Ángeles Beatriz Nevarez Corona
Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/08/2022
Partes del expediente
- Ángeles Beatriz Nevarez Corona
- Secretario de Salud del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México, exhibe copia del registro de vacunación de fecha veintiocho de junio pasado, a efecto de que el menor hijo de identidad reservada con iniciales A. G. V. M. fuera vacunado el quince de julio de dos mil veintidós, con la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra el virus Sars-Cov2, asimismo, solicita se requiera a la parte quejosa exhiba el comprobante de registro como voluntario para la vacuna patria. Circunstancias de las que se toma conocimiento. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que el presente juicio de amparo inició con motivo de la demanda presentada por Ángeles Beatriz Nevarez Corona, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales A.G.V.N., contra el acto del Secretario de Salud del Estado de México, consistente en: La negativa por parte de las autoridades responsables en aplicar la vacuna BioNTechPfizer contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19, al niño de identidad reservada con iniciales A.G.V.N. Así las cosas, es de precisarse que al día de la fecha dicho menor cuenta con doce años. Luego, resulta un hecho notorio para este Juzgado, el cual puede ser invocado de oficio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, que en mediante auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente asunto, se tuvo por recibido el oficio sin número, mediante el cual, el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México, remitió las constancias que acreditan la aplicación de la primera dosis al menor de iniciales A.G.V.N. Además, cabe precisar que al día de la fecha no se tiene constancia que acredite la segunda aplicación de la dosis aplicadas al menor en comento. No obstante lo anterior, es un hecho notorio que las autoridades sanitarias y, en particular, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, ha informado que se tomó la decisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación a las personas menores de doce en adelante sin comorbilidad alguna; y que a partir del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el pre registro para dichas personas. Lo anterior, se corrobora con el oficio de cuenta y con la información consultada en esta fecha por el Secretario que asiste y da fe, respecto del contenido de la información difundida en las redes sociales oficiales del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, así como en la página oficial https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que, efectivamente, se abrió el registro para los menores de doce años o más sin comorbilidad alguna. De manera que es un hecho notorio que el grupo etario de personas menores de edad de doce años ya pueden ser vacunados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así las cosas, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar esa actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia en cita no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgado estima lo anterior, en relación al menor quejoso de iniciales A.G.V.N., se ve satisfecha la pretensión de la parte quejosa en el sentido de que se les incluyó dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Por lo que, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a incluirlos dentro de dicha Política Nacional de Vacunación a las personas menores de doce años. Empero, como se precisó, la autoridad administrativa ya efectuó dicha acción; máxime que como la parte promovente de amparo lo señala, la persona menor de edad de que se trata goza de buena salud; por lo que se encuentra en los supuestos previstos por las autoridades sanitarias; por lo que se demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado. Así, es evidente que la omisión de incluir al quejoso menor de edad que tiene doce años, dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunado contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que la autoridad responsable ya incluyó al grupo etario al que pertenece la parte quejosa en la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunada contra el virus SARS-CoV-2, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable; y como consecuencia de lo anterior, pueden acudir a ser inoculados con la dosis respectiva. En ese sentido, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en este auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se deja sin efectos en atención a lo expuesto en esta determinación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que se encuentra prevista para celebrarse la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó mediante auto de doce de agosto del año en curso; sin embargo, de las constancias que integran los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, del proveído de trece de julio, se advierte que el quince de julio de dos mil veintidós, se programó la jornada de vacunación a efecto de que el menor de edad de identidad reservada con iniciales A.G.V.N., fuera inoculado con la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 contra la COVID-19. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, a efecto de que, en un término de tres días legalmente computados, informe si dentro de esa jornada de vacunación, aplicó al menor quejoso la segunda dosis de la vacuna de referencia, y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, haciendo énfasis en que sigue subsistente el apercibimiento al que fue conminado en fecha trece de junio actual. Asimismo, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se requiere a la parte quejosa, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, informe a la brevedad posible la aplicación de la segunda dosis de la vacuna antes citada, y exhiba el original del comprobante de vacunación de la directa agraviada; circunstancia que podrá hacerla de conocimiento al correo electrónico institucional de este Juzgado de Distrito 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. Finalmente, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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MESA VII. Toluca, Estado de México, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del presente juicio, evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de la fecha. Ahora bien, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, los cuales pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo cual se afirma con las consideraciones que rige la Tesis de jurisprudencia XXLL J/2, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo segundo Circuito, publicada en la página 295 del tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS IVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por lo que, se cita como hecho notorio el auto de trece de junio del año en curso, dictado en el incidente de suspensión relativo al presente juicio, en el cual, se tuvo al apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, en esencia informando que el pasado quince de julio del año en curso, se procedería a la aplicación de la segunda dosis con el biológico Pfizer-BioNTech. En ese sentido, solicítese a la peticionaria de amparo, para que de ser el caso de que ya cuente con la segunda dosis de la vacuna en comento del menor de edad de identidad reservada con iniciales A.G.V.N., remita las constancias correspondientes o en su caso manifieste su imposibilidad para hacerlo, apercibida que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, para que en un término de veinticuatro horas legalmente computadas, remita el comprobante de vacunación correspondiente; en el entendido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las catorce horas del treinta de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, uno de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta (con anexos), por medio del cual, el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México, rinde su informe justificado dentro del presente juicio de amparo. Por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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