Ángelica Andréa Lastra Ordorica

Expediente 289/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
289/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Ángelica Andréa Lastra Ordorica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto y tomando en consideración las constancias que la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, acompañó a su oficio 66/2018/SS/AMP, de seis de febrero del año en curso (fojas 250 a 253), se aprecia que si bien remitió copia certificada del auto pronunciado con la misma fecha en el expediente 873/2006, donde en el punto inciso 1), dejó insubsistente la interlocutoria de tres de mayo de dos mil diecisiete, en aquél sumario. Sin embargo, lo correcto es que debe dejar insubsistente la interlocutoria de 25 veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, atento a los lineamientos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, dentro del recurso de inconformidad 25/2017 (fojas 215 a 241). En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la PRESIDENTA de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dentro del expediente 873/2006, regularice el procedimiento y deje sin efectos la parte conducente del inciso 1), correspondiente al auto dictado el seis de febrero del año en curso, y proceda a dejar insubsistente la interlocutoria de 25 veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, debiendo remitir para tal efecto, las constancias que así lo acrediten. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Angélica Andrea Lastra Ordorica, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalad como responsable Autoridades responsables Titular de la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de acordar su escrito presentado ante la autoridad responsable el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que la autoridad responsable señalan que el acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en virtud de que por oficio UT/218/2018 de veinte de febrero de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta y uno de dos mil dieciocho, lo cual se corrobora con las copias certificadas que remite la responsable como apoyo a su informe de ley y que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Titular de la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Ángelica Andréa Lastra Ordorica acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Titular de la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla de acordar su escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mi dieciocho; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que oficio UT/218/2018 de veinte de febrero de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa. En las referidas circunstancia, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Ángelica Andréa Lastra Ordorica reclamó del Titular de la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional; y háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 39/2018 signado por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1210/2017 y un anexo, acúsese recibo. Atento a lo anterior, notifíquese la resolución emitida dentro del presente juicio de amparo a las partes y continúese con los trámites respectivos hasta el archivo definitivo del presente asunto. Asimismo, glósese a sus autos el expedientillo formado con motivo de la remisión del juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno de este órgano jurisdiccional e ingrésense los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos estadísticos correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario José Manuel Brodeli Vélez Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió al quejoso Andrés Pérez García, la protección constitucional solicitada, contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto de que acordara los escritos que el aquí quejoso le presentó y notificara el auto que recayó a los mismo En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de los oficios recibidos el veintiséis y veintinueve de enero del presente año, en el primero remitió copia certificada del proveído que emitió el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el que acordó los escritos que la aquí parte quejosa le presentó el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, y en el segundo, copia certificada de las constancias de notificación del citado acuerdo a la aquí parte quejosa. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, en el entendido de que el presente asunto, se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.)

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