Angela Hernández Rangel

Expediente 1305/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1305/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Angela Hernández Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el catorce de febrero del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de destrucción; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en dicho cuaderno incidental obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, tomando en consideración que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esas documentales y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir al depurar el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el catorce de febrero del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de destrucción; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en dicho cuaderno incidental obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, tomando en consideración que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esas documentales y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir al depurar el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, la declara abierta, únicamente con la presencia del licenciado Ulisses Ledezma Salazar, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, quien se identifica con la cédula profesional 4586565, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, misma que coincide con los rasgos físicos del compareciente y se devuelve al interesado por ser de uso personal, previa copia que se deja en autos. Acto continuo, el Secretario hace relación de los autos, entre los que se encuentran: el escrito inicial de demanda; el auto en el que se admitió a trámite este juicio; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito A lo anterior, el Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de las partes las que ofrecieron en el presente juicio, sin que haya necesidad de relacionarlas en virtud de la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución. Asimismo, se cuenta con el informe justificado rendido por las autoridades responsables Síndicos Municipales y Director de Comercio, ambos del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, con el que objetaron de falso el contenido de las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda. Ahora bien, tocante a la objeción planteada por los Síndicos Municipales y Director de Comercio, ambos del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí en su informe justificado recibido en este órgano Federal el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente por objetando las documentales de referencia por cuanto a su contenido, como se dijo en auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho. En efecto, del artículo 122 de la Ley de Amparo, se advierte que si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional debe suspenderla para continuarla dentro de los diez días siguientes, con el objeto de que las partes puedan ofrecer pruebas relativas a la autenticidad del documento. De lo anterior, se colige que la objeción que planteen las partes, debe estar dirigida a comprobar la falsedad de las documentales que se ofrezcan en el juicio de amparo y no así el contenido del propio documento (como se precisó que lo hacían en auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho), pues esto último será materia del análisis que se llegue a efectuar al momento de fallarse el asunto. Ahora bien, en el caso concreto, las autoridades responsables señaladas con antelación, al rendir su informe justificado, manifestaron que objetaban en su totalidad las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, consistentes en los instrumentos notariales números 60934 y 60935, básicamente porque los testigos Mario Arturo Macías Robles, Marcelina Flores Alvarado, Daniel Escobar Guevara, Guadalupe Montoya y Blanca Estela Pérez Bernal se condujeron con falsedad ante el licenciado Ramiro Rocha Sierra, Abogado y Notario Público titular de la Notaria Pública número Uno del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí al afirmar hechos irreales. Como se advierte, la objeción planteada por las autoridades responsables de marras, se encuentra encaminada a combatir las declaraciones emitidas por los atestes antes señalados, más no así, la autenticidad de los instrumentos notariales que las contienen. Lo anterior, máxime que de conformidad con el contenido del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, los documentos públicos como los que ahora se cuestionan, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si como sucede en el presente caso, en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Consecuentemente, si la objeción que se formula no está dirigida al continente de los documentos cuestionados, sino a su contenido, es evidente que tales planteamientos en todo caso serían objeto de análisis al resolver el asunto. En consecuencia, sin que haya lugar a dar el trámite previsto en el preindicado numeral 122 de la Ley de Amparo, al no haberse actualizado sus hipótesis normativas, al grado que de considerarse que se trató del planteamiento de un incidente de falsedad de documentos, entonces habría de ser desechado por notoriamente improcedente, en términos del numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J.5/2001, visible en la página 10, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido.". Sin que ello implique la inobservancia de las jurisprudencias 1a./J. 86/2006 y 1a./J. 12/2011, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización se citan a pie de página, en razón de que ambas parten de la base de que la incidencia sea de falsedad de documentos; situación que ya se ha visto, no acontece en la especie y además, parten del supuesto de que -de ser procedente-, entonces se actúe en términos del numeral 122 de la Ley de Amparo; lo que también ya ha quedado de relieve que no ocurre en el presente caso. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que solo la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí los realizó, como se advierte de la comparecencia de cuenta, por lo que se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno y como lo solicita expídasele la copia simple de la presente acta, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Al no haber otros alegatos que tener por reproducidos, se declara cerrado dicho periodo. Asimismo, téngase al Representante social de la Federación adscrito a este Juzgado, formulando pedimento de su parte. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia y se declaran vistos los autos para dictar resolución. El compareciente. Ulisses Ledezma Salazar Síndico Municipal del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí El secretario. Lic. Edgar Tadeo Silva Bautista. VISTOS, los autos para resolver los autos del juicio de amparo 1305/2017-VI, promovido por Ángela Hernández Rangel, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí y de otras autoridades; y, ....... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el Licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados de cuenta; con su contenido y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables las documentales que anexaron a sus oficios de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el oficio signado conjuntamente por los Síndicos Municipales y Director de Comercio, ambos del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, mediante el cual denuncian objeción de falsedad en cuanto a su contenido respecto de las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se reserva de acordar lo conducente hasta la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de los informes justificados de cuenta, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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