Angélica Alvarado Zopot

Expediente 544/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Angélica Alvarado Zopot

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 28 DE JUNIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de trece de junio último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Angélica Alvarado Zapot; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y el punto 7.5 del Manual para la Organización de los archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, toda vez que se desechó la demanda Amparo, aunado a que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    se tiene por consentido tal cumplimiento. Archívese como totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que se ordenó el archivo de este juicio como totalmente concluido. por ende, se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la demanda de amparo promovida por Angelina Alvarado Zapot, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Fiscal de la Zona Occidente, titular del Distrito Zona Norte, Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Coordinador de la Unidad de Delitos Contra la Paz y Seguridad de Personas de Ciudad Juárez, Secretario de Seguridad Publica de Ciudad Juárez, Chihuahua y Director de la Policía Estatal Única de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 544/2022-VIII. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora del análisis integral del escrito de demanda se desprende que se presentó sin firma autógrafa, ni electrónica, ya que el escrito de demanda es una copia simple. Por tanto, debe decirse que la demanda de amparo que se analiza se torna improcedente, ya que no aparece signada por Angelina Alvarado Zapot, circunstancia que no es materia de prevención, porque la expresión de la voluntad del quejoso no puede ser sustituida o expresada por otro, en un caso que la ley de la materia no señala expresamente. En ese sentido, se estima que se incumple con lo dispuesto por los artículos 6° y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma, una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6°, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (...) 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en término de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...) 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...] De ahí que la demanda de cuenta al haberse presentado en copia simple, es decir, sin firma electrónica ni autógrafa, se torna improcedente, pues no existe la instancia de parte agraviada que se exige para la procedencia del juicio de amparo. Resulta exactamente aplicable al presente caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2018715, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, de abril de 2019, Tomo I, Página: 79, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por lo tanto, al no encontrarse firmada por la promovente; no resulta legal admitir la demanda, ante la ausencia de las formalidades que establece el artículo 3° del Acuerdo General conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, por lo que se estima afectan la validez de la demanda recibida. En ese orden, se precisa que no se trata de alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto en que no se requiere la firma electrónica, en términos del numeral 3° de la propia ley, transcrito en párrafos anteriores, son aplicables los preceptos mencionados. En esta tesitura, la ausencia de la manifestación de la voluntad en la forma legal que establecen las leyes, únicamente le es atribuible al directo quejoso, lo que no puede ser subsanado, como se analizó, lo cual impone desechar la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113, y 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3°, 5° y 6°, de la Ley de Amparo y artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos citados con antelación, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Angelina Alvarado Zapot. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Pez Martillo número seiscientos veintinueve de la colonia Puerto Anapra, en esta ciudad, y como autorizados en como en términos restringidos, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas Rodolfo Alemán Ramírez, Jaime Sánchez Tovar y Rolando Álvarez Nuñez, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso; y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la promovente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 13 DE JUNIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la demanda de amparo promovida por Angelina Alvarado Zapot, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Fiscal de la Zona Occidente, titular del Distrito Zona Norte, Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Coordinador de la Unidad de Delitos Contra la Paz y Seguridad de Personas de Ciudad Juárez, Secretario de Seguridad Publica de Ciudad Juárez, Chihuahua y Director de la Policía Estatal Única de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 544/2022-VIII. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora del análisis integral del escrito de demanda se desprende que se presentó sin firma autógrafa, ni electrónica, ya que el escrito de demanda es una copia simple. Por tanto, debe decirse que la demanda de amparo que se analiza se torna improcedente, ya que no aparece signada por Angelina Alvarado Zapot, circunstancia que no es materia de prevención, porque la expresión de la voluntad del quejoso no puede ser sustituida o expresada por otro, en un caso que la ley de la materia no señala expresamente. En ese sentido, se estima que se incumple con lo dispuesto por los artículos 6° y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma, una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6°, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (...) 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en término de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...) 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...] De ahí que la demanda de cuenta al haberse presentado en copia simple, es decir, sin firma electrónica ni autógrafa, se torna improcedente, pues no existe la instancia de parte agraviada que se exige para la procedencia del juicio de amparo. Resulta exactamente aplicable al presente caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2018715, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, de abril de 2019, Tomo I, Página: 79, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por lo tanto, al no encontrarse firmada por la promovente; no resulta legal admitir la demanda, ante la ausencia de las formalidades que establece el artículo 3° del Acuerdo General conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, por lo que se estima afectan la validez de la demanda recibida. En ese orden, se precisa que no se trata de alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto en que no se requiere la firma electrónica, en términos del numeral 3° de la propia ley, transcrito en párrafos anteriores, son aplicables los preceptos mencionados. En esta tesitura, la ausencia de la manifestación de la voluntad en la forma legal que establecen las leyes, únicamente le es atribuible al directo quejoso, lo que no puede ser subsanado, como se analizó, lo cual impone desechar la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113, y 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3°, 5° y 6°, de la Ley de Amparo y artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos citados con antelación, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Angelina Alvarado Zapot. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Pez Martillo número seiscientos veintinueve de la colonia Puerto Anapra, en esta ciudad, y como autorizados en como en términos restringidos, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas Rodolfo Alemán Ramírez, Jaime Sánchez Tovar y Rolando Álvarez Nuñez, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso; y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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