Angela Perez Tenango

Expediente 2238/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2238/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2016

Partes del expediente

  • Angela Perez Tenango
  • Paula Morales Marin

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente ***, hubiese recurrido el auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en apoyo a este órgano jurisdiccional el treinta de octubre de dos mil quince, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese a los autos los cuadernos derivados del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte queno tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su segundo punto resolutivo se concedió la medida cautelar definitiva; por tanto, consérvense todas las resoluciones relativas al otorgamiento de dicha interlocutoria así como la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Ahora bien, toda vez de que, obra en la caja de valores de este Tribunal Federal el billete de depósito número **, expedidos a nombre del quejoso Emmanuel Ramírez Ham, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $**lo anterior, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a la parte tercera interesada para los efectos legales procedentes. Más aún que no contiene información reservada, sin embargo, toda vez que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, a fin de acatar lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, del Acuerdo General en consulta, requiérase a la quejosa, para que en cualquier día y hora hábiles, se presente por conducto de quien legalmente la represente, debidamente identificado con credencial vigente, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, ubicadas en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, de esta ciudad, a fin de que se le haga la devolución de dicho documento. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger el documento original exhibido, los mismos podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la partes.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ángela Pérez Tamango, Teodora Cabrera Martínez, Maricela Hernández Cabrera, Paula y Rosalba, ambas Morales Marín, contra actos del Regidor de Hacienda del Municipio de Tepalcingo, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 2238/2015-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del libelo de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 en relación con el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- Precise la fecha y forma exactas en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues se limita a precisar los antecedentes del mismo, sin hacer mención respecto de esa data. Encuentra apoyo en la tesis III.3o.C.76 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Mayo de 1994 de la Octava Época, visible en la página 427, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin conocerse ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." Por lo anterior, se le informa a la parte quejosa las penas en que pueden incurrir las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia I.4o.C. 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." SEGUNDO.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesten los hechos que constituyan todos los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior en razón de que nada expusieron al respecto y para poder proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es necesario saber en qué consiste el acto reclamado, su descripción y todos sus antecedentes. TERCERO.- Asimismo, deberá exhibir cuatro copias de su escrito aclaratorio, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: a) una para la autoridad señalada como responsables; b) una para la Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado; y, c) dos para la apertura del incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y nueve, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en un lugar de este Juzgado de Distrito; lo anterior, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Tiene de aplicación la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 1067, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos a Roberto Cruz Cruz, en razón de que no acredito tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, de fecha nueve de agosto de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre del mismo año. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos licenciado Salvador Hernández Hernández, quien actúa con el Secretario Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, que autoriza. Doy fe.

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