Angela Heredia Gómez
Expediente 958/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 57 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Angela Heredia Gómez
- Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y, notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. resulta innecesaria la permanencia de las copias certificadas del juicio de origen 813/2016 del índice de Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial con residencia en Zapopan, Jalisco, las cuales fueron ofrecidas como pruebas en juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el escrito suscrito por , autorizado del tercero interesado, mediante el cual solicita cause ejecutoria la sentencia dictada en autos. Atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, visto el estado de los autos se advierte que en proveído de tres de octubre de esta anualidad, se tuvo al autorizado del tercero interesado solicitando se aclarará la sentencia veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en virtud que en el considerando tercero se precisó que el perito fue ofertado por la parte quejosa, sin embargo, dicho diestro fue designado por el tercero interesado al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente ya que dicha circunstancia no trasciende en el sentido de la resolución final.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y dado que la suspensión provisional y definitiva se concedió, se considera susceptible de depuración el original del incidente de suspensión y por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Visto el escrito suscrito por autorizado del tercero interesado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se aclare la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; a lo que se provee: agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y dígasele que una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, y en caso de ser procedente la aclaración, se proveerá lo que en derecho corresponda. Lo anterior, en razón que dicha figura sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, lo que en todo caso este órgano jurisdiccional, una vez llegado el momento procesal oportuno, de existir una inconsistencia que no sea de fondo, procederá a su aclaración de manera oficiosa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 94/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 958/2021-V, promovido por Ángela Heredia Gómez, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y Secretario adscrito, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Ángela Heredia Gómez, el siete de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y Secretario adscrito, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular dictó proveído en diez de junio de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 958/2021-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; emplazar a la tercera interesada y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escritos registrados con el número 13688 y 15842 presentados el veintiocho de julio y veintitrés de agosto, ambos de dos mil veintiuno (foja 28 y 66), ante la oficialía de parte de este Juzgado Federal, la quejosa amplió su demanda de amparo, respecto del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y Notario Público número 112 de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, tocante a la primera, por las actuaciones realizadas en el procedimiento de origen, de la segunda, por la emisión de la escritura pública dos mil doscientos noventa y ocho, de once de octubre de dos mil dieciséis. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda, en relación al Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por las actuaciones realizadas en el procedimiento de origen, sólo se le tuvo ampliando por los conceptos de violación, y por el Notario Público número 112 de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, se desechó parcialmente la demanda en términos del artículo 62, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, 1 y 5 de la Ley de Amparo, por lo motivos y razones expuestos en el mismo y se ordenó: pedir informe justificado a la autoridad responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridad civil, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y Secretario adscrito: La falta de revisión oficiosa del emplazamiento a Ángela Heredia Gómez, dentro del expediente 813/2016 del índice de la responsable y como consecuencia la nulidad de todos los actos subsecuentes. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Estudio del incidente de objeción de falsedad propuesto por la parte quejosa. Atendiendo a la naturaleza del incidente de objeción de falsedad, que de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, se considera de previo y especial pronunciamiento, se procede a su resolución. Al efecto, en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno (foja 114 a 119), se dio trámite a la objeción de falsedad ofrecida por la parte quejosa, respecto de la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco (foja 42), presentada en el procedimiento civil sumario en ejercicio de la acción hipotecaria expediente número 813/2016, en materia de grafoscopía, en tiempo y forma, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tuvo por desahogada la diligencia de estampamiento de firmas de la parte quejosa de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós (foja 229), misma que hizo en cuatro fojas, ante la presencia judicial y bajo las indicaciones del perito oficial, con lo cual se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, se requirió a la quejosa (para que instara a su perito) y al perito oficial Félix Francisco Navarro Quintero, para que emitieran su dictamen pericial y compareciera ante la presencia judicial a ratificarlo (foja 267), se tuvo por recibido el dictamen signado por Jesús Rigoberto Galván, perito designado por la parte quejosa (foja 270 y 312), mediante el cual emitió su opinión técnica, respecto al cuestionario propuesto en materia de grafoscopía y se le ordenó acudir a ratificar el mismo, de igual forma, se tuvo al perito oficial, emitiendo y ratificando su dictamen pericial (foja 286 y 329). De los dictámenes rendidos, se desprende que el perito de la parte quejosa Jesús Rigoberto Galván, emite su opinión en el sentido de que la firma estampada en la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, presentada en el expediente 813/2016, de la quejosa Ángela Heredia Gómez, determina de forma categórica que la firma cuestionada SÍ PROCEDE por su realización escritural del puño y letra de la ÁNGELA HEREDIA GÓMEZ, que la firma cuestionada es auténtica; en tanto que perito oficial Félix Francisco Navarro Quintero, concluye que en relación a la SIGNATURA CUESTIONADA, por su ejecución escritural, Sí procede del origen gráfico de la firma de ÁNGELA HEREDIA GÓMEZ, contenida en la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, presentada en el expediente 813/2016. Ahora bien, para valorar la opinión pericial, es necesario acudir al numeral 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por remisión expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, que establece que la prueba pericial se valorará al prudente arbitrio del juzgador. De tal forma, para entender el alcance de dicha disposición, conviene señalar que el peritaje es una actividad de carácter procesal, ordenada judicialmente, llevada a cabo por personas distintas de las partes, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos; mediante los dictámenes se proporcionan al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, cuya percepción o entendimiento requieren esa capacidad o conocimiento especial. Entonces, al señalarse que el juzgador valorará a su prudente arbitrio, significa que no está sujeto a un método de valoración legal o tasado, sino que la valoración es libre; sin embargo, esto no se traduce en relevarlo de realizar una exposición razonada en la que desarrolle sus conclusiones, es decir, esa valoración libre significa que debe estar sujeta al principio de legalidad, lo que sólo puede lograrse mediante una explicación razonable en la que se contengan las argumentaciones que justifiquen por qué dicho medio de prueba produce convicción. En efecto, tratándose de la valoración de una prueba pericial en juicio de amparo, el juez, al examinar el dictamen respectivo, debe exponer las razones que le producen convicción respecto de esa prueba, lo que está vinculado a lo que se denomina como reglas de la sana crítica, es decir, aquellas que se refieren al correcto entendimiento humano y que incluyen una operación lógica, así como a la experiencia del Juez, lo que necesariamente implica plasmar en esa valoración, los conocimientos propios del ejercicio jurisdiccional aplicados al caso concreto que se pretende dilucidar. Ese ejercicio de razonabilidad que implica la valoración de una prueba pericial, según prudente estimación del juzgador, también exige el apego a los principios generales del derecho y al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia; sólo llevando a cabo el ejercicio que se propone, es cuando podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en un juicio de amparo. Así se establece, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de dos mil quince, tomo I, a página 815, del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo." En el caso, al haber analizado tanto el peritaje del perito de la parte quejosa como del perito oficial designado por este juzgado de Distrito, mismos que son dictaminados en un mismo sentido, se concluye que genera convicción en el suscrito juzgador, porque los peritos fueron claros en señalar que el planteamiento del problema era establecer mediante estudio y análisis grafoscópico, si la firma impugnada y atribuida a Ángela Heredia Gómez, contenida en la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, presentada en el expediente 813/2016, corresponden o no a su ejecución. Luego, destacaron cual era la firma impugnada y la ilustraron en sus dictámenes, asimismo, señalaron cual fue la firma indubitable, y además, expusieron el método empleado para la elaboración del dictamen, en el caso del perito Jesús Rigoberto Galván, estableció que utilizó el método grafocinético, deductivo y el sintético y la técnica fue fotográfica, básicamente, y el perito oficial Félix Francisco Navarro Quintero, refirió una metodología instrumental analítica. Asimismo, se aprecia que la conclusión a que arribaron los peritos de comento, fue la siguiente: Perito de la quejosa Jesús Rigoberto Galván: "[.] CONCLUSIÓN. QUE LA FIRMA IDENTIFICADA EN EL PRESENTE ESTUDIO COMO CUESTIONADA (Grafismo y Problema) Y QUE APARECE EN EL CALCE DEL DOCUMENTO REFERIDO EN LA INTERROGANTE 3 DEL CUESTIONARIO RECTOR, SÍ PROVIENE POR SU REALIZACIÓN ESCRITURA DEL PUÑO Y LETRA DEL C. ANGELICA HEREDIA GÓMEZ (PARTE QUEJOSA EN EL PRESENTE JUICIO). [.]" Perito oficial Félix Francisco Navarro Quintero: "[.] CONCLUSIÓN. De conformidad con las consideraciones técnicas de los soportes y medios, como la valoración de los resultados obtenidos a partir de los elementos aportados para su estudio, información conocida al momento, e instrumental analítico que actualmente poseo; el suscrito determina que, en relación a la signatura cuestionada, por su ejecución escriturar, sí procede del origen gráfico de ANGELICA HEREDIA GÓMEZ [.]" Al efecto, se estima ilustrativa la jurisprudencia I.5o.T. J/20 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 196711, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, materia común, página 719, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA PERICIAL. DESAHOGO ESTRICTO CONFORME AL CUESTIONARIO PRESENTADO. La culminación del desahogo de la prueba técnica o científica consiste en la emisión del dictamen efectuado por el perito, quien debe circunscribirse exclusivamente a lo requerido en el cuestionario presentado por el oferente, sin poder ir más allá de lo solicitado, de lo que se desprende que resultaría ilegal obligar al experto a que realice exámenes de cuestiones que no hayan sido propuestas en aquél." En síntesis, este órgano jurisdiccional considera que dichos dictámenes son convincentes, porque su opinión se encuentra respaldada en el estudio acucioso de las diversas firmas base de cotejo confrontadas con la que fue objeto de cuestionamiento; lo que incluso ilustraron con anexos fotográficos; además de que fueron claros en la exposición del método utilizado; de ahí que se advierta coherencia en el desarrollo y congruencia con las conclusiones a que allegaron. Aunado a ello, los elementos que analizaron y expresaron en conjunto son apreciables directamente por este juzgador de la evidencia fotográfica que se llegó a los dictámenes para tal efecto, sin que estos se encuentren en disonancia con lo observado en la firma analizada. De ahí que, para efectos del presente juicio de amparo, los dictamen realizados por el perito de la parte quejosa y del perito oficial, se consideran eficaces para determinar que la firma estampada en la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, presentada en el expediente 813/2016, sí procede por su realización escritural del puño y letra de la Ángela Heredia Gómez; por tanto, resulta infundada la objeción de la firma que calza la aludida escritura pública, planteada por la parte quejosa. De esta manera, resuelta la cuestión incidental previa, se sigue el estudio de la materia principal del presente juicio constitucional. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe justificado (foja 21 y 80), lo cual surte efectos de confesión expresa y hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por disposición del numeral 2° de su ley reglamentaria y, además, porque así se advierte de las copias certificadas que remitió en apoyo a dicho informe, a las que se concede pleno valor probatorio al ser documentos públicos. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia. Al respecto, este Juez Federal, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 1°, fracción I, y 5 fracción II del mismo ordenamiento, por lo que ve a los actos reclamados al secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estatuido por el artículo 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues si bien entre las facultades del referido secretario, se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el titular; sin embargo, dicha función asignada no implica que éste resuelva conjuntamente con aquél, quien es el único responsable de sus fallos, ya que el aludido funcionario judicial solamente autoriza lo actuado, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, ni ejecutora, siendo por ello que, en esos casos, no le asiste el carácter de autoridad para efectos del amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia III.2o.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, con registro digital 180248, observable en la página 2292 del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En efecto, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable en cuestión (secretario de acuerdos), se actualiza la causa de improcedencia en análisis, toda vez que éste carece de facultades de decisión y ejecución cuando solamente suscribe o autoriza las resoluciones judiciales dictadas por el titular, por lo que, como se ha manifestado, su función, en el asunto en estudio, es principalmente la de dar fe de lo actuado por el titular del juzgado, como se desprende de los artículos 83, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles y 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de Jalisco, que rezan: "Artículo 83. Las resoluciones judiciales son: (.) III. Sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. "Artículo 112. Los secretarios de acuerdos tienen las siguientes obligaciones: (.) II. Autorizar con su firma toda clase de resoluciones, actas, despachos, exhortos, y demás actuaciones que practique el Juez; ¨ (.)". Por ende, no puede considerársele como autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no dicta, ordena, ni trata de ejecutar los actos reclamados en cita. Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer en el presente sumario constitucional respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción II, de la legislación en estudio. SEXTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes diversa causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se hace relación de aquellas que resultan conducentes: 1. En veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Roberto Martínez Mayorga presentó demanda en la vía civil sumaria hipotecaria, contra Ángela Heredia Gómez, a quien reclamó la declaración judicial de haberse vencido EN FORMA ANTICIPADA, el plazo para el pago de la cantidad de $186,000.00 (ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N) o su equivalente en la Unidad del Sistema Monetario que rija, según la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor, y demás obligaciones consignadas en la escritura pública número 6,266, así como de la diversa 8,214 ambas otorgadas ente el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, del contrato de reconocimiento de adeudo, transacción e hipoteca, sujeción de cédula hipotecaria, el pago de intereses moratorios sobre la cantidad mencionada y gastos y costas. 2. La demanda fue turnada al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, bajo expediente 813/2016, misma que fue admitida en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. 3. Convenio judicial y acta número 2,298 pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, en la que se ratifica en todas y cada una de sus partes el aludido convenio. 4. Acuerdo de uno de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se recibió el mencionado convenio presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, y previo a proveer se ordenó dar vista al Agente Social adscrito para que manifestara lo que a su representación social convenga. 5. En acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la Agente social adscrita evacuando la vista ordenada y en tal razón se previno a la parte demandada a efecto de que designara abogado de su confianza o acudir a la Defensoría Pública o al Servicio Social que ofrecen diferentes Instituciones o Dependencias Gubernamentales de conformidad con los artículos 42,83 y 84 del Enjuiciamiento Civil para el Estado de Jalisco, ordenando su notificación personal. 6. Constancia actuarial de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se hace constar la imposibilidad de realizar la notificación personal aludida en el párrafo que antecede. 7. Acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en la que en razón de la constancia, se ordenó notificar a la demandada Ángela Heredia Gómez, la resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, y las subsecuentes por medio de Boletín Judicial, hasta en tanto no señalara nuevo domicilio conforme los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 8. Constancia de notificación de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a las demandadas por Boletín Judicial, del auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. 9. Escrito de la parte actora, aquí tercera interesada por el que se solicita se apruebe el convenio celebrado. 10. Determinación de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por el que se aprueba el convenio judicial celebrado por las partes en ese asunto, y se eleva a la categoría de sentencia ejecutoria. 11. Constancia de notificación de treinta de mayo de dos mil diecisiete, a las demandadas de la determinación de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. 12. Resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 664/2017, que resuelve el recurso de apelación que interpuso la Agente social adscrita, en contra de la sentencia definitiva de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que se confirmó la sentencia definitiva de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. 13. Auto de once de enero de dos mil dieciocho, en el que queda firme la sentencia definitiva de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. 14. Constancia de notificación de doce de enero de dos mil dieciocho, por lista. 15. Constancia de notificación de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, realizada personalmente a María de los Ángeles Ramirez Heredia, del auto de once de enero de dos mil dieciocho. 16. Auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, en el que se concede término de cinco días a la parte demandada a efecto de que cumpla de manera voluntaria con el convenio aprobado y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada. 17. Planilla de liquidación de sentencia. 18. Acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, por el que se tiene formulando planilla de liquidación de sentencia, en virtud de no haber cumplido voluntariamente con el convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, se ordenó sacar a remate el inmueble materia de la garantía hipotecaria, señalando fecha para la celebración de la audiencia de remate, en consecuencia anunciar su venta por medio de edictos. 19. Audiencia de remate de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que se finca y adjudica el inmueble al actor Roberto Márquez Mayorga. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Cómo conceptos de violación argumenta que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, al haber seguido en su contra procedimiento sin haber revisado de oficio el ilegal emplazamiento realizado a la quejosa Angélica Heredia Gómez, dentro del expediente 813/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, puesto que la misma nunca fue emplazada ni llamada a dicho procedimiento. Que no se cumplieron las formalidades esenciales para tal acto, como son los artículos 109, 111, 112, 112 bis, 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, ya que dicho emplazamiento nunca se le realizó a la quejosa en forma personal en su domicilio particular. Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, al no habérsele notificado de manera personal en su domicilio particular por parte de la autoridad responsable señalada como ejecutora, ya que no se le entregó cédula de notificación, lo cual es obligación entregar, así como las copias de ley. En tanto que el escrito de ampliación en los conceptos de violación aduce. Qué al no cumplir la autoridad responsable ordenadora y ejecutora, con lo establecido en los preceptos legales antes mencionados propician que con dicha omisión se le deje en total estado de indefensión a la quejosa. Asimismo la autoridad responsable le causa agravio, en virtud de qué el convenio judicial, nunca fue firmado por la quejosa ni se le hizo saber el contenido de la ratificación del mismo, de lo contrario en ningún momento lo hubiese firmado. Que la firma que obra dentro del convenio judicial no es de su puño y letra razón por lo cual objeta de falso dicho documento, tanto su contenido y la firma que obra de la quejosa dentro del mismo. Así mismo objeta de falso su contenido y la ratificación de dicho convenio, pues tal y como se puede comprobar en la escritura pública número 2,298 de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara Jalisco, en el inciso "a)" de dicho documento el notario asentó lo siguiente: "Quienes RATIFICAN, en todas y cada una de sus partes el documento que antecede que están conformes con su contenido" Aludiendo que de ello se puede comprobar que dicho documento no se especifica qué es lo que se está ratificando, cuestión que debió ser agregada por parte del notario público en mención y que es importante manifestar que la quejosa si compareció a dicha notaría, pero en ningún momento fue para ratificar el convenio judicial que fue presentado en el juicio 813/2016. Pues su comparecencia fue para ratificar el pago del deudo que tenía con el actor de dicho procedimiento no a ratificar el convenio judicial, esto es, que sólo compareció para ratificar el pago y finiquito de lo adeudado por la quejosa al actor del juicio de origen. Que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los derechos humanos. Ya que las autoridades responsables le dejaron en estado de indefensión, al no ser oída y vencida en juicio afectando con ello su garantía de audiencia, sin que le dieran la oportunidad de defenderse violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento las cuales son las siguientes 1. La existencia de una notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2. La oportunidad de ofrecer pruebas y desahogar las pruebas que se finque la defensa, 3. La oportunidad de alegar y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es decir las formalidades esenciales del procedimiento se constituyen con una garantía a favor de la quejosa, quien de haber sido llamada juicio pudo efectuar una defensa ante los actos privativos que pretendía ejecutar la actora dentro del juicio principal. Dichos argumentos son ineficaces. En efecto, pese a lo que afirma la parte quejosa, de que el juzgador no revisó de oficio el ilegal emplazamiento realizado a la quejosa Angélica Heredia Gómez, dentro del expediente 813/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, así como que nunca fue emplazada ni llamada a dicho procedimiento, ni que se cumplieron las formalidades esenciales para tal acto, como son los artículos 109, 111, 112, 112 bis, 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, ya que el emplazamiento nunca le fue realizado en forma personal en su domicilio particular y consecuentemente, al no habérsele notificado de manera personal en su domicilio particular por parte de la autoridad responsable no se le entregó cédula de notificación. Lo anterior es así, debido al acuerdo de voluntades celebrado entre el actor Roberto Márquez Mayorga y la propia demandada, ahora quejosa Angélica Heredia Gómez, el cual fue exhibido dentro del expediente 813/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, y que fue elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Como se dejó establecido el apartado de antecedentesen, el expediente 813/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, se presentó el convenio celebrado entre el actor Roberto Márquez Mayorga y la propia demandada, ahora quejosa Angélica Heredia Gómez y María de los Ángeles Ramirez Heredia, ratificado ante notario, el cual fue exhibido dentro del expediente 813/2016 del índice de la responsable, y que fue elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. De autos igualmente se desprende: - Que el convenio en controversia fue ratificado por las partes ante notario, mismo que en proveído veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el juzgado responsable lo aprobó y elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, sin ordenar emplazamiento a juicio. Empero, lo ineficaz de los conceptos de violación tocante al tema de emplazamiento, estriban en que, si bien es cierto que el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento que debe satisfacerse para otorgar a los demandados una adecuada oportunidad de defensa, también lo es que cuando después de promovida la demanda y antes del emplazamiento, las partes celebran un contrato de transacción y lo ratifican ante notario público para dar por disipadas sus controversias, es innecesario emplazar a la parte demandada para que el Juez pueda aprobarlo si aquél se encuentra ajustado a derecho y es exhibido por la actora. En virtud, de que al haberse celebrado el contrato de transacción y haber sido ratificado ante notario público dando por disipadas sus controversias, el demandado conoce: 1) que ha sido instaurado un juicio en su contra y quién lo promovió, 2) cuáles son las pretensiones del actor, es decir, el contenido de la demanda, y 3) que tiene la oportunidad de defenderse para hacer valer sus derechos; Tan es así, que precisamente negoció en favor de sus intereses mediante concesiones recíprocas con el actor, a efecto de llegar a un arreglo y dar por terminado el juicio, con lo cual se cumplen los fines del emplazamiento y, en consecuencia, se respeta la garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, lo anterior es así, ya que en resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se califica de legal el citado convenio, bajo el argumento de que cumple con los requisitos previstos en los artículos 2633, 2634 del Código Civil Local, y no se contraviene las diversas disposiciones contenidas en el arábigo 2639 del mismo cuerpo de leyes en cita, dado que se pactan, extinguen o modifican derechos y obligaciones relacionadas con la materia del presente negocio, destacando que el mismo fue ratificado ante notario público, el once de octubre de dos mil dieciséis, concluyendo que tal acuerdo de voluntades no tiene cláusula contraria a la moral o a las buenas costumbres, que lesionen intereses de terceros, estimando pertinente aprobar el convenio de marras y elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoria, condenando a las partes a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar, como si se tratase de cosa juzgada, con apoyo en el numeral 29, fracción II, del Enjuiciamiento Civil Local. Cobra aplicación al respecto por las razones que la informan la Tesis: 1a./J. 44/2008 emitida por la Primera Sala, visible a página 126, Registro digital: 168697, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONTRATO DE TRANSACCIÓN RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Y AJUSTADO A DERECHO. CUANDO SE EXHIBE PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO, ES INNECESARIO EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE EL JUEZ PUEDA APROBARLO. Si bien es cierto que el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento que debe satisfacerse para otorgar a los demandados una adecuada oportunidad de defensa, también lo es que cuando después de promovida la demanda y antes del emplazamiento, las partes celebran un contrato de transacción y lo ratifican ante notario público para dar por disipadas sus controversias, es innecesario emplazar a la parte demandada para que el Juez pueda aprobarlo si aquél se encuentra ajustado a derecho y es exhibido por la actora. Ello es así, pues al suscribir el contrato de transacción el demandado conoce: 1) que ha sido instaurado un juicio en su contra y quién lo promovió, 2) cuáles son las pretensiones del actor, es decir, el contenido de la demanda, y 3) que tiene la oportunidad de defenderse para hacer valer sus derechos; tanto, que precisamente negocia en favor de sus intereses mediante concesiones recíprocas con el actor, a efecto de llegar a un arreglo y dar por terminado el juicio, con lo cual se cumplen los fines del emplazamiento y, en consecuencia, se respeta la garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En este contexto, válidamente puede concluirse que, en primer término es infundada la afirmación de que el juez responsable violó sus derechos fundamentales al tener por celebrado un convenio judicial, sin previamente realizar el emplazamiento, pues como se evidenció, la transacción judicial (aquella que tiene por objeto terminar un juicio pendiente de resolver, a través de un acuerdo firmado entre las partes), en el caso que nos ocupa tiene como particularidad que se celebró y ratificó ante notario y se presentó ante la presencia judicial y dicho acuerdo de voluntades requiere ser aprobado por la autoridad competente para ser susceptible de ejecutarse. Además, son ineficaces las aseveraciones de la inconforme en el sentido de que el convenio y su ratificación nunca fue firmado por la quejosa ni se le hizo saber el contenido de la ratificación del mismo; toda vez que, el contrato de transacción celebrado en autos implica que la ahora quejosa tuvo la voluntad de las partes de dar por terminado el juicio de origen y debido a que ella misma pactó la solución del litigio a través de dicho acuerdo, no pueden admitirse quejas a ese respecto, pues es la única responsable de lo convenido. Aunado a que como se dejó establecido en líneas que anteceden, lo referente a la objeción de falsedad ofrecida por la parte quejosa, respecto de la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco (foja 42), presentada en el procedimiento civil sumario en ejercicio de la acción hipotecaria expediente número 813/2016, en materia de grafoscopía, fue materia de pronunciamiento en el incidente respectivo, en el que se concluyó, que los dictamen realizados por el perito de la parte quejosa y del perito oficial, se consideran eficaces para determinar que la firma estampada en la escritura pública número dos mil doscientos noventa y ocho, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante el notario público número 112, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, presentada en el expediente 813/2016, sí procede por su realización escritural del puño y letra de la Ángela Heredia Gómez; por tanto, resulta infundada la objeción de la firma que calza la aludida escritura pública, planteada por la parte quejosa. Es igualmente ineficaz, por deficiente, el argumento consistente en que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, ya que las autoridades responsables le dejaron en estado de indefensión, al no ser oída y vencida en juicio afectando con ello su garantía de audiencia. Esto es así, ya que como se dejó establecido en líneas que anteceden, ello se debió al acuerdo de voluntades celebrado entre el actor Roberto Márquez Mayorga y la propia demandada, ahora quejosa Angélica Heredia Gómez, el cual fue exhibido dentro del expediente 813/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, y respecto de lo cual se observó lo dispuesto en la Tesis: 1a./J. 44/2008 emitida por la Primera Sala, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Al punto, como la Primera Sala del máximo tribunal del país concluyó (en la jurisprudencia inserta en párrafos precedentes) que si un contrato de transacción ratificado ante notario público se exhibe para dar por terminado el juicio, es innecesario emplazar a la demandada previamente la aprobación de aquél, válidamente puede inferirse que, pese a lo que se alega, el procedimiento que combate -en la que se aprobó el convenio judicial celebrado entre las partes y ratificado ante notario - no causa agravio jurídico alguno a la demandada, ahora quejosa, porque la actuación del juez responsable es acorde a dicho criterio jurisprudencial. Consecuentemente, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo demandado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de protección de derechos humanos promovido por Angélica Heredia Gómez, contra los actos de la secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Angélica Heredia Gómez, contra los actos atribuidos al Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por los motivos y razones precisados en el último considerando de esta sentencia.
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