Angela Gabriela Everardo Degan

Expediente 316/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
316/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Angela Gabriela Everardo Degan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 316/2020-V-B, de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: II. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de seis meses. Lo anterior, no obstante que en este asunto se concedió la suspensión provisional, al tomar en consideración el criterio emitido por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional, en el que se señala: ".únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica." III. Del duplicado del incidente. Ahora, por lo que hace al duplicado del cuaderno incidental, el mismo susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Una vez cumplido el término referido, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. IV. Relevancia documental. Debe decirse que el presente incidente de suspensión no se considera de relevancia documental. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido acuerdo general, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe constancia alguna ofrecida como prueba que devolver a las partes.

  2. Principal

    Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el cual, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Ángela Gabriela Everardo Degan, por propio derecho, en su carácter de apoderada legal de la Unión de Vecinos Residentes y Propietarios de la Unidad Deportiva y Residencial Acozac. En consecuencia, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. II. Oren de archivo. archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto donde se sobreseyó fuera de audiencia, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha, y se tendrá que conservar por el término de tres años. IV. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VII. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VIII. Devolución de documentos. Toda vez que el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, remitió copia certificada del todo lo actuado relativo a su expediente 322/2020; en consecuencia, al resultar innecesaria la retención de dichas constancias, devuélvanse a la autoridad en cita, sin ser necesario solicitar la recepción correspondiente, debido a que la minuta del oficio respectivo, servirá como constancia.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se relaciona una certificación secretarial de la que se desprende que ha fenecido el término de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, para que acreditara haber recogido, entregado y gestionado los edictos para su publicación, y hasta la fecha no ha cumplido con el requerimiento realizado, esto es, no se presentó a este Juzgado Federal a recoger los edictos para emplazar a juicio a la tercero interesado Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina. Asimismo, de las propias actuaciones no se advierte que la parte peticionaria haya manifestado alguna imposibilidad para solventar los gastos de la publicación de los edictos, o alguna otra. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se procede a acordar, tomando en consideración los siguientes antecedentes: a) En proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina, pues le recae tal carácter al ser parte demandada en el juicio de origen, por lo que se ordenó su emplazamiento al haberse considerado actualizada la hipótesis prevista en con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo; por lo que se comisionó al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional turnar los autos para su emplazamiento, a fin de correr traslado. b) Ante la imposibilidad de realizar lograr el emplazamiento, mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, se comisiono de nueva cuenta al actuario adscrito a fin de que se constituyera en diverso domicilio proporcionado por la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, a fin de lograr la diligencia encomendada. c) Asimismo, se dio vista a la parte quejosa para que el término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación de ese proveído, proporcionara domicilio para emplazar al tercero interesado en cita, toda vez que tiene la carga procesal de proporcionar su domicilio, sin que así lo haya realizado. d) Tal y como se evidencia del auto de doce de agosto de dos mil veinte, se ordenó librar oficios de búsqueda a diversas instituciones ahí mencionadas, para que, en su caso, proporcionaran a este Juzgado Federal el domicilio o datos de localización que tengan registrados a nombre del Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina. e) Del resultado de la información recabada, se desprende que no se obtuvo resultado favorable del que se advierta algún domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de la citada parte procesal; pues el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DIRECCIÓN GENERAL DE TELÉFONOS DE MÉXICO, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), RADIOMOVIL DIPSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, "TELCEL", INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM), DIRECTOR DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO Y ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIONES DE PADRONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (SAT), fueron coincidentes en informar que no encontraron en su base de datos información sobre un posible domicilio a favor de la tercero interesado Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina. f) Al no lograr la localización del tercero interesado Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina, en auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la misma a través de edictos a costa de la parte quejosa; por lo que se le requirió a ésta última para que en el plazo de veinte días, contado a partir de la notificación de dicho auto, compareciera a: a) recoger los edictos; b) entregarlos para su publicación y, c) acreditar ante este juzgado, su entrega, es decir, que llevó a cabo las gestiones relativas para su publicación, o bien, acreditara fehacientemente su imposibilidad económica para cubrir el costo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se sobreseería en el presente juicio de amparo. Plazo que transcurrió conforme a la certificación de cuenta; por lo que al no haberse ni siquiera recogido los edictos de mérito dentro del plazo concedido para tal efecto, por falta de interés de la parte quejosa, y al haberse agotado los medios de investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), 5, fracción III, del propio ordenamiento, que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; [.]" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; [.]" El último precepto citado prevé el reconocimiento, como parte procesal en el juicio de amparo a la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. Por lo que debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del peticionario de amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente en la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constiucional. En este sentido, se llega al convencimiento de que la conducta en que incurre la parte quejosa al no recoger y realizar el pago de la publicación de los edictos, así como exhibir el recibo de los mismos ante este órgano colegiado, esto con el fin de emplazar a juicio a la parte tercero interesado, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no observarse, imposibilita que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; de ahí, que se actualice la causa de improcedencia prevista. Sin que sea inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio sobre el tema, en que concluyó que el incumplimiento de no recoger los edictos, previa investigación para su publicación, no conducía necesariamente al sobreseimiento en el asunto, dado que en términos del artículo 17 constitucional, debe de respetarse el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuitamente, pronta, completa e imparcial, así el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, y si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, se podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, toda vez que de no hacerse así, se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Lo anterior corresponde a la jurisprudencia 2ª./J.108/20101, bajo el rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Sin embargo, sólo en el supuesto de que el promovente del juicio manifieste que está imposibilitado para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación, como de los elementos que consten en autos, existan indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; sólo entonces, el juzgador deberá se insiste, atendiendo a las particularidades del caso, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado sea a su costa; pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa. Hipótesis que en el caso no acontece, en virtud de que en autos no obra constancia alguna por medio de la cual la parte quejosa hubiere expresado a este órgano de control constitucional su imposibilidad económica de sufragar los gastos para cubrir los edictos para el emplazamiento de la tercera interesada, ni existen pruebas o elementos que generen indicios suficientes con los que se demuestre que en efecto, la peticionaria de amparo, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago de esa naturaleza, y por el contrario, se advierte que la falta de emplazamiento a dicha parte es imputable al desinterés manifiesto de la peticionaria de amparo. Por ende, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, toda vez que en el caso se incumple con un presupuesto procesal formal del procedimiento y hace que esta juzgadora de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; por lo que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción II, en relación con el dispositivo 5, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), sustentada por el Plano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, Tomo I-Septiembre 2015, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN." Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las catorce horas con veinticinco minutos del veinte de mayo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de veinte días concedido a la parte quejosa para comparezca ante este juzgado a recoger los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado Miguel Ángel Medina Santos y/o Miguel A. Medina, por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, a fin de acordar conducente en el presente juicio de amparo. II. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la misma y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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