Ángela Itzel Espinoza Medina

Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
366/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Ángela Itzel Espinoza Medina

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. Archivo. Ahora bien, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve ********, contra de actos reclamados al Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 366/2022-III-VII registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Desechamiento de la demanda. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de Ciertamente, la demanda de amparo debe desecharse, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en estudio, de un análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama de la Junta Especial número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad: La omisión de dictar la resolución correspondiente dentro del procedimiento especial de declaración de beneficiarios ******. En esta tesitura, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia legislación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte el artículo 107, fracción V, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, como se relató, el reclamo de la parte quejosa se centra en la omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Nueve de dictar la resolución correspondiente en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios *******, en el término que refiere el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, tratándose de omisiones o dilaciones en el procedimiento laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2ª./J 33/20193, sostuvo que por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. En ese tenor, ese alto Tribunal determinó que se consideraría como dilaciones excesivas en el procedimiento aquellos proveídos, laudos o cualquier otra diligencia, que no hayan sido pronunciados o realizados en un término mayor de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó su plazo legal. Lo anterior, tomando en cuenta que es el periodo máximo que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que el juicio permanezca inmóvil. En efecto, nuestro Máximo Tribunal estimó que del precepto anterior se observaba que el legislador federal estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad. Periodo que, afirmó, evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, siendo un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Ahora, como se precisó, el reclamo en esta instancia constitucional deriva de una contienda laboral substanciada por la Junta Especial número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Baja California, regulada bajo la Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, es importante precisar que la ley laboral que resulta aplicable es la vigente antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, esto en razón de que al momento de presentarse la demanda (uno de junio de dos mil veintiuno), la citada junta responsable seguía conociendo de los conflictos laborales que ante ella se presenten puesto que en esta entidad federativa aún no contaban con una Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales, así como tampoco con los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, lo que se justifica en términos del quinto y octavo transitorios. Así, el artículo 895 de la Ley Federal aplicable dispone: "Artículo 895.- La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta Ley; II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas; "Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centro de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto. Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. (.)" III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución." Del precepto anterior, se deduce que, en los procedimientos especiales de declaración de beneficiarios, se concentrará en un solo acto, en donde, después de haber emplazado a la parte demandada, se citará a una audiencia en la que se instará a las partes a que lleguen a un acuerdo conciliatorio; pero de no ser así, se escucharán las pretensiones de las partes; luego, ofrecerán y se desahogaran las pruebas que hubiesen sido admitidas, para continuar con la formulación de alegatos, consecuentemente, la Junta de conciliación dictará la resolución correspondiente. Así, en la especie, la parte quejosa alega que la dilación laboral se actualizó en razón de que desde el veintiuno de abril de dos mil veintidós, fecha en que tuvo verificativo la última diligencia, la junta responsable reservó al dictado de la resolución correspondiente, sin que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el veintitrés de mayo de la presente anualidad, hubiera dictado la resolución correspondiente. En ese tenor, se considera que no se actualiza una dilación abierta o total en el juicio especial laboral de origen y, por tanto, no existe una afectación material a derechos sustantivos del promovente. Es así, ya que de conformidad con el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo en estudio, la junta responsable debe dictar la resolución correspondiente una vez concluida la recepción de pruebas, siendo que en el caso la última probanza se desahogó el veintiuno de abril de dos mil veintidós. Por ende, para considerar que en la especie existe una abierta dilación en el procedimiento de origen, es menester que hubiesen transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que alude la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, contados a partir del día siguiente en que se desahogó la audiencia de veintiuno de abril del año en curso, esto es, el veintidós siguiente; sin embargo, la demanda de amparo fue presentada con notoria antelación, a saber, en el día treinta y uno de ese cómputo. Por tanto, si no ha transcurrido el término jurisprudencialmente establecido para que se considere que existe una paralización total en el procedimiento de origen, no puede considerarse que la omisión de la junta responsable de dictar la resolución correspondiente implica la vulneración de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, sino únicamente constituye una violación procesal contra la que el juicio de amparo indirecto es improcedente. Dada la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********.

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