Angela Solís Gómez

Expediente 808/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
808/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Angela Solís Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso de ***parte quejosa en este juicio de amparo, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda de amparo. En tal virtud, conforme al numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dígase a la parte quejosa que se autoriza la devolución de los documentos que refiere, previa copia de las mismas se dejen en autos para constancia legal; asimismo, se tienen como autorizadas para recibirlas a las personas que menciona, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Visto la demanda de amparo de ***, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 808-2017-III. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues, en primer término en este asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. En la demanda de amparo la promovente señaló como acto reclamado el siguiente: "La negativa de la autoridad responsable contenida en el Oficio Número ***, de fecha 05 de julio del año 2017, expedido por el C. Licenciado César Alejandro Cancino López, Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Hospital del Issste Delegación Chiapas con sede en esta ciudad, de concederme mi correspondiente jubilación a la que tengo derecho como docente dependiente de la Subsecretaría de Educación Federalizada, de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Chiapas". En efecto, de lo transcrito y del contenido integral de la demanda de amparo, este Órgano de Control Constitucional advierte, en atención a que la litis que plantea la promovente versa sobre el contenido del oficio ***, de cinco de julio de dos mil diecisiete, en el que le negaron el derecho a recibir la concesión de pensión por jubilación toda vez que no reúne los requisitos que la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requiere para efectos de conceder dicha pensión como lo es una edad de cincuenta y dos años, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad, que en el caso en estudio, queda notoriamente evidenciado, que se actualiza de manera indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El texto del precepto trascrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por los tribunales distintos a los judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por los actos de autoridad soslayaran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de las autoridades comunes. La quejosa reclama la determinación contenida en el oficio ***, de cinco de julio de dos mil diecisiete, en el que le negaron el derecho a recibir la concesión de pensión por jubilación toda vez que no reúne los requisitos que la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requiere para efectos de conceder dicha pensión como lo es una edad de cincuenta y dos años, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad. Ahora bien, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establecen: "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia". En ese orden de ideas, se precisa que las órdenes y acuerdos por medio de los cuales se conceda, niega, suspenda, modifique, revoque o reduzca la jubilación o pensión, optativamente son impugnables por medio del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o por medio del juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, previo a acudir a la instancia de control constitucional, la quejosa debió haber agotado los medios de defensa ordinarios que tenía a su alcance, a saber el recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o el juicio contencioso administrativo de conformidad con lo establecido por el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Sala de Justicia Fiscal y Administrativa. De ahí que, si la promovente reclama la determinación contenida en el oficio ***, de cinco de julio de dos mil diecisiete, en el que le negaron el derecho a recibir la concesión de pensión por jubilación toda vez que no reúne los requisitos que la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requiere para efectos de conceder dicha pensión como lo es una edad de cincuenta y dos años, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad, previo a la promoción del juicio de amparo, debió de haberla impugnado a través de los medios ordinarios de defensa citados en supra líneas, en virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Además, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado tal y como se observa del numeral 28 de la misma, que dispone: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Del referido numeral se desprende, que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, puede apreciarse que tanto el artículo 28 analizado, como la Ley de Amparo establecen que la medida solicitada durante la substanciación del juicio, tiene efectos hasta que se dicte sentencia definitiva que lo resuelva, y el primero ya no obliga a ofrecer garantía únicamente mediante billete de depósito o póliza de fianza para reparar posibles daños y perjuicios, ni que esos medios de garantía se expidan a favor de las partes demandadas. Además, el precepto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que regula la suspensión del acto impugnado, del mismo modo que la Ley de Amparo, no condiciona el otorgamiento a la exposición de las razones para solicitarla, ni a la explicación de los perjuicios que se causarían; y la exigencia que regía previamente, en el sentido de que sólo procedía la medida cautelar ante la manifiesta ilegalidad del acto impugnado. De ahí que, como se dijo, el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Tampoco se actualiza la causa de excepción relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación; esto es así, porque el oficio reclamado no es impugnado por carecer de la cita de los preceptos legales aplicables, sino que sus conceptos de violación los dirige al porque considera violatorio de sus derechos fundamentales el hecho de que le fuera negada su pensión por jubilación. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***; y, en términos restringidos del citado numeral a ***, toda vez que al realizar la búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no se encontró registrada la cédula profesional de la citada autorizada, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c) y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 8 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la atención de la precitada ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, omítase la publicación de sus datos personales. Finalmente, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.

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