Angela de los Angeles Enriquez Espinoza
Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Angela de los Angeles Enriquez Espinoza
- Juez de Control En Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales Sede San Francisco Tan1vet, Tlacolula Oaxaca
- ANGELA DE LOS ANGELES ENRIQUEZ ESPINOZA y Otros.
- Jeremías Cruz Merino, Adscrito A la Mesa dos Investigadora del Sector Metropolitano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto o en su caso informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que represente; lo cual no se prejuzga. Por último, devuélvase al juez responsable los dos discos DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 854/2022 promovido por ANGELA DE LOS ANGELES ENRIQUEZ ESPINOZA, contra actos del Juez de Control en materia penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante una autoridad, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: El acuerdo datado el nueve de julio de dos mil veintidós, por medio del cual le impone una multa por la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL, en autos de la causa penal número 964/2021. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez de Control en materia penal del Circuito judicial de valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, según informe justificado glosado en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, RECONOCIÓ LA EXISTENCIA del acto reclamado. Acto que, por cierto, fue corroborada su existencia en audiencia video-grabada en la fecha de su emisión, contenida en el DVD (DISCO VERSATIL DIGITAL), que acompañó la responsable a su informe justificado, al que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Así como de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SINNECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. ANTECEDENTES 1.- De la videograbación contenida en formato DVD que remitió la responsable como justificación a su informe, se desprende que ante el Juez de Control en materia penal del Circuito judicial de valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, se encuentra radicada la causa penal 964/2021, instruida en contra de MIGUEL ABEL VÁSUEZ O MIGUEL ABEL VÁSQUEZ LÓPEZ, por imputación de la víctima, aquí quejosa ÁNGELA DE LOS ÁNGELES ENRIQUEZ ESPINOZA, de la comisión de hechos que la ley califica como delito de DESPOJO. 2.- Que a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del nueve de julio de dos mil veintidós, dio inicio la audiencia de ampliación del término constitucional solicitado por la defensa del imputado, para efectos de desahogar pruebas, entre ellas, interrogar a la víctima y a los testigos de cargo de ésta. 3.- En el desarrollo de la audiencia, el juez del proceso dio cuenta, en lo que interesa, con un escrito de la víctima, quien no compareció a ella, ni aun de manera virtual, exhibiendo su asesor jurídico, para justificar esa incomparecencia una receta médica expedida por la médico ARACELI GABRIELA ESTEVA VELASCO, con cédula profesional 7628912, quien la expidió a favor de la víctima a quien recetó los medicamentos que describe para el tratamiento de su malestar de salud, a saber, cefalea y faringitis aguda. 4.- Una vez que dicha documental fue puesta a la vista de las partes el juez de los autos (26:02), procedió a resolver sobre la solicitud de la víctima, y estimó que la documental exhibida, es decir, la receta médica, por su naturaleza es insuficiente y no apta para justificar la incomparecencia de la hoy quejosa, pues el documento idóneo en todo caso lo constituye un certificado médico. 5.- En ese entendido, en la consideración de que antes, en audiencia inicial del procedimiento (seis de julio de dos mil veintidós; audio_only, minuto 24:45 ), señala el juzgador haber apercibido a la víctima ÁNGELA DE LOS ÁNGELES ENRIQUEZ ESPINOZA, que para el caso de incomparecencia injustificada le impondría multa por un monto de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no comparecer en la hora y fecha indicada, le impuso multa por la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL, equivalente a los treinta días de medida y actualización En la audiencia relativa, el asesor jurídico de la víctima debate dicha decisión, e involucra que la multa impuesta no está debidamente fundada ni motivada, máxime que se inobserva lo reseñado en la segunda parte del inciso b) de la fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las multas no deben exceder de un día de su salario cuando se trate de jornaleros, obreros o trabajadores o de un día de su ingreso en el caso de trabajadores no asalariados. No obstante lo anterior, el juez responsable vertió los motivos para considerar que su determinación es legal, pues la receta, insistió, no es apta para justificar la inasistencia, pues la prueba idónea en todo caso, lo era un certificado médico. Por supuesto que, con respecto a lo aducido por el asesor de la víctima, reseñó que la imposición de las treinta unidades de medidas y actualización, a la ahora quejosa, se precisaron en la audiencia precedente de seis de julio de dos mil veintidós, para el caso de su incomparecencia, siendo por ello procedente ese medio de apremio, pues antes, no se estableció que la víctima percibiera un salario mínimo, ni cuenta con dato de prueba que revele la contraprestación percibida por la víctima con motivo de su trabajo. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACION. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone que el acto reclamado es atentatorio de sus derechos humanos consagrados en el numeral 16 de la Constitución, porque adolece de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener Lo anterior es así, pues refiere que, contra lo aducido por el juez responsable, la receta exhibida es apta para justificar la incomparecencia de su asesorada a la audiencia en que sería interrogada por la defensa del imputado, pues cumple con los requisitos de ley. Refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos humanos, en la medida en que se impuso a la víctima una multa de motu proprio, sin considerar lo estipulado en la segunda parte del inciso b) de la fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que a los trabajadores no asalariados, como es su caso, no se le puede imponer como medida de apremio una multa superior a un día de su ingreso. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOILACIÓN. El primero de los conceptos de violación resulta FUNDADO, pero, INOPERANTE. En primer término, el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se estiman infringidos, establece "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." [.] El numeral en mención, contiene, fundamentalmente la prerrogativa de que todo acto de molestia que implique un acto de molestia debe plasmarse de manera escrita y fundar y motivar la causa legal del procedimiento. En efecto, es fundado el concepto de violación, hecho valer por la parte quejosa, en el sentido de que el juez responsable no invoca el fundamento relativo para no dar crédito a la receta médica exhibida ante el juez natural en la fecha de la audiencia de ampliación del término constitucional; sin embargo, en este punto, se estima sería inocuo otorgar la protección constitucional para que se invoque dicho fundamento, cuando que es hecho notorio que la Ley General de Salud, en su artículo 83, revela el valor probatorio que debe asignarse a los certificados médicos; no así, a las recetas médicas, que, como con acierto el juez responsable sólo reflejan la prescripción de los medicamentos recetados por el galeno para recuperar la salud del paciente. Puntualizando que para excusar la falta de la víctima a la diligencia, donde sería interrogada por su contraparte, debió haber exhibido el certificado médico relativo. Por otra parte, es FUNDADO el residual concepto de violación, en que la quejosa aduce que el juez natural debió haber impuesto, conforme a la hipótesis contenida en la segunda parte del inciso b) de la fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser una trabajadora no asalariada, una multa que no debió haber excedido de un día de su ingreso diario. Para el estudio relativo, debe reseñarse que los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutelan los derechos de legalidad -que consiste en que toda autoridad debe ajustar su actuar a las disposiciones que norman las atribuciones que le confiere la ley- y seguridad jurídica de las personas -que tutela el conocimiento de éstas tanto de la regulación normativa como del proceder de las autoridades, para asegurar que éste no es arbitrario y evitar indefensión-. Sentado lo anterior, debe decirse que la disertación previa, como la subsecuente, se retoma de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 935 del libro 78, septiembre de dos mil veinte, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en que se señala que el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, enlista los medios de apremio que puede emplear el órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, sin precisar algún procedimiento para su aplicación, incluso, los artículos 57, párrafo último y 59, permiten que puedan aplicarse de manera indistinta. Que la interpretación conforme del citado artículo 104, fracción II, a la luz de los artículos constitucionales a que ya se hizo referencia, permite concluir que, por regla general, el apercibimiento es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. Este resultado hermenéutico protege de manera más amplia los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en términos del artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal y, además, guarda congruencia con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las contradicciones de tesis 46/99-PS y 125/2007-PS, de las que derivaron, respectivamente, las jurisprudencias 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." En ese orden, ahora cabe señalar que el artículo 104, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, prescribe: "Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; Ahora bien, en el caso, de la audiencia video-grabada en fecha nueve de julio de dos mil veintidós, se desprende que el juez de control responsable, por no haber comparecido la quejosa para efectos de ser interrogada por su contraria, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en audiencia previa de seis de julio de dos mil veintidós (archivo audio_only), y le impuso una multa en el monto de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL. No obstante, es el caso, que este Juzgador estima que dicha determinación es inconstitucional, en la consideración de que habiendo sabido el juez responsable que la víctima citada para fungir como un dato de prueba por su contraparte, desempeña una actividad de trabajo como estilista -según así se lo hizo del conocimiento la institución del ministerio público de los datos arrojados en la carpeta de investigación- debió haber ponderado esa calidad, en la circunstancia de no contar con dato alguno que fuera revelador de las percepciones de la quejosa, pues, en este punto, la calidad de persona no asalariada implica la falta de percepción de un salario, lo que la ley, con acierto, por su indeterminación, calificó como un ingreso. En ese tenor, y siendo que el juez responsable patentiza en su audiencia de seis de julio de dos mil veintidós, desconocer el monto de la percepción de la ahora quejosa, y siendo revelador que ésta se ubica en la hipótesis que contempla el artículo 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, como una trabajadora no asalariada de la que no se tiene certeza de su ingreso diario, es por lo que, la medida de apremio que se hace efectiva por el incumplimiento de la víctima para comparecer a la diligencia fijada para el nueve de julio de dos mil veintidós, resulta inconstitucional. De ahí que lo PROCEDENTE SEA CONCEDER A LA QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. El efecto de la concesión es que la autoridad judicial responsable: 1.- DEJE INNSUBSISTENTE su acuerdo de nueve de julio de dos mil veintidós, en que impuso a la quejosa una multa por un monto de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL. 2.- En su lugar, ponderando la necesidad de cumplir con el desahogo de la prueba ofrecida por la contraparte de la ahora quejosa, EMITA OTRO acuerdo CON LIBERTAD O PLENITUD DE JURISDICCIÓN, que para el caso de insistir en la imposición de las medidas de apremio, deberá imponerse en términos del artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. OCTAVO. TRANSPARENCIA. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... en los términos del considerando séptimo contra los actos reclamados al Juez de Control en materia penal del Circuito judicial de valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a través del cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de diez del presente mes, remite un disco DVD, que contiene registro de audio y video de la audiencia de término constitucional de seis de julio de dos mil veintidós; el cual se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos, se advierte que por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede san Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, copia certificada de la audiencia inmediata anterior a la de nueve de julio de dos mil veintidós; sin que a la fecha haya cumplido con tal requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase nuevamente al Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede san Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada en formato PDF o en DVD (Disco Versátil Digital), de la audiencia inmediata anterior a la de nueve de julio de dos mil veintidós, en que decretó, apercibimiento a la quejosa para que compareciera ante su potestad en esta última fecha. Apercíbase a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, a fin de que cumpla con lo solicitado, atendiendo la trascendencia e importancia que tiene la constancia solicitada para resolver el presente asunto. En atención a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy no podrá celebrarse y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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