Ángela Mendez Tzontecomani

Expediente 201/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
201/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Ángela Mendez Tzontecomani
  • Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar éstos en autos.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Destruible. Se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, POR HABERSE NEGADO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. Plazo de conservación. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el cuaderno original del incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destruible. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase el duplicado del cuaderno incidental dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Autoridad informa. Agréguese a los autos el telegrama referido en la cuenta secretarial, remitido por Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato; atento a su contenido, en cumplimiento al proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, informa que mediante oficio 1303, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer de Tlaxcala, ordenó la libertad bajo protesta del aquí quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, únicamente por lo que respecta a la causa penal 66/2011. En consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXII, ambas de la Ley de Amparo, pues por una parte, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en el castigo, incomunicación aislamiento, tormento Psicológico y maltratos físicos, se han consumado de manera irreparable, y por otra, en lo atinente a la orden de traslado, subsiste pero no puede surtir efecto legal o material alguno. A fin de comprender mejor dicha afirmación, conviene hacer relación de los antecedentes que se desprenden de las constancias e informes que obran en el juicio de amparo, y son los siguientes: 1. Por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de marzo de dos mil veinte, Ángela Méndez Tzontecomani, en representación de Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, demandó el amparo y protección de la justicia federal, por los actos y autoridades siguientes: IV. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como tales: Ordenadora. 1.-Resulta ser el Ciudadano Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala (.). Ejecutoras. 1.-Resulta ser el Ciudadano Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala. 2.-Comandante encargado de la custodia de Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, encargado del dormitorio dos del área de sentenciados, estancia 22 y área de castigo del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala (.) De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo la orden de someter a el C. Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl a castigo, incomunicación aislamiento, tormento Psicológico y maltratos físicos, que ha ordenado en contra del C. Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl y además reclamo la INMINENTE ORDEN Y AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DEL CENTRO ESTATAL PREVENTIVO O CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE TLAXCALA. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el cumplimiento que le están dando a la orden de someter a Castigo incomunicación aislamiento, tormento Psicológico y maltratos físicos, que han ordenado en contra del C. Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl y además reclamo la INMINENTE ORDEN Y AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DEL CENTRO ESTATAL PREVENTIVO O CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE TLAXCALA. (Sic). 2. Mediante oficio recibido mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veinte, el Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, informó que en esa fecha el quejoso directo Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Doce (12), "CPS Guanajuato. 3. Del informe relativo a la suspensión de plano rendido por Armando García Muñoz en su carácter de Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, y por Máximo Zempoalteca Zempoalteca en su carácter de Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, se aprecia que ambas negaron el acto reclamado consistente en el castigo, incomunicación, aislamiento, tormento psicológico y maltratos físicos, en contra del quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, lo anterior en razón de que ambas autoridades refirieron que a las ocho horas con cincuenta y un minutos del ocho de marzo de dos mil veinte, fue trasladado del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala, al diverso Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato. 4. Seguida la secuela procesal, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dio vista al quejoso de mérito, para efecto de ampliar su demanda de amparo respecto los actos y autoridades responsables siguientes: Autoridad: Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Acto reclamado: La resolución tomada en acta de sesión extraordinaria 10/2020, de cuatro de marzo de dos mil veinte, por virtud de la cual se ordenó su traslado. Autoridad: Director General de Ejecución de Sanciones en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Titular de la Coordinación General de Centros Federales y del Coordinador General de Prevención y Readaptación Social (por auto de tres de noviembre de dos mil veinte se aclaró que su denominación correcta lo era Comisionado Prevención y Readaptación Social). Acto reclamado: El oficio SSPC/PRS/04139/2020 de siete de marzo de dos mil veinte, por el que se autorizó el traslado e ingreso del quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato. Autoridad: Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato. Acto reclamado: La ejecución de la orden de traslado. Autoridad: Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Acto reclamado: La calificación judicial de la orden de traslado administrativa, dictada mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 66/2011, que se le instruye al quejoso por el delito de violación y robo calificado. 4. Así las cosas, mediante auto de siete de octubre de dos mil veinte, se tuvo al quejoso de referencia ampliando su demanda de emparo por los actos y autoridades precisadas en el párrafo que antecede, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus respectivos informes justiciados. 5. Asimismo, mediante auto de tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a Patricia Tello Morales, representante del quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, ampliando su demanda únicamente por los conceptos de violación que formuló respecto de los actos y autoridades precisados en el auto de siete de octubre del presente año, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus respectivos informes justiciados. 6. Por otra parte, mediante auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, devolvió, sin diligenciar el exhorto 913/2020-II (orden 1209/2020), de su índice, derivado del diverso 179/2020-VI, mediante el cual se ordenó practicar una diligencia de carácter personal al directo quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, exponiendo en la respectiva razón actuarial de tres de diciembre de dos mil veinte, suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, que al pretender llevar acabo la notificación en comento por el método alternativo denominado videoconferencia, la abogada penitenciaria Dulce María Menéndez Cortés, le informó que mediante oficio 13849/20, el veintisiete de noviembre del año en curso, el quejoso de mérito obtuvo su libertad bajo protesta. 7. Así pues, mediante el citado acuerdo se requirió a las autoridades responsables Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, para que informaran sobre la concesión del beneficio de libertad bajo protesta concedido al quejoso. 8. Finalmente, mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por el que informó que dentro de la causa penal 66/2011, de su índice, por acuerdo dictado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, decretó la libertad bajo protesta del sentenciado Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl. En mérito de lo anterior, conforme a los antecedentes narrados, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXII, ambas de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Se dice que es improcedente el juicio de amparo; pues por lo que hace al acto reclamado consistente en el castigo, incomunicación aislamiento, tormento psicológico y maltratos físicos que refirió Ángela Méndez Tzontecomani, en representación de Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, que atribuyó al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala y al Comandante encargado de la custodia del dormitorio dos del área de sentenciados, estancia veintidós y área de castigo, acontecieron hasta las ocho horas con cincuenta y un minutos del ocho de marzo de dos mil veinte, momento en que egresó de ese centro de reinserción para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Doce (12), "CPS Guanajuato Es decir, si el quejoso presentó su demanda de amparo a las once horas con cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veinte, según la certificación secretarial que obra el reverso de la demanda, se sigue que para la presentación de la demanda ya se habían consumado dichos actos de castigo, incomunicación aislamiento, tormento psicológico y maltratos físicos que refiere el quejoso. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Ahora, respecto la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, del cual se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando aun subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que legitiman a éste para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos humanos que un determinado acto de autoridad o resolución genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Sin embargo, la instancia del juicio de amparo se encuentra supedita al cumplimiento de diversos requisitos de procedencia que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del ciudadano que obtenga la protección constitucional y así restituirlo en el goce del derecho transgredido. En ese tenor, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la citada fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos que se estimó violados o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Estas consideraciones fueron sustentadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el mismo sentido se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En ese orden de ideas, en la especie se advierte que el quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, señaló como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato y su legal calificación; en ese sentido de los autos se advierte que el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la causa penal 66/2011, de su índice, por acuerdo dictado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, decretó la libertad bajo protesta del quejoso de mérito, motivo por el cual, en el caso es incuestionable el objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente; es decir, claramente se advierte que si bien subsiste la orden de traslado, pues a la fecha el órgano jurisdiccional responsable no ha emitido acuerdo relativo a su cancelación, lo cierto es, que como lo manifestó la autoridad responsable -Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer-, decretó la libertad bajo protesta del quejoso, de ahí, es evidente, ha dejado de existir el objeto de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIX.1o.11 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 2715, Libro 64, Marzo de 2019 Tomo III, con numero de registro 2019403, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio con anexo referido en la cuenta secretarial, signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, e informa que dentro de la causa penal 66/2011, de su índice, por acuerdo dictado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, decretó la libertad bajo protesta a favor del sentenciado Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, y señalo las trece horas del treinta de noviembre del año en curso, a efecto de que compareciera ante ese órgano jurisdiccional para que le fuera tomada la protesta de ley, lo que así aconteció; lo cual acredita con las constancias que anexó a su oficio de cuenta consistentes en copias certificadas del auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, así como del acta circunstanciada referida. En consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de mérito y remitiendo como pruebas las documentales que anexa a su oficio de cuenta las cuales se admiten y se desahoga por su propia y especial naturaleza, misma que será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que en el término de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. Se agrega exhorto sin mayor trámite. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para obre como corresponda el oficio con anexo referido en la cuenta secretarial signado por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por medio del cual devuelve, sin diligenciar el exhorto 902/2020-I (orden 1190/2020), de su índice, derivado del diverso 176/2020-VI, en razón de que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se acordó lo conducente.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se requirió al Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a efecto de que informara si en la causa penal 66/2011, de su índice, instruida a Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, decretó su libertad bajo protesta, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que así lo acrediten, asimismo, se requirió al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, a efecto de que dentro el término de tres días informara qué órgano jurisdiccional ordenó la libertad bajo protesta del quejoso Jesús Méndez Tzontecomani y/o Jesús Tzontecomani Teoyotl, quien se encontraba interno en ese Centro Federal de Readaptación, mediante el oficio 13849/2020. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que se cumplimente lo anterior y, de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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