Angela Leon García
Expediente 853/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Angela Leon García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó por una parte y negó por otra el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se sobreseyó por una parte y por otra se negó la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el siete de octubre de dos mil diecinueve se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 853/2019, promovido por ÁNGELA LEÓN GARCÍA, en contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si la baja de la quejosa por culminación de su nombramiento como Agente Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, trasgrede los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ángela León García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La peticionaria de la tutela federal, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado, donde quedó registrada con el número 853/2019 y fue admitida el veintisiete de septiembre siguiente; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito. y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que la quejosa reclama, lo siguiente: AUTORIDAD ACTO U OMISIÓN Fiscal General del Estado de Oaxaca La determinación contenida en el oficio FGEO/OM/2541/2019, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el cual le informan la culminación del nombramiento que le fue expedido por tiempo determinado como agente Estatal de Investigaciones. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca La determinación contenida en el oficio FGEO/OM/2541/2019, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el cual le informan la culminación del nombramiento que le fue expedido por tiempo determinado como agente Estatal de Investigaciones. Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca El dictamen contenido en el oficio FGEO/DAJ/775/2019. Sobre ese tópico, es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. INEXISTENCIA DE UNOS ACTOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa exhibiera prueba alguna en contrario; en consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada del acto atribuido a dicha autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio. Tiene aplicación también a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 1028, visible en la página 708, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pues así se desprende de la lectura de sus informes justificados y se corrobora con las documentales que obran en el sumario, en las que consta que la primera de ellas suscribió el oficio FGEO/OM/2541/2019, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se informó a la quejosa la culminación del nombramiento que le fue expedido por tiempo determinado como agente Estatal de Investigaciones y la segunda de ellas, el dictamen donde se detallan las condiciones de su nombramiento. Por tanto, se tienen como ciertos tales actos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Quinta Época, cuyo rubro es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. QUINTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no haberse invocado causales de improcedencia por las partes que amerite ser estudiada, y toda vez que este Juzgador Federal no advierte de oficio alguna, lo procedente es analizar el fondo de la cuestión debatida, para lo cual, se tienen por reproducidos en este considerando los conceptos de violación formulados por la quejosa en obvio de repeticiones innecesarias, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, habida cuenta que ello no impide su análisis en los términos que fueron planteados; con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEXTO. ESTUDIO. Previo al análisis del fondo del asunto, procede realizar una síntesis de las constancias que lo informan, para mejor comprensión, las que tienen valor probatorio pleno, al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio y de las que se evidencia lo siguiente: 1. El dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, otorgó a la hoy quejosa ÁNGELA LEÓN GARCÍA, un nombramiento de confianza por designación especial por el término de tres meses y quince días, como agente Estatal de Investigaciones. 2. Mediante oficio FGEO/OM/2471/2019, el oficial mayor solicitó al director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la emisión de un dictamen en relación a los efectos del nombramiento concedido a ÁNGELA LEÓN GARCÍA. 3. En respuesta a dicha solicitud, el doce de septiembre de dos mil diecinueve, el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, emitió el dictamen FGEO/DAJ/775/2019, en el que hizo saber al oficial mayor de dicha dependencia que atendiendo al nombramiento de personal de confianza por designación especial concedido a la hoy quejosa, así como a la temporalidad determinada de éste, aunado a lo establecido en los artículos 29 y 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 24 fracción X, 28 fracciones IV y XVIII de su reglamento, cuenta con facultades para dar por terminada la relación administrativa con ésta. 4. Mediante oficio FGEO/OM/2541/2019, el citado oficial mayor, comunicó a la hoy quejosa la conclusión de su nombramiento por tiempo determinado. Las dos últimas determinaciones, se señalan como acto reclamado por la quejosa. En contra de dichos actos, aduce la impetrante del amparo, que las autoridades responsables violentan en su perjuicio los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Que al haberla removido de su cargo de forma injustificada, por término de nombramiento, se incumplen las condiciones establecidas en dicho acto condición, dada su naturaleza administrativa; pues señala, que la separación injustificada decretada en su contra, se realiza sin motivo ni fundamento alguno, y sin que se instaurara el correspondiente procedimiento de separación o remoción. Tales motivos de agravio son infundados. En primer término, es importante señalar que de conformidad con lo previsto en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes, por lo que las relaciones que mantienen no son "contratos de trabajo", sino que ostentan una naturaleza que en el derecho administrativo se denomina "acto condición". En efecto, los nombramientos que se otorgan a este tipo de servidores públicos, no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Se trata de un acto en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento; cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se considera un acto condición. Por ende, dicho acto representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, generalmente de forma escrita, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordinan su valor y subsistencia, según corresponda. Esto es, dicho acto no puede crear ni variar la situación que establece dicho estatuto legal y que además permite la modificación de éste en cualquier momento sin necesidad del consentimiento del empleado es, como se dijo, el acto condición. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 40, Primera Parte, página 17, de rubro y texto siguientes: "EMPLEADO PUBLICO, NATURALEZA DE LA SITUACION JURIDICA DEL, CON RESPECTO A LA ADMINISTRACION. CONSECUENCIAS. Las consecuencias del carácter legal de la naturaleza de la situación jurídica del empleado público con respecto a la administración, son: I) El empleado público tendrá frente a la administración, en cada momento, los deberes y derechos descritos en las leyes que regulan su régimen jurídico; 2) Tales derechos y deberes subsistirán en cuanto no se modifiquen las normas que lo establecen, modificación a la que no pueden oponerse los empleados públicos; 3) El régimen establecido con carácter general en la ley no podrá ser fijado por la administración en beneficio o en perjuicio de alguno de los empleados públicos, en virtud del principio de legalidad; 4) Si la administración desconoce la situación descrita en la ley referida de los empleados públicos, sus actos podrán ser impugnados". De igual forma resulta ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 108/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, del mes de enero de dos mil once, página 168, cuyo contenido literal es el siguiente: "EMPLEADOS PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA EN CARGOS PÚBLICOS CUYOS NOMBRAMIENTOS SE EXPIDEN COMO ACTOS CONDICIÓN, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Quienes pretenden ingresar a un cargo público y quienes, ya en el mismo, deseen permanecer en éste, no se colocan en una misma situación. Esto puede valorarse al observar las diferencias entre los requisitos de ingreso, que deben cubrirse para tener acceso a diferentes cargos públicos y se encuentran establecidos en las normas aplicables vigentes en el momento del acceso al cargo, y los requisitos de permanencia; conforme a éstos, si después del ingreso, el interesado desea continuar en el desempeño de la misma función, deberá observar las condiciones para la subsistencia del acto administrativo de nombramiento que, por esta razón, debe considerarse un acto condición. Ahora bien, si la expresión permanencia significa mantenerse sin mutación o cambios en una misma posición o lugar que se ocupa, una persistencia en un estado o calidad que se representa por una duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad o estancia, es claro que se trata de un concepto que actúa hacia el futuro y siempre con posterioridad al ingreso. Es decir, la permanencia, por sí sola, no puede actuar hacia el pasado ni afectar situaciones que podrían llegar a constituir derechos adquiridos, por referirse a acontecimientos que necesariamente se presentarán en tiempo futuro y cuyo contenido sólo podrá ser satisfecho al porvenir. Sin embargo, conforme al principio de irretroactividad de la ley contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el problema de los efectos de una ley en su ámbito temporal de validez descansa en la diferencia entre un efecto inmediato y otro retroactivo, por lo que resulta inconcuso que los requisitos de permanencia no pueden verse afectados por dicho principio constitucional, ya que éstos tienen efectos sobre situaciones en curso y hacia lo que pudiera ser próximo, pero no sobre situaciones pasadas; esto es, los interesados podrán continuar en el desempeño del cargo siempre que satisfagan los requisitos previstos en todas las disposiciones vigentes durante el encargo y las demás que estén por sobrevenir. Por tanto, los requisitos de permanencia no violan el principio de irretroactividad de la ley, ya que en tales supuestos no se afectan situaciones anteriores de la persona que desea continuar en el cargo y, por lo mismo, no se le priva de derechos adquiridos conforme a una ley anterior; no obstante, lo anterior está referido exclusivamente a las características abstractas de una ley, con independencia de la forma específica de actuación de la autoridad encargada de observar el cumplimiento de la norma, lo cual sólo podrá valorarse en cada caso concreto" Asimismo apoya lo expuesto, por razón de identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 104/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, de enero de dos mil once, página 371, de rubro y texto siguientes: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO "ACTOS CONDICIÓN". Los nombramientos a cargos públicos, como los de Policía Federal Ministerial, representan actos administrativos condicionados, también conocidos como "actos condición", en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato, porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Por ende, se trata de actos diversos en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del acto administrativo del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, de manera que esta modalidad representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona necesariamente con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordina tanto el valor como la subsistencia del acto. Por tanto, los nombramientos de los agentes policiales, siendo actos condición, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo esa expulsión el fin constitucional perseguido con la introducción de esa regulación, concretada mediante el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, en cuya exposición de motivos se mencionó que era necesario establecer bases constitucionales para un régimen protector de los empleados al servicio del Estado en términos semejantes -no iguales- a los previstos en el apartado A, por una parte, pero con la precisión, por la otra, de que de dicho estatus se haría la exclusión expresa de cuatro grupos: militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, lo que a la fecha permanece a pesar de las reformas constitucionales posteriores". Ahora bien, los artículos 28, 29, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que rigen el acto reclamado, establecen: Artículo 28. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General, los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación y los peritos que formen parte del Servicio, serán de carácter administrativo y se regirán por lo dispuesto en la fracción XIII apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, en la Ley General, en la presente Ley Orgánica, en el Reglamento del Servicio y en las demás disposiciones aplicables. Si la separación o remoción del Servicio fuera injustificada, la Fiscalía General sólo estará obligada a pagar indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación. En el caso de los facilitadores de la Fiscalía General, formarán parte del Servicio a que alude la presente Ley Orgánica, salvo los que sean nombrados por designación especial. Artículo 29. En atención a la naturaleza de las funciones que tiene a su cargo la Fiscalía General, los demás servidores públicos distintos a los señalados en el artículo 28 de esta Ley Orgánica que presten sus servicios en la misma, incluyendo al personal de designación especial, serán considerados trabajadores de confianza para todos los efectos legales, por lo que únicamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y el personal a que se refiere este artículo serán de carácter laboral, por lo que cualquier controversia relacionada con la protección al salario y los beneficios de seguridad social que se suscite con motivo de dicha relación será resuelta por las instancias competentes, conforme a las disposiciones aplicables. Artículo 36. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Fiscal General, de conformidad con el Reglamento, podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de agentes del Ministerio Público, policías de investigación de la Agencia de Investigación, peritos y facilitadores. Se entiende por designación especial, el nombramiento que hace el Fiscal General de los elementos antes señalados, dispensando la convocatoria en su caso, así como el requisito de concurso de ingreso y selección, debiendo satisfacer los demás requisitos que refieren los artículos 44, 45 y 46 de la presente Ley Orgánica para ingresar al Servicio, respectivamente. Las personas nombradas por designación especial no serán consideradas como miembros del Servicio. Artículo 37. En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento por designación especial, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que refiere el Capítulo IX del Título Tercero de esta Ley Orgánica Del contenido integral de los citados numerales, se puede establecer válidamente la facultad con que cuenta el Fiscal General del Estado, para otorgar nombramientos por designación especial de agentes del Ministerio Público, policías de investigación de la Agencia de Investigación, peritos y facilitadores, a quienes no se les requerirá el requisito de concurso de ingreso y selección, y a quienes en cualquier momento se les podrá dar por terminados los efectos del nombramiento, sin que para ello deba seguirse procedimiento alguno; dicha designación lleva imbíbita la facultad de dar por terminado el nombramiento, lo que conlleva necesariamente el factor de temporalidad aludido. En ese contexto, es factible determinar que la conclusión del servicio profesional de carrera ministerial pueda darse por dos causas: 1. Terminación del nombramiento, o 2. Cesación de los efectos del mismo al actualizarse alguno de los supuestos de incumplimiento. Entonces, es factible concluir que la conclusión del servicio profesional y la culminación del nombramiento, son hipótesis distintas, pues la terminación del nombramiento se da porque finalizó el plazo que se otorgó para desempeñar un cargo; en tanto que, la cesación del nombramiento, interrumpe éste por las razones que en el caso señala la ley. En otras palabras, la terminación se genera por el simple transcurso del tiempo, al llegar el fin del nombramiento, en cambio, la cesación ocurre por virtud de que se incumplen con los requisitos de permanencia, o por baja que acontece por renuncia, muerte o incapacidad permanente, jubilación o retiro. Esto es, para la terminación del nombramiento no es necesario que se incumplan con los requisitos de permanencia o que se dé por renuncia, muerte, incapacidad permanente, jubilación o retiro, puesto que ello lo que ocasionaría sería que el nombramiento cesara, ya que son hipótesis distintas; de ahí que, en contra de lo sostenido por la promovente, no existe la remoción de su cargo que afirma, sino que terminó su nombramiento, cuya situación es distinta. Ciertamente, el nombramiento por tiempo determinado -por su naturaleza misma de acto administrativo condicionado-, se encuentra revestido de legalidad en cuanto a la facultad de la institución que lo expide en esos términos. Máxime que el citado artículo 37 es claro al establecer que en cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento por designación especial, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento establecido en dicha Ley En ese sentido, si a la quejosa se le otorgó el nombramiento de confianza por designación especial por el término de tres meses y quince días a partir del dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, es decir, por tiempo determinado, es inconcuso que el oficio mediante el cual se le comunica la ahora quejosa, la conclusión de su servicio y el dictamen en que se sustentó, se encuentran apegados a la normatividad descrita, sin que ello implique que las responsables estén obligadas a llevar a cabo el procedimiento de separación respectivo, dada la naturaleza del citado nombramiento -por designación especial- toda vez que no se actualizó supuesto de cesación alguno, que originara tal actuación, puesto que como se dijo, el motivo por el que causó baja fue la terminación de su nombramiento, la cual se dio por el simple transcurso del tiempo, razón por la cual no puede considerarse que en la especie se hubiera actualizado alguno de los supuestos de cesación de los efectos de tal nombramiento, por lo que -contrario a lo que señala la inconforme- no da lugar a que las responsables tengan la obligación de llevar a cabo procedimiento de separación alguno, es decir, que se le otorgue derecho a ser escuchada y que se defienda, como lo afirma la peticionaria de la tutela federal. Sobre todo, que los nombramientos de su tipo, representan actos administrativos condicionados, también conocidos como actos condición, en virtud de que dichos nombramientos o investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Por el contrario, se trata de un acto diverso en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento; cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se considera un acto condición. Se destaca lo anterior, pues no debe perderse de vista que quien acude por esta instancia, reclama la conclusión de la relación administrativa que tenía como Agente Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado por designación especial, sin haber sido sometida previamente a un procedimiento administrativo de separación o remoción. Por tanto, como la quejosa no fue cesada, removida o separada de su cargo por alguna causa de las previstas en la ley, sino por la terminación de su nombramiento, no es factible que se le instaure procedimiento alguno, a fin de otorgarle garantía de audiencia y defensa como exige. De ahí que, el hecho de que no se haya instaurado un procedimiento administrativo en contra de la impetrante de amparo no viola las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que la conclusión de su cargo, se reitera, no se debió a una causa de cesación del mismo, sino por la terminación del nombramiento y por ello, no es jurídicamente válido considerar que se trate de una separación injustificada. No pasa inadvertido que tal como lo alega la disidente, el oficio reclamado solo se limitó a señalar la conclusión de su nombramiento, sin que se señale algún fundamento legal o razonamiento especial en que se basó la autoridad para establecer la temporalidad de su nombramiento, pues como ya se estableció, basta el simple transcurso del tiempo fijado para considerar que ese nombramiento cumplió cabalmente con su finalidad dentro de los límites de temporalidad a que fue sujeto, consumando así todos su efectos y por lo demás, aun cuando el nombramiento (o acto condición), por alguna razón se encontrara afectado de nulidad relativa, esa violación necesariamente debió hacerse valer antes de que concluyera el plazo de vigencia fijado, lo que en el caso no aconteció, pues la demanda de amparo se presentó con fecha posterior a su conclusión y por ello, dicho acto condicionado surtió todos sus efectos de temporalidad desde su nacimiento a la vida jurídica hasta su conclusión, desempeñando su función de manera regular, dada la irremediable consumación del cumplimiento total de su finalidad. Consecuentemente, si la indebida fundamentación del nombramiento por tiempo determinado se advierte después de su conclusión, como en el caso acontece, resultan ociosas su anulación y eventual declaratoria de nulidad, pues sobre ello pesa la relevancia de que el acto condición desplegó todos sus efectos y se obtuvo su fin deseado. En las apuntadas condiciones, al haber gozado la hoy quejosa únicamente de nombramiento por tiempo determinado y al haber concluido, por virtud de que éste lo efectúa al poder público con la aceptación del particular, el cual no es un acto unilateral ni un contrato entre partes iguales, sino un acto condición que surge de la concurrencia de dichas voluntades, entonces, así como la duración de la relación laboral no puede quedar sin efecto ni ser reducida unilateralmente por la patronal, tampoco puede ser ampliada por la sola pretensión del servidor público y por tales razones, es evidente que no se violó en su perjuicio derecho humano alguno tutelado por la Constitución Federal, puesto que no acreditó la titularidad del derecho que en el caso estima violado con motivo de la culminación de sus funciones, pues ante la falta de nombramiento vigente, la notificación que se le formuló en el sentido de que a partir del día treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no sería posible que continuara laborando en dicha institución, no es acto que afecte su esfera jurídica de derechos, ya que, en esa medida, no debe considerarse como un acto conculcatorio de derechos laborales el hecho de que se le comunique la fecha de vencimiento de su relación laboral. Por ello, los conceptos de violación en estudio son infundados. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia PC.III.A. J/37 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, página 1227, cuyo contenido literal es el siguiente: "SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DE POLICÍAS VIALES O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, AFECTADOS DE NULIDAD POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, NO PRODUCEN CONSECUENCIAS POSTERIORES A LA SEPARACIÓN DEL CARGO CON MOTIVO DE SU TERMINACIÓN. El nombramiento por tiempo determinado de un policía vial o especialista operativo de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, carece de la debida fundamentación cuando se expide con base en la Ley para los Servidores Públicos de la misma entidad, porque tratándose de una relación de trabajo sujeta al régimen de exclusión previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe fundarse en la legislación especial, que es la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; de ahí que dicho nombramiento (o acto condición), se encuentra afectado de nulidad relativa cuando tiene su origen en aquella legislación general. No obstante, esa violación necesariamente deberá hacerse valer antes de que concluya el plazo de vigencia fijado, pues de lo contrario, dicho acto condicionado surtirá todos sus efectos de temporalidad desde su nacimiento a la vida jurídica hasta su conclusión, desempeñando su función de manera regular, dada la irremediable consumación del cumplimiento total de su finalidad. Consecuentemente, si la indebida fundamentación del nombramiento por tiempo determinado se advierte después de su conclusión, resultan ociosas su anulación y eventual declaratoria de nulidad, pues sobre ello pesa la relevancia de que el acto condición desplegó todos sus efectos y se obtuvo su fin deseado. De igual forma, también es ineficaz el motivo de disenso relativo a que la quejosa tiene derecho a la estabilidad en el empleo, pues como se anticipó, la causa de conclusión del servicio está contemplada en el artículo 83 de la Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; por lo que, al haber sido un elemento operativo de una institución de procuración de Justicia, no puede alegar que la terminación de su nombramiento le afecta en su derecho a estabilidad en el cargo. Así como, la tesis III.7º.A.24 A (10ª.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 54, correspondiente a mayo de dos mil dieciocho, Tomo III, página 2552, de rubro y texto siguientes: "ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO PUEDEN RECLAMAR AFECTACIÓN AL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la relación jurídica entre un ente estatal y los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, es distinta a la de los trabajadores al servicio del Estado, ya que no es laboral, sino administrativa, lo cual tiene su fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es coincidente con los principios del derecho internacional, el cual se ha ocupado ampliamente del trato innovador que modernamente se dispensa a esos servidores públicos. Ahora, derivado de las reformas a esa disposición constitucional, se plasmó la concepción del acto condición, como aplicable a los nombramientos de estos cuatro grupos de servidores públicos, en cuyo contexto, debe considerarse que los policías carecen de varios derechos laborales, entre ellos, el de la estabilidad en el empleo, regularmente considerado como adquirido. Por tanto, los elementos de las instituciones de seguridad pública del Estado de Jalisco no pueden reclamar afectación a derechos adquiridos en su nombramiento, como lo es la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de éste, con motivo de la terminación del plazo para el que fueron designados, máxime que esta causa de conclusión del servicio se encuentra prevista en el artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para dicha entidad federativa". No es óbice a la anterior conclusión la solicitud de la quejosa en el sentido de que se aplique a su favor el principio pro persona, lo cual no resulta viable, pues cabe recordar que el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo. Tales requisitos se hacen consistir en que se señale cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende; se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido; y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional. Sin embargo, en el caso no es factible la aplicación de dicho principio, pues en modo alguno expone la quejosa cuál es la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental que se dice afectado. Lo antes referido encuentra sustento, acorde con las razones por las que se emite, en la jurisprudencia identificada con el número IV.2o.A. J/10 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que puede consultarse en la página 3229 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2010532, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho." En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la quejosa en su demanda de amparo y ampliación de la misma, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal Solicitados. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ÁNGELA LEÓN GARCÍA, contra el acto que reclamó del Fiscal General del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ÁNGELA LEÓN GARCÍA, en contra de los actos que reclamó del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que este juicio se había suspendido el procedimiento con motivo de la queja 209/2020, misma que ya fue resuelta; en consecuencia; se levanta la suspensión procesal en este expediente y se ordena la reanudación del mismo; en el entendido que ello será a partir del punto en que quedó pausado, por lo que no implica su reinicio. Por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. Atento a ello, se fijan las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Luego, agréguese el oficio y la resolución del recurso de queja 209/2020, señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes y acúsese de recibo. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en el Estado de Oaxaca, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Ángela León García, contra el acuerdo que desechó diversas pruebas ofertadas de su parte. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (SE NOTIFICO POR LISTA ALQ UEJOSO)
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