Angela Consuelo Diaz Ramos

Expediente 1129/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1129/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Angela Consuelo Diaz Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/1946/2022, signado por la responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta), mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en autos, remite copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria otorgado a la aquí quejosa; misma que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba documental. Ahora bien, de la constancia que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con la misma, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento Asimismo, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a su oficio de cuenta, copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria otorgado a la aquí quejosa Ángela Consuelo Díaz Ramos, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Sub Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, dio salida de la estación migratoria a la referida quejosa. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad y, por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo [dieciséis de junio de dos mil veintidós], que lo fue el veintitrés del propio junio. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior y en cumplimento a lo ordenado en el auto inicial, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que las autoridades responsables Jefe, Encargado Titular o Comisionado de la Delegación Regional de Migración e Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no han dado cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante autos de dieciséis de junio, veintidós de agosto y uno de septiembre de dos mil veintidós, que le fueron comunicados a través de los oficios 11404/2022, 11405/2022, 17626/2022, 17627/2022, 18597/2022 y 18598/2022, girados por este órgano jurisdiccional, no obstante de haber quedado legamente notificadas de los mismos, como se aprecia de las constancias que obran en autos, causando con ello un notorio retraso en el trámite del juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las citadas autoridades responsables, para que dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, hagan del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a la quejosa Ángela Consuelo Díaz Ramos, la misma fue puesta en libertad, o bien, informen si se encuentra pendiente de que cumpla con algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fue exenta en el auto en que se le concedió la suspensión de plano; en la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. ... Notifíquese. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente expediente no se encuentra debidamente integrado, toda vez que en esta fecha se requerirán constancias relativas al acto reclamado a las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables no han informado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa en auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las responsables Jefe, Encargado, Titular o Comisionado de la Delegación Regional de Migración, adscrito al Instituto Nacional de Migración e Instituto Nacional de Migración, ambas con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, hagan del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a la aquí quejosa Ángela Consuelo Díaz Ramos, fue puesta en libertad; en la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. ... Notifíquese. ...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibida y agréguese a los autos la intervención ministerial 457/2022, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio de la cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismas que se relacionarán en la etapa respectiva de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. En cuanto a la copia que solicita, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de ser el caso, una vez que se emita la sentencia constitucional que corresponda, expídasele copia certificada de la misma. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Jefe, Encargado Titular o Comisionado de la Delegación Regional de Migración adscrito al Instituto Nacional de Migración e Instituto Nacional de Migración, ambas con residencia en esta ciudad, no han rendido su informe de suspensión de plano ni informe justificado que le fueran solicitados, los cuales son necesarios para resolver este asunto. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas responsables para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, haga del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a la quejosa Ángela Consuelo Díaz Ramos, fue puesta en libertad, o bien, informen si se encuentra pendiente de que cumpla con algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fueron exentos en el auto de suspensión de plano; en la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se impondrá una multa de manera individual equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que lo anterior obstaculiza la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, se deja sin efectos la misma y se difiere anticipadamente la misma, fijándose las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

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