Angela Isabel Vargas Morales

Expediente 1060/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1060/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Angela Isabel Vargas Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Se comisiona actuario. Se tiene por recibido el oficio que signa la secretaria de acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual, solicita se acuse recibo de los comunicados 4678/2020 y 5130/2020, de su índice; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que remita los diversos 19227/2020 y 20235/2020 de este índice, derivados de los autos del veintiocho de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil veinte, respectivamente, de los cuales no obra acuse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- Por este medio se le notifica a la parte quejosa, el auto de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que indica lo siguiente: Zapopan, Jalisco, ocho de diciembre de dos mil veinte. I. Autoridad responsable rinde informe justificado. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Presidente Auxiliar y Secretario General de la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado y anexan diversas pruebas documentales consistentes en actuaciones del juicio de origen para acreditar su dicho, las cuales, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. II. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la falta de atención a lo dispuesto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la fecha lejana fijada dentro del 425/2020 y la falta de emplazamiento. Ahora, de las constancias que se acompañaron al comunicado de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dejó sin efectos la fecha fijada en el juicio para la celebración de la audiencia bifásica y en su lugar se fijaron las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, tal y como se advierte de la siguiente imagen: 1 Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, Materia: Común. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión que reclamaba el quejoso, fue cubierta con el dictado de dicho acuerdo. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal"3 2 Novena Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 3 Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. tomo IX, junio de 1999, página 38. Ponente: Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Ahora bien, no obstante lo anterior, no pasa desapercibido, que la parte quejosa haya señalado como diverso acto reclamado la falta de emplazamiento habida cuenta que se considera que su reclamo surge como una consecuencia del acto primigenio. Además, tratándose de dilación en la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, solamente pueden reclamarse los actos presentes, esto es, los que imperan a la fecha de la presentación de la demanda y no así los futuros e inciertos; de ahí que solo se tenga como acto destacado la omisión de avocarse al conocimiento de la demanda laboral. Incluso cabe señalar que con motivo de la insubsistencia del acuerdo inicial de fecha de señalamiento de fecha lejana, la responsable emitió una nueva orden a efecto de que la parte demandada sea notificada; circunstancia la anterior que impide el análisis de las nuevas órdenes. Sobre todo, si se toma en consideración que el alcance de la concesión del amparo, se delimitaría en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó el acto dentro del procedimiento laboral, sin que pueda comprender los actos subsecuentes; lo anterior, respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo y, en términos de lo sustentado en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V5 , del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente juicio.

  3. Principal

    AVISO.- POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA EMITIDA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Zapopan, Jalisco, treinta de octubre de dos mil veinte. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 640/2019, promovido por ***, por conducto de su apoderada legal ***, contra actos de la Coordinadora General de Regulación de Emisiones Vehiculares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y de otras autoridades; y, RESULTANDO: (.) Ahora, por lo que hace a los actos destacados en el punto 1 del considerando segundo, consistentes en la omisión de acordar los escritos presentados el veintinueve de octubre y el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, reclamados de la Coordinadora General de Regulación de Emisiones Vehiculares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la misma legislación (.) En otro orden, en relación con los actos sintetizados en los puntos 2 a 4 del considerando segundo, esto es, la emisión del acuerdo DIELAG ACU 033/2018, relativo a las acreditaciones de establecimientos de verificación como parte del programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de Jalisco, denominado "Control de emisiones", reclamado del Gobernador del Estado de Jalisco, firma conjunta a la de dicha autoridad en ese acuerdo por parte del Secretario General de Gobierno, del Secretario y de la Coordinadora General de Regulación de Emisiones Vehiculares, últimos dos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, todos del Estado de Jalisco y, el oficio SEMADET/DEPGA/CGREV/0347/0884/2019, que declaró improcedente la reactivación del taller DREV-0321 que el promovente defiende, reprochado del Director Ejecutivo de Gestión y Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, se advierte actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la legislación aplicable, como se explicará a continuación. (.) Expuesto ello, se tiene que el promovente reclama de las responsables antedichas, la constitucionalidad del acuerdo DIELAG ACU 003/2018; sin embargo, del contenido integral de las constancias que obran en este asunto, se desprende que no lo hace en cuanto al procedimiento de creación del acuerdo combatido, sino a la posible violación a diversos derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal. Entonces, es evidente que los actos que denomina "firma conjunta" a la del Gobernador del Estado de Jalisco (quien emitió el acuerdo de mérito), no son combatidos por vicios propios y, por tanto, a tales autoridades no les asiste el carácter de responsables. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos de la Coordinadora General de Regulación de Emisiones Vehiculares, últimos dos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, todos del Estado de Jalisco. (.) Por su parte, respecto del acto destacado en el punto 4 del considerando segundo, es decir, el oficio SEMADET/DEPGA/CGREV/0347/0884/2019, que declaró improcedente la activación del taller DREV-0321 que el promovente defiende, el cual se reclama del Director Ejecutivo de Gestión y Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, éste, en su informe justificado, invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, pues considera que el quejoso lo aceptó de manera tácita. (.) QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es infundado el concepto de violación tendente a evidenciar la inconstitucionalidad de los actos destacados en el punto 5 del considerando segundo, consistentes en el citatorio y en la notificación de ocho y de nueve de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, que el quejoso reclama del Técnico A adscrito a la Coordinación General de Regulación de Emisiones Vehiculares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. (.) De ahí que, contrario a lo que el impetrante expone en el concepto de violación de mérito es infundado y, por tanto, se niega la protección solicitada. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos sintetizados en los puntos 1 a 4 del considerando segundo, reclamados del Gobernador, del Secretario General de Gobierno, del Secretario, de la Coordinadora General de Regulación de Emisiones Vehiculares y del Director Ejecutivo de Gestión y Protección Ambiental, últimos tres de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, todos del Estado de Jalisco, por las determinaciones establecidas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara y protege a Leopoldo Pahua Mendoza, respecto del acto sintetizado en el punto 5 del considerando segundo, reclamado del Técnico A adscrito a la Coordinación General de Regulación de Emisiones Vehiculares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, por las determinaciones establecidas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que, por auto de nueve de octubre del año en curso, se requirió al Presidente de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, sin que a la fecha obre la constancia de notificación respectiva. En consecuencia, se ordena la expedición del oficio relativo al citado acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, a efecto de que el actuario de la adscripción realice la notificación respectiva, o bien, en caso de que ya la haya practicado, para que entregue la constancia respectiva a la mesa de trámite y la integre al expediente electrónico como corresponda. Notifíquese y cúmplase.

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