el desarrollo de la audiencia bifásica, es decir dentro de una etapa procesal del juicio laboral; de ahí que, al ubicarse dentro del desarrollo del procedimiento laboral antes del dictado de laudo, podemos decir que se trata de un acto intraprocesal además, de que como ya quedó precisado no afecta derechos sustantivos y en su caso la ahora quejosa, podría resultar beneficiada en el momento del dictado del laudo, y; en caso contrario, de estimarlo violatorio deberá reclamarse dicho aspecto mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del laudo, si esta considera el mismo contrario a sus intereses. A mayor abundamiento, dicho acto no puede ser considerado como acto de imposible reparación debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Es aplicable a esta determinación la tesis XXI.3º. J/5, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Septiembre de 2003, tomo XVIII, visible en la página 1309 que dice: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ORDEN QUE PUEDE EMPLEARSE PARA SU ESTUDIO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías uniinstancial pueden plantearse fundamentalmente dos tipos de violaciones, a saber: las de índole procesal, cometidas durante la sustanciación del juicio o referidas a transgresiones cometidas en la resolución reclamada, vinculadas con el examen de uno o varios presupuestos procesales, y las perpetradas en el acto reclamado por defectos en el contenido de éste, por falta de fundamentación o motivación, o porque sea incompleto o incongruente. Por ello, lo primero que conviene destacar de la demanda a fin de determinar el orden de estudio a seguir respecto de los conceptos de violación hechos valer por el promovente de la acción constitucional, es si las cuestiones planteadas son violaciones procesales que se cometieron durante la sustanciación del juicio y que trascendieron al resultado del fallo, o si giran en torno a violaciones cometidas en el propio acto reclamado como cuestión de fondo. En ese tenor, hay casos en que sin mayor problema es dable establecer que si el concepto de violación de carácter procesal es el único planteado en la demanda de garantías, debe analizarse negando o concediendo al quejoso el amparo solicitado para que se subsane la infracción procesal, por ser la única cuestión controvertida en el juicio constitucional. En cambio, si se plantean varios aspectos conceptuales de naturaleza procesal, es conveniente que se examinen de la infracción más antigua a la más reciente en fecha y en ese orden sean desestimadas, o bien, si alguna resulta fundada se ordene subsanarla y se determine si es el caso o no de examinar las restantes, incluso, se pondere si es viable que si otra violación diversa es fundada se ordene a la autoridad responsable subsanarlas a la vez, pues de esta manera se acatan los principios de economía procesal y de exhaustividad, así como la garantía constitucional que consagra el derecho a una justicia pronta y expedita. A su vez, si se expresan conceptos de violación de naturaleza adjetiva y otros de fondo, es conveniente que sea el mismo orden cronológico el que impere en el estudio de unos y otros, de acuerdo a las reglas anteriormente determinadas, para que en el caso de que sean desestimados en su totalidad los primeros, se analicen posteriormente los segundos y se resuelva lo que en derecho corresponda, dado el orden y la sucesión de los actos que se realizan para la composición del litigio y que se van agotando de uno en uno; en la inteligencia de que estos lineamientos sólo deben considerarse como orientadores para una correcta y eficaz forma de abordar el estudio de las violaciones indicadas, que de ningún modo deben considerarse invariables o inalterables, porque de acuerdo a la naturaleza y causas específicas del problema planteado, habrá casos de excepción, como por ejemplo, el relativo al de la prescripción opuesta en un juicio natural que se considera fundada, en que conforme al sentido común, este motivo de inconformidad de carácter sustancial debe examinarse antes que las violaciones de naturaleza adjetiva, ya que lo contrario propiciaría el retardo en la resolución del asunto y la promoción innecesaria de ulteriores juicios de amparo. Lo resaltado es propio. Así, como la diversa al caso en concreto, tesis I.9o.T J/41, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Septiembre de 2000, tomo XII, visible en la página 647 que dice: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL, EXCEPCIÓN DE. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SU ESTUDIO ES PREFERENTE AL DE LAS VIOLACIONES PROCESALES ADUCIDAS.- La excepción de prescripción por naturaleza es de carácter perentorio, ya que tiende a destruir la acción intentada; en esas circunstancias, si en los conceptos de violación formulados al promover la demanda de garantías en contra del laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, se combate la falta de estudio de la aludida excepción y al mismo tiempo se aducen violaciones procesales, es inconcuso que en el juicio de amparo se debe examinar en primer término, el concepto de violación referente a la excepción de mérito, y sólo en el caso de que se llegue a concluir que éste es inoperante, debe abordarse el estudio de las violaciones a las leyes del procedimiento que se invoquen". Lo resaltado es propio. Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado o derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, protegidos por las garantías consagradas en la Carta Magna, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V del ordinal 107 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, debe combatirse hasta que se dicte la sentencia en la hipótesis que ésta sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación, como se refirió anteriormente. Es aplicable en lo conducente a esta determinación la tesis jurisprudencial IV.2º.C. J/2 (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo III, visible en la página 1539 que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013): El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas mencionadas por la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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