Angela Mendez Ulloa
Expediente 1311/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Angela Mendez Ulloa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer ante este Juzgado Primero de Distrito el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de dicha ley, contra el proveído de veinte de septiembre del presente año, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, promovido por ***, contra actos de la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, sin que la parte interesada hubiere ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y, que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: Este sumario es destruible, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción. El presente expediente carece de relevancia documental. En la carátula del sumario anótese la circunstancia que es destruible, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio suscrito por la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias emitidas dentro del expediente administrativo 013/2018-S-1; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Atento a su contenido y toda vez que del estado que guardan los presentes autos se advierte que en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado, el siguiente: "4.- ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. a).- La omisión de acordar la contestación de demanda, dentro del expediente número 013/2018-S-1, donde se ventila el juicio Administrativo promovido por la quejosa en contra del hoy tercero interesado y así continuar la secuela procesal, afectando las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14 y 17 de la Ley Fundamental del País". En ese sentido, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Por tanto, al cesar los efectos de ese acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si ésta nunca se hubiera realizado, lo que actualiza la improcedencia del juicio debido a que la quejosa se ve restituido en los derechos que se estiman infringidos con el acto reclamado, y en consecuencia innecesario entrar al examen de su constitucionalidad, en tanto que perseguiría lo que se ha logrado con la cesación de efectos. En el caso, de la lectura integral de la demanda se deduce que el motivo del reclamo de la parte quejosa, es la omisión de acordar la contestación de demanda, presentada ante la responsable por la parte demandada, dentro del expediente 013/2018-S-1. Sin embargo, de las constancias que la responsable adjuntó como justificante de su informe, se desprende que por auto de tres de los corrientes, acordó respecto de la contestación de demanda, dentro del expediente número 013/2018-S-1; lo cual se notificó a la actora aquí quejosa por conducto de su autorizado el siete de septiembre siguiente, de lo que se colige, que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto dos mil dieciocho), cesaron los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que se ha extinguido el estado de inactividad que reclamaba la impetrante de amparo; sin que lo anterior implique el análisis de la legalidad del acto reclamado a la responsable. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la ley de la materia, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Por lo que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico. No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno, bajo el índice ***, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN Y AUDIENCIA Con apoyo en los artículos 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda; sin integrarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la ley de la materia, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los numerales 116 y 117 del citado ordenamiento legal, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, únicamente copia certificada de las constancias legibles relacionadas con el acto que se reclama en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Indíquese a la autoridad responsable que la ley en aplicación, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multárseles con cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio o en su caso omitan referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11. De igual forma, comuníquesele que se sancionará con dicha multa, en términos del artículo 245 de la ley en aplicación, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. IMPROCEDENCIA Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 16 del citado ordenamiento, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento de la quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. SE RESERVA EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA Se reserva proveer respecto de la parte tercera interesada hasta en tanto se cuente con el informe que rinda la autoridad responsable ordenadora. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, del citado ordenamiento, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda y del presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de derechos fundamentales, elevado a rango de derecho constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta y en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a *** y ***, por encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente en términos restringidos de los citados artículos a *** y ***, por no tener registradas sus cédulas profesionales en dicho sistema. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a la autoridad responsable, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." MEDIOS DIGITALES Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente la parte promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. Conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena al Secretario de este Juzgado encargado del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Asimismo, atento a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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