Angelica Araceli Contreras Torres

Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Angelica Araceli Contreras Torres
  • Alejandro Rafael Vargas Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 463/2021, tres tomos de prueba, y testimonio de la ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la revisión 214/2021, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, las documentales que allegó al presente juicio que obra en tres tomos de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito firmado la quejosa Angélica Araceli Contreras Torres, mediante el cual cumple con lo requerido por este juzgado en auto de trece de octubre del año en curso y al efecto exhibe una copia más de su escrito de agravios. Atento lo anterior, téngase a la parte tercera interesada interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente al tercero interesado y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 463/2021, promovido por Angélica Araceli Contreras Torres, en representación de su menor hijo de iniciales S.V.C.; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Angélica Araceli Contreras Torres, en representación de su menor hijo de iniciales S.V.C., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 8º, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Órgano Jurisdiccional quien ordenó su registro bajo el número de expediente 463/2021, y previo cumplimiento a la prevención formulada, la admitió a trámite el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de uno de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a Alejandro Rafael Vargas Nieto, apersonándose al presente juicio, por lo que en la misma fecha, se le reconoció carácter de tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Finalmente, seguidos los trámites respectivos, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y ahora procede resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que la parte quejosa reclama a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en Morelia, Michoacán, consiste en: El auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral 418/2019, que sobre fijación de pensión alimenticia definitiva y otras prestaciones promovió el aquí tercero interesado Alejandro Rafael Vargas Nieto contra Angélica Araceli Contreras Torres. En dicho proveído, la juez responsable determinó que la información remitida en disco compacto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, referente a las cuentas bancarias de la quejosa, deberá ser visualizada en la audiencia de juicio que se lleve a cabo dentro del citado expediente. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha responsable, consistentes en copia autorizada de las actuaciones del juicio especial oral familiar 418/2019, así como un cuaderno de antecedentes de dicho juicio, donde obra la determinación reclamada y otro relativo a la lista de acuerdos del citado expediente [tres tomos de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; por lo que procede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como quedó precisado con antelación, la quejosa reclama el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable en el juicio de origen, el cual se transcribe para una mejor comprensión: "Morelia, Michoacán, a doce de mayo del año dos mil veintiuno. Visto el ocurso presentado ante este juzgado por Angélica Araceli Contreras Torres, con el carácter que tiene reconocido en autos, atendiendo a su contenido, téngase a la promovente manifestando su oposición al acuerdo de fecha seis de mayo del año en curso en el que a solicitud de su contraparte se autorizó expedirle copia del contenido del disco compacto enviado a este juzgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 214-2/TOR-28910/2021 con la finalidad que imprimiera la información para agregarla al expediente de cuenta. Con tal motivo, para evitar que de cualquier modo se divulgue la información personal contenida en dicho disco compacto, atendiendo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares que invoca la promovente, así como de los artículos 1, 2, 4, 6, 8 y relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que tiene como finalidad regular que dichos datos sean usados únicamente para la finalidad que fueron entregados; en consecuencia, se niega a Alejandro Rafael Vargas Nieto copia del disco solicitado y el contenido del disco compacto deberá visualizarse en la fase procesal de la audiencia de juicio relativa, quedando a cargo del oferente de la prueba facilitar los medios electrónicos necesarios para reproducción de dicha documental privada. Notifíquese personalmente a las partes para su debido conocimiento. [.]" Por su parte, la quejosa en el apartado relativo a los conceptos de violación -sustancialmente- argumenta: Que la juez responsable determinó que la información remitida en disco compacto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ser visualizada en la audiencia de juicio que se lleve a cabo dentro del procedimiento, lo que de hacerse así expondría sus datos personales, pues su información no sólo es exclusiva para captar la pensión alimenticia de su hijo, y como titular de los datos personales es la única legitimada para autorizar su circulación o bien, mediante control judicial debidamente fundado y motivado. Por lo anterior, refiere que el auto reclamado es contrario a derecho, porque se violan sus derechos humanos y los de su menor hijo a la protección de sus datos personales, intimidad personal, el principio de legalidad jurídica e igualdad de partes, así como el debido proceso; violando además el principio de contradicción previsto en el artículo 929 del Código Familiar del Estado, ya que la responsable solicitó información sobre sus cuentas sin mediar un control judicial debidamente fundado y motivado, aunado a que dicha prueba fue admitida y ordenada su recepción antes de ser emplazada. Aduce además, que también se viola en su perjuicio su derecho a la libertad y a la privacidad, así como el artículo 4º, Constitucional, porque toda decisión estatal social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del menor, y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esa materia. Los anteriores motivos de inconformidad devienen infundados, como se expone a continuación. En efecto, en primer lugar debe señalarse que quien esto resuelve estima correcta la postura asumida por la autoridad responsable, quien ante la oposición de la demandada para que la información contenida en un disco compacto relativa a sus cuentas bancarias, y que fuere remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se proporcionara a su contrario, determinó que no era procedente entregar al actor copia del referido disco, sino que su contenido debería visualizarse en la fase procesal de la audiencia de juicio. Lo anterior es así, en la medida que la clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. Constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que, si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio. Luego, dentro de los derechos personalísimos se encuentra necesariamente comprendido el derecho a la intimidad, entendiéndose como el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; por tanto, al constituir un derecho inherente a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configura como derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesionen por lo que, si bien no es un derecho absoluto, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior. Así, la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites. En esa virtud, es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo. Apoya las consideraciones expuestas, la tesis P. II/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 561 del Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2021411, del epígrafe y contenido que se indican a continuación: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio." Así como la tesis P. LXVII/2009, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165821, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior." Y la diversa tesis I.4o.A.17 K (10a.), visible a fojas 2110 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2003269, del contenido siguiente: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS. La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances del objeto concretamente protegido por cada derecho fundamental, es decir, sirven para definir el contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es otra realidad carente de protección. Por otro lado, es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo." De ese modo, es dable establecer que el derecho humano a la protección de datos personales de los gobernados es un medio para garantizar la facultad de los individuos a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha información. Por ende, si bien la citada prerrogativa no es absoluta, lo cierto es que para restringirla la autoridad debe justificar válidamente tal afectación, con base en elementos objetivos y razonables, lo que en la especie se advierte cumplido, al menos por tres razones: La primera, porque el expediente del que deriva la determinación reclamada se trata de un juicio que se tramita en la vía especial familiar oral sobre fijación de alimentos definitivos, promovido por el aquí tercero interesado contra la quejosa Angélica Araceli Contreras Torres, en el que solicitó la reducción del porcentaje del 30% que en su momento le fue fijado como descuento en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos 48/2014, y pidió que ahora se fije dicha pensión de acuerdo al principio de proporcionalidad respecto de ambos progenitores; asimismo, pidió la rendición y justificación de cuentas por parte de la demandada, así como la apertura de una cuenta bancaria para depositar la pensión alimenticia para su menor hijo, donde sea posible llevar a cabo una supervisión sobre la administración de los recursos alimentarios [fojas 1 a 27 del tomo I de pruebas]. Expediente del cual se advierte que la peticionaria del amparo [en cuanto parte demandada] al dar contestación a la demanda también promovió la reconvención contra el aquí tercero interesado Alejandro Rafael Vargas Nieto, y solicitó el aumento del porcentaje de 30% fijado al deudor alimentista en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria antes señalado [fojas 210 a 245 del tomo I de pruebas]. En ese sentido, es evidente que las prestaciones que se reclaman las partes en el contradictorio de origen, involucran la información relativa a sus ingresos económicos, de modo que las pruebas ofrecidas son conducentes y congruentes con sus pretensiones y en esa virtud, es correcto que la responsable ordenara recabar los informes solicitados -incluso sin antes haberse realizado el emplazamiento de la demandada- pues la legislación familiar aplicable así lo permite, al establecer en su artículo 474 que el aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los alimentos, deberá promoverse siguiendo las reglas del juicio especial oral. Asimismo, acorde a lo que dispone el numeral 1002, del apartado relativo al juicio especial oral, los interesados deberán ofrecer desde la demanda, contestación y vista de esta las pruebas que sirvan para demostrar su pretensión, y finalmente, el propio precepto en su penúltimo párrafo señala que al admitir la demanda, contestación y la vista de esta el juez de instrucción se pronunciará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Por lo anterior, -contrario a lo que afirma la quejosa- no se advierte vulneración al principio de contradicción de las partes a que alude el artículo 929 del Código Familiar del Estado de Michoacán, toda vez que las pruebas recabadas serán analizadas en la audiencia de juicio, la cual será desahogada conforme a las etapas a que alude el numeral 1004 del propio código, y es en la etapa de desahogo de pruebas cuando la quejosa tendrá oportunidad de hacer valer su derecho de contradicción. La segunda, porque de las constancias que integran el juicio de origen se desprende que también la quejosa solicitó a la juez de origen requiriera mediante oficio a la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que remitiera la información relativa a todas y cada una de las cuentas bancarias o de crédito que se encuentren a nombre de su contrario; el saldo de las mismas así como los estados de cuenta desde enero del año dos mil dieciséis, a la fecha [foja 315 del tomo I de pruebas]. Investigación que, según lo expuesto por la juez responsable al rendir su informe justificado, ya fue recabada y consta agregada al expediente en un diverso disco compacto. En esa virtud, se colige que, a petición de las partes involucradas, dicha información será objeto de análisis únicamente en la audiencia del juicio de origen, determinación de la juez responsable que cumple con la finalidad a que se refiere el artículo 2, fracción V, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Más porque, en el auto combatido la responsable ante la oposición de la quejosa, negó al actor copia del disco que contiene la información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que se estima correcto pues no se desconoce el derecho subjetivo tutelado a nivel constitucional a favor de la justiciable, incluso a oponerse a su divulgación, por tanto, la quejosa al momento de la audiencia de juicio tiene derecho a intervenir en la delimitación o determinación de la parte que pueda divulgarse. Y la tercera razón, porque dada la naturaleza del procedimiento en análisis, resulta razonable la investigación ordenada acerca de los ingresos de los contendientes, así como la posterior orden de visualizar la información recabada en la audiencia de juicio, ya que para resolver sobre la fijación definitiva de alimentos a favor del menor involucrado, es indispensable conocer, objetivamente, los elementos probatorios relativos a los ingresos de ambos progenitores, como lo es -entre otra- la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de las cuentas a su nombre, saldos y en general, sobre cualquier aspecto económico que impacte en sus ingresos. Por lo anterior, en el caso es dable concluir que el Código Familiar del Estado de Michoacán, en sus artículos 1006 y 464, fracción IV, sí establece una restricción al derecho a la protección de datos personales de los gobernados, ya que faculta al juzgador a investigar y recabar cualquier documento que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, sin la anuencia de las partes, así como a solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado, a efecto de contar con los elementos probatorios necesarios para determinar el monto de la pensión alimenticia que llegue a decretarse en definitiva. En ese estado de cosas, el ejercicio de la facultad consistente en la práctica, aclaración o ampliación de cualquier diligencia probatoria, sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la ley, tiene como origen la actualización de las atribuciones propias de la autoridad jurisdiccional en materia familiar; de ahí que contrario a lo que argumenta la quejosa, dicho mandato sí cumple con la fundamentación y motivación que la ley exige para esos supuestos, pues el derecho a la privacidad de la información de la quejosa tiene un límite, que en este caso tiene su origen en otro derecho constitucionalmente tutelado, como es el derecho del menor involucrado a recibir alimentos. De modo que, en el caso que aquí nos ocupa, se evidencia que la restricción en comento privilegia un valor fundamental de rango superior, como es el derecho a los alimentos, en la medida que la subsistencia de una persona es de mayor preponderancia a la privacidad e intimidad del deudor alimentario, al encontrarse involucrado un menor de edad, por tanto quien esto resuelve considera que en este supuesto, es posible delimitar el campo de acción de la quejosa, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia, como lo es el interés superior de un menor y la obligación de garantizar su subsistencia, los cuales una vez contrapesados y armonizados, evidencian que la restricción en comento es necesaria y se encuentra justificada. Como sustento de lo antes determinado por analogía se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.3o.C.T.11 C, visible a fojas 2399 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, registro digital 2021622, del epígrafe y texto: "RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. LA ORDEN DE GIRAR OFICIO PARA CONOCER LOS BIENES E INGRESOS DEL DEMANDADO EN EL JUICIO RELATIVO VULNERA SU DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SI NO SE HA DEMOSTRADO LA FILIACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA TENER DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 563 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO). El segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección de datos personales de los gobernados como medio para garantizar la facultad de los individuos a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha información. En ese sentido, si bien la citada prerrogativa no es absoluta, lo cierto es que para restringirla la autoridad debe justificar válidamente tal afectación, con base en elementos objetivos y razonables. Ahora bien, el artículo 563 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero establece una restricción a ese derecho, ya que faculta al juzgador a investigar, sin la anuencia del demandado, los bienes e ingresos de éste, a efecto de contar con los elementos necesarios para determinar el monto de la pensión alimenticia que llegue a decretarse en definitiva; pero esta restricción se encuentra justificada en la medida en que privilegia un valor fundamental de rango superior, como es el derecho a los alimentos, ya que la subsistencia de una persona es de mayor preponderancia a la privacidad e intimidad del deudor alimentario, más aún cuando se encuentra involucrado el interés superior de un menor de edad. Por otro lado, en los juicios en los que la pretensión principal es el reconocimiento de la paternidad, y el pago de alimentos sólo constituye una prestación accesoria, el origen de la obligación alimentaria deriva, precisamente, del vínculo paterno-filial, por lo cual, mientras este aspecto no se acredite, el derecho a recibir alimentos, y la consecuente obligación de otorgarlos, no se genera. De lo que se concluye que la orden de girar oficio para conocer los bienes e ingresos del demandado, decretada en el auto admisorio del juicio de reconocimiento de paternidad, vulnera el derecho a la protección de datos personales del demandado, ya que constituye una medida irracional y desproporcionada, en virtud de que hasta ese momento no se ha demostrado el derecho a los alimentos de la actora, pues se encuentra sub júdice a lo que resulte respecto de la acción principal y, por consiguiente, no es aplicable el artículo 563 referido, puesto que la justificación a la medida restrictiva que establece dicho precepto, no se actualiza, ya que para ello es necesario que la acción se funde en un documento que demuestre plenamente la filiación entre las partes." Por lo anteriormente expuesto, -en oposición a lo que argumenta la quejosa- con la determinación reclamada no se advierte vulneración al interés superior del menor involucrado, pues en el juicio en comento precisamente se debate sobre la fijación del monto que por concepto de pensión alimenticia definitiva deberán proporcionar sus progenitores para garantizar su subsistencia, sin que en modo alguno se hubiere suspendido o restringido ese derecho pues entre tanto no se resuelva el juicio planteado, la obligación de dichos progenitores continúa vigente en los mismos términos en que fuere decretada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 48/2014. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Angélica Araceli Contreras Torres, en representación de su menor hijo de iniciales S.V.C., respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICÓ POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ANGELICA ARACELI CONTRERAS TORRES EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ A NOTIFICARSE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CITADA DETERMINACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES, COMO SE LE COMUNICÓ EN EL AVISO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL LE FUE FIJADO EN EL DOMICILIO PROCESAL; LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

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