Angela Idalia Gomez Bravo

Expediente 1192/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1192/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Angela Idalia Gomez Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, primero de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado el acuerdo en que se desechó la demanda de amparo. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desecharla demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Quejosa no desahoga prevención y se deja de tener a una autoridad como responsable. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la quejosa Ángela Idalia Gómez Bravo, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refieren los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, en específico para que realizara lo siguiente: En ese contexto, se apercibió a la impetrante que de no cumplir con lo requerido únicamente se tendría como autoridad responsable al Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple y no así al órgano jurisdiccional; en consecuencia, tomando en cuenta la certificación que se realizó al inicio de este acuerdo, de la que se desprende que la promovente fue omisa en cumplir con la prevención se hace efectivo el aludido apercibimiento. Desechamiento. Con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva de que a Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, es menester analizar el contenido de los dos últimos preceptos legales invocados, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos o las garantías individuales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernador y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, se afirma que en el caso se actualiza tal causa de improcedencia [de forma manifiesta e indudable], dado que la posible solicitud de Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que actúa en un plano de coordinación con la parte quejosa, puesto su actuar podría derivar de algún incumplimiento en relación a los servicios financieros que presta dicha institución bancaria, en cuyo caso esa controversia sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo, pues está al alcance de la quejosa la posibilidad de instar el procedimiento de conciliación que regula la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Por tanto, si la relación entre la parte quejosa y el banco no tiene su nacimiento en la ley, sino en un acto de carácter mercantil, precisamente derivado de la relación contractual que la parte quejosa sostiene en la actualidad con la institución de banca que la parte quejosa señala como responsable, los actos que en ese contexto realice el banco, derivan del cumplimiento de derechos y obligaciones recíprocos entre las partes contratantes y no del ejercicio de una facultad legal irrenunciable de carácter público. En efecto, al existir relaciones entabladas entre particulares, las partes involucradas se encuentran en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, o contempladas por la ley, toda vez que ambos están en un mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. De ahí que, la persona moral que el quejoso señaló como responsable no reúne las notas características para ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la relación entre la institución bancaria y la parte quejosa es de coordinación y no de supra a subordinación. Por lo anterior es que respecto del acto atribuido a Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 y 5 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar la demanda de amparo propuesta. Conclusión. Por tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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