Ángela Jiménez Cruz y Otros.
Expediente 837/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángela Jiménez Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para su debido conocimiento. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se tiene como acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de proveer los escritos de la quejosa presentados el veinticinco de enero y veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en el expediente 1539/2012 (1). Sin que pase inadvertido que la demandante del amparo también señala como acto reclamado la falta de administración de justicia en los términos y plazos establecidos por la ley, para lograr la ejecución del laudo de quince de octubre de dos mil catorce, dictado en el referido expediente 1539/2012 (1); sin embargo, ello no debe tenerse así, toda vez que éste debe limitarse a la omisión precisada en el párrafo anterior, pues se debe concretar en función a la pretensión atribuida y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto en el juicio laboral. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados; sin embargo, manifestó que el once de mayo de dos mil dieciséis, esto es, durante el trámite de este juicio de amparo, se acordaron los escritos que reclama la quejosa, pues ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, para que inscriba en forma gratuita y de manera definitiva, el embargo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, sobre el inmueble ubicado en la calle Cuarta Oriente doscientos veintiuno, colonia Cuauhtémoc, Santa Rosa Panzacola, Oaxaca; así también ordenó girar oficio a la Directora General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con el fin de dar conocimiento del embargo realizado sobre el bien inmueble descrito; proveído que le fue notificado a la quejosa el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en razón de que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, en tanto que, el once de mayo de dos mil dieciséis, con posterioridad a la presentación de la demanda, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictó un acuerdo proveyendo los escritos de la aquí impetrante, presentados el veinticinco de enero y veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en el que determinó girar oficios al Director del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial del Centro, y a la Directora General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, a fin de que el primero inscriba en forma gratuita y de manera definitiva, el embargo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, sobre el inmueble ubicado en la calle Cuarta Oriente doscientos veintiuno, colonia Cuauhtémoc, Santa Rosa Panzacola, Oaxaca, y la segunda, tenga conocimiento del embargo realizado sobre el bien inmueble descrito; lo que le notificó el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada en auto de once de enero de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, teniendo únicamente manifestaciones de la parte quejosa, motivo por el cual, se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad judicial en comento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Domingo Valencia San Pedro, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro: Dejara insubsistente la orden de aprehensión librada en contra del quejoso el veintinueve de junio de dos mil quince en la causa penal 107/2015 de su índice. Hecho lo anterior, dictara una nueva resolución la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en los incisos 1) y 2) del considerando establecido en el fallo. Concesión que se hizo extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Luego, el cuatro de enero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo constitucional, motivo por el cual se requirió al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, (foja 203) dieran cumplimiento al fallo constitucional; por lo que, en diverso auto de siete de enero de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio 31 suscrito por la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, mediante el cual dio cumplimiento al fallo constitucional. Después, por auto de enero de este año, se tuvo por recibido el oficio 87 de la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por medio del cual remitió copia certificada de la resolución emitida el siete de enero de dos mil dieciséis en el proceso penal 107/2015, de la que se desprende dejó insubsistente el diverso mandamiento de captura emitido el veintinueve de junio de dos mil quince, y en su lugar libró nuevamente orden de aprehensión en contra de Domingo Valencia San Pedro como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado con violencia física a las cosas cometido en perjuicio patrimonial de María Elena García López. En consecuencia, este Juzgado procede al estudio sobre el cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por las siguientes consideraciones: No obstante lo anterior, respecto del estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito de robo calificado con violencia física a las cosas, la resolución reclamada presenta diversas irregularidades que dejan sin defensa al aquí quejoso, como se explica a continuación. En este apartado, el juez responsable soslayó indicar qué se demostraba con cada una de las pruebas que reseñó y explicar cómo es que arribó a esa conclusión. Ello, con independencia de que haya indicado el valor probatorio que les otorgaba a las pruebas relacionadas y el porqué de dicha consideración, ya que es indispensable que el juez, al realizar el razonamiento lógico jurídico de su valoración, precise lo que con dichos elementos de prueba se acreditó a fin de que el quejoso esté en posibilidad de conocer los motivos que sustentaron dicha resolución. 2) De igual modo, se advierte que el juez de la causa omitió especificar cuál fue el grado de participación del quejoso en los eventos imputados. Ya que no basta que haya señalado que existían medios de prueba suficientes para deducir la forma de participación del aquí quejoso y otros como coautores materiales, por haber realizado por sí mimos la conducta de apoderamiento que se les imputa. Esto es así, pues el juez del proceso debió establecer qué conducta llevó a cabo el quejoso, es decir, si fue uno de los que rompió la puerta de malla ciclón o la puerta de acceso al inmueble y de qué bienes muebles se apoderó; o, en su caso, si efectuó diversos actos a los mencionados o, todos los anteriores. Por lo tanto, el juez natural soslayó: efectuar una legal valoración de la conducta desplegada por el aquí quejoso en los hechos que se le imputan, expresar el razonamiento jurídico por medio del cual construyó inferencias para llegar a la conclusión a la que arribó e indicar las pruebas con las que tuvo por acreditada la conducta del quejoso. En tales circunstancias, se estima que el juez responsable debió puntualizar qué actos son propios, o no, del aquí quejoso, ello, a fin de proporcionarle seguridad jurídica y no dejarlo en estado de indefensión, al hacer de su conocimiento qué conductas son las que realmente se le atribuyen para el efecto de que esté en posibilidad de defenderse de las imputaciones que se le efectúen. En razón de lo anterior, se considera que la resolución reclamada dejó en estado de indefensión y en incertidumbre jurídica al quejoso, pues carece de la debida motivación que debe prevalecer en los autos de autoridad, específicamente por cuanto hace a la probable responsabilidad que se atribuye al aquí quejoso; de ahí, que dicha determinación se considere violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución. Ahora bien, del examen comparativo que se hace entre la sentencia de amparo y la resolución de siete de enero de dos mil dieciséis, se observa que la autoridad responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal de Domingo Valencia San Pedro en la comisión del delito del robo calificado con violencia física a las cosas cometido en perjuicio patrimonial de María Elena García López, en términos del ordinal 11, fracción III del Código Penal vigente en el Estado, con todos y cada uno de los elementos de prueba reseñados y justipreciados, llegó a la convicción de que siendo aproximadamente las quince horas del veintidós de febrero de dos mil quince, el indiciado junto con otras personas ingresaron de manera violenta al domicilio de María Elena García López, rompiendo la puerta de malla ciclón del inmueble, así como la puerta de acceso al inmueble y para enseguida apoderarse de una planta de luz a gasolina, generador de 1000 watts 120/220v. marca CAT, modelo CAT-24-23368, número de serie C-3733008, de color amarillo con negro así como también se apoderado de un comedor de cedro blanco, diseño estilo POTTERRYBARN, para posteriormente darse a la fuga, como se acreditó primeramente con la denuncia de la ofendida de veintitrés de febrero de dos mil quince, misma a la que le fue conferido valor probatorio de indicio; denuncia que estimó corroborada con las declaraciones de los testigos de cargo Pablo Pedro Velásquez Ramírez y Virgilio Santos Bustamante, testimoniales que adquirieron valor probatorio de indicio; mismas que relacionó con la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos de dos de marzo de dos mil quince, realizada por la autoridad ministerial, a la cual se le otorgó valor probatorio de indicio. Siendo que con los anteriores medios de prueba, llegó al conocimiento de que aproximadamente a las quince horas del día veintidós de febrero de dos mil quince, el indiciado Domingo Valencia San Pedro y otros, de manera violenta penetraron al domicilio de María Elena García López, llevando el indiciado consigo una barreta pequeña rompiendo junto con otro la puerta de malla ciclón del inmueble así como la puerta de acceso al inmueble y el sujeto activo se apoderó junto con otros de un generador de gasolina marca CAT, modelo CAT-24-23368, número de serie C-3733008, y después de un comedor de madera y cristal, llevándoselo hacia afuera del domicilio de la ofendida. Además, precisó que de las constancias de autos se concluye que existen medios de pruebas suficientes para deducir que la forma de participación de Domingo Valencia San Pedro en la comisión del ilícito la llevó a cabo como coautor material, en términos del ordinal 11, fracción III del Código Penal del Estado, por haber realizado por él mismo dicha conducta de apoderamiento en conjunción con otras personas. De lo que se aprecia que la ejecutoria de amparo no fue acatada en sus términos por la autoridad judicial de la causa, en virtud de que, si bien refirió que con los medios de prueba que precisó en el apartado de la probable responsabilidad, concatenados entre si, acreditaban que a las quince horas del veintidós de febrero de dos mil quince, el quejoso, junto con otras personas, ingresaron de manera violenta al domicilio de la ofendida, para apoderarse de diversos muebles, y precisó que el grado de participación del quejoso en los eventos delictivos fue como coautor material, pues el delito lo cometió en conjunción con otras personas, lo cierto es que, no indicó de forma concreta qué conducta llevó a cabo el amparista, es decir, si fue uno de los que rompió la puerta de su malla ciclón o la puerta de acceso al inmueble y de qué bienes muebles se apoderó, o en su caso, si efectuó diversos actos a los mencionados o todos lo anteriores. Por lo que nuevamente el juez natural soslayó efectuar una legal valoración de la conducta desplegada por el quejoso en los hechos que se le imputan, expresar el razonamiento jurídico por medio del cual construyó inferencias para llegar a la conclusión a la que arribó e indicar las pruebas con las que tuvo por acreditada la conducta del quejoso. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase nuevamente al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla cabalmente con la ejecutoria emitida en el presente asunto, debiendo dejar insubsistente la resolución emitida el uno de diciembre de dos mil quince en el proceso penal 107/2015, y en su lugar emitir una nueva determinación en la que sin variar los argumentos plasmados en su resolución únicamente se avoque a corregir su estudio en relación a la probable responsabilidad del procesado en el delito de robo calificado con violencia física a las cosas; para lo cual deberá remitir las constancias conducentes. Apercibida que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil unidades de medida de actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que se encontraba reservado el ocurso de la parte quejosa por el que hizo diversas manifestaciones en relación al acatamiento de la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes.
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