Angeles González Matuz
Expediente 1302/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2016
Partes del expediente
- Angeles González Matuz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se recibe la copia certificada del oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual, solicita copia certificada de diversas constancias del juicio de amparo en que se actúa, así como, el informe de su estado procesal... remítasele copia certificada de las constancias que indica; asimismo, se hace de su conocimiento, que en el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido.
- Principal
Vista la razón de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término que se le concede a las partes para impugnar la sentencia en la que se sobreseyó en este juicio, sin que ninguna de las mismas lo haya hecho, en tal virtud, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, y se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. ...EL PRESENTE EXPEDIENTE, SERÁ SUSCEPTIBLE DESTRUCCIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, colóquese en la carátula del presente expediente una tarjeta informativa en la que se asienta la fecha de este proveído, mediante el cual se ordena el archivo, la data en que se remite materialmente al mismo, así como que el presente expediente no es de relevancia documental.
- Principal
RESUELVE PRIMERO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, CONTRA EL ACTO Y AUTORIDADES PRECISADOS EN EL RESULTANDO PRIMERO POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL TERCER CONSIDERANDO DE ESTA SENTENCIA. SEGUNDO.- LA PRESENTE RESOLUCION SERA PUBLICADA CON SUPRESION DE LOS DATOS PERSONALES EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTA SENTENCIA.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término que concede a las partes el artículo 86 de la ley de la materia para impugnar la sentencia dictada en el presente juicio de garantías por este juzgado de Distrito el diez de julio de dos mil quince, en la que otorgó el AMPARO Y PROTECCIÓN de la JUSTICIA FEDERAL a la quejosa Rosa Isela Ocampo Irene, sin que ninguna de las partes lo haya hecho. En tal virtud, con fundamento en los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2º, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Nueva Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo Tercero Transitorio de la citada Ley, requiérase a las autoridades responsables, Juez de lo Civil y Comandante de la Policía Ministerial ambos con residencia en Tlatlauquitepec, Puebla, para que dentro del término de tres días, al en que reciban este comunicado, informen sobre el cumplimiento dado a la citada sentencia protectora, debiendo acompañar copian certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su acatamiento, con el apercibimiento que de no demostrar que dieron cumplimiento a la ejecutoria, se les impondrá, la multa que señala el artículo 258 de la ley de la materia, consistente en cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Se hace la precisión que los efectos de la concesión del amparo, a la quejosa son para que la autoridad responsable Juez de lo Civil, residente en Tlatlauquitepec, Puebla: 1. Deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de abril de dos mil quince, y en su lugar dicte uno nuevo en el que examine las constancias de autos y resuelva el caso a la luz del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero sin empeorar por ningún concepto la situación jurídica del quejoso, en aplicación al principio general de derecho "non reformatio in peius". Concesión que se hace extensiva contra los actos de ejecución que se reclama al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, residente en Tlatlauquitepec, Puebla, por tener el carácter de autoridad ejecutora del acto reclamado. Atento a lo anterior, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector; sin embargo, en el presente caso, la Juez de lo Civil con residencia en Tlatlauquitepec, Puebla, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. En efecto, de conformidad con los numerales 17 y 116 de la Constitución Federal, son diversos los principios que deben conjugarse para otorgar de plena independencia y autonomía a los tribunales jurisdiccionales, empero, destaca el relativo a la libertad con la que cuenta un juez para emitir sus resoluciones, las cuales si bien están sujetas a revisión por un órgano diverso, ello no se traduce en una dependencia o subordinación con el Tribunal encargado de revisar la legalidad de éstas; así las cosas, es claro que tratándose de órganos jurisdiccionales no se observa un vínculo de injerencia entre los juzgadores y los órganos encargados de revisar sus determinaciones, dado que no existe una intromisión de los últimos sobre la interpretación y decisión que tomen los primeros. ... Por tanto, al quedar en evidencia el alcance de la independencia que caracteriza a los tribunales jurisdiccionales, es indiscutible que la Juez de lo Civil con residencia en Tlatlauquitepec, Puebla, no se encuentra jerárquicamente subordinado a los órganos encargados de revisar sus resoluciones, por lo que en la especie, no ha lugar a requerir al superior jerárquico que refiere el artículo 192, de la Ley de Amparo vigente, habida cuenta de que ninguna autoridad puede erigirse con ese carácter; en el entendido, de esta determinación no implica que la autoridad vinculada desatienda el requerimiento que le fue realizado para que cumpla con la sentencia protectora, dado que dicha inobservancia, independiente de la inexistencia del superior jerárquico, es susceptible de sancionarse. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad ejecutora mencionada con antelación, para que le ordene a cumplir con el fallo protector. Con el apercibimiento para ambas autoridades que de no demostrar que dieron cumplimiento a la ejecutoria, se les impondrá, a cada una, la multa que señala el artículo 258, de la ley de la materia, consistente en cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en dos mil quince, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Destacando que si al momento de recibir el presente requerimiento los titulares del cargo de las señaladas autoridades responsables, sean personas distintas al momento de la interposición de la demanda de amparo, serán consideradas autoridades sustitutas y deberán informar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento al fallo en ejecución, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellas; asimismo se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Además de lo anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 192 de la ley de la materia; es decir, se remitirán los autos por competencia delegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, de conformidad con lo dispuesto apartado cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, pronunciado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos del diverso numeral 107, fracción XVI de nuestra Carta Magna, que puede culminar en la destitución del cargo respectivo y la correspondiente consignación.
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