Angela Guadalupe Hernández Arellano
Expediente 1537/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1537/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Angela Guadalupe Hernández Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 10.-[...] Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidente Interina de la Junta Local y Especial Número Uno y Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que se provea sobre su contenido, toda vez que como de la certificación que antecede, se desprende, que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, fue dictada la sentencia en el presente juicio de amparo y por proveído de veintisiete del mes y año antes citado, causó ejecutoria la misma, ordenándose su archivo (foja 29).
- Principal
MESA 10.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de noviembre del año que transcurre, en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 10.-En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Santiago Cornelio García, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 1537/2018-10, promovido por ANGELA GUADALUPE HERNÁNDEZ ARELLANO. A continuación, el Secretario certifica: Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 16), se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la Junta responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; plazo que, teniendo a la vista la constancia de notificación realizada por lista el cinco de noviembre actual, se advierte que transcurrirá del siete al dieciséis de noviembre actual, no obstante el descuento de los días inhábiles, en términos de los ordinales 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 19 de la Ley de la Materia. Al respecto, el Juez acuerda: Vista la certificación de cuenta, y de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama dilación en el expediente laboral de origen. Por ende, aun cuando vaya transcurrir el término otorgado a las partes para que se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable; ponderando ese derecho, que tiene su base en el numeral 117 de la Ley de Amparo, y el derecho fundamental de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiarse éste por coincidir con la pretensión de la parte impetrante, lo que se traduce en una dilación procesal. De optar por diferir la audiencia constitucional para dar lugar a que transcurra el término previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, continuaría postergándose la dilación reclamada y, en consecuencia, vulnerándose su derecho fundamental a una justicia pronta, cuando precisamente esta es la razón por la que solicitó la protección de la justicia federal; en cambio, resolver la presente litis constitucional a pesar de que no ha vencido el plazo que señala el aludido precepto legal, en modo alguno le causa lesión a sus derechos, pues esa violación no trasciende al resultado del fallo. A continuación, el Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la documental que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado; haciendo constar que las demás partes no hicieron uso del derecho de ofrecerlas; al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la prueba presuncional legal y humana teniéndose por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos el secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho; El Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1537/2018-10, promovido por ANGELA GUADALUPE HERNÁNDEZ ARELLANO, por propio derecho, contra un acto de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ANGELA GUADALUPE HERNÁNDEZ ARELLANO, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO: ". la omisión de Dictar el Laudo." (sic). AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. Admisión y trámite. El ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8), este Juzgado admitió a trámite la demanda de que se trata, la registró con el número de expediente 1537/2018-10, requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclama un acto dictado por una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este Juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa expuso como acto reclamado: Omisión de dictar el aludo correspondiente en el expediente laboral 1036/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado (foja 13), aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la constancia que en copia certificada acompañó a su informe justificado, relativa al expediente laboral 1036/2016; documental que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio; asimismo, su análisis resulta preferente lo aleguen o no las partes. No obstante la certeza del acto reclamado, en el presente asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En efecto, la parte quejosa no acreditó tener interés jurídico, para promover el presente juicio de amparo, como se expondrá a continuación. En términos del artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con el diverso 5° fracción I, el juicio de derechos fundamentales solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico de la parte quejosa, el cual debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona; así, su afectación se traduce en una perturbación, disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Es así, que el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de los hechos a que se refiere la parte quejosa en su demanda. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de la Junta responsable, en dictar el laudo respectivo en el expediente laboral 1036/2016, de su índice; sin que haya aportado prueba alguna, para acreditar su interés jurídico en el asunto, esto es, que funge como parte en el controvertido de origen; ello, con el objeto de demostrar que el acto combatido afecta su interés jurídico y por tanto, al no encontrarse comprobada dicha circunstancia, y la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento laboral del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico, y en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo, por lo que debe SOBRESEERSE el juicio al operar la causal que señala la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, no obstante que la autoridad responsable haya rendido su informe justificado, ya que ello no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico de la parte quejosa, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, de manera que el informe de la responsable sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar al peticionario de derechos fundamentales de la carga procesal de demostrar su interés jurídico; no bastando que la parte quejosa en su demanda asegure que es parte en el juicio de donde emana el acto reclamado. Tiene sustento lo anterior en la tesis de jurisprudencia número 854, visible en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.- La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Sin que haya necesidad de analizar si en el caso la parte quejosa cuenta o no con interés legítimo para instar el presente juicio constitucional, puesto que, por una parte, no acredita con elemento de prueba alguno tener una situación especial frente a la autoridad responsable y, por otra parte, porque tratándose de actos provenientes de tribunales de trabajo, como en el caso sucede, de conformidad con el artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, resulta necesario comprobar ser titular de un derecho subjetivo (Interés Jurídico) que se afecte de manera personal y directa, situación que el caso no se demostró. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ANGELA GUADALUPE HERNÁNDEZ ARELLANO, contra el acto reclamado y autoridades referidas en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la resolución.
- Principal
MESA 10.- Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo.
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