Ángela Carolina Villafuerte Vázquez

Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Ángela Carolina Villafuerte Vázquez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Parte quejosa solicita copias Se tiene por recibido el ocurso presentado por la quejosa **********, por medio del cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en autos, así como del proveído por el que causó ejecutoria dicha determinación; en ese sentido, se provee: En el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que el expediente electrónico se integrara a través del uso de los medios y soluciones digitales implementadas en el Poder Judicial de la Federación. Lo anterior implica que las determinaciones emitidas en el presente juicio, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, no sean glosadas al cuaderno físico, pues ya obran en el expediente electrónico al haber sido firmadas de esa forma, y cuentan con validez legal suficiente y evidencia criptográfica. En tal virtud, toda vez que del artículo 41 bis1 del citado acuerdo, se establece que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlos en su versión electrónica; por tanto, dígase a la parte promovente que la totalidad de las constancias que integran este juicio se encuentran a su disposición en el expediente electrónico respectivo, las cuales podrá consultar y, en su caso, descargar, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que si carece de usuario para hacerlo, o bien, no haya solicitado esa modalidad de acceso, podrá acudir a este órgano jurisdiccional con un dispositivo de almacenamiento y previo a la obtención de éstos, se levantará la razón de entrega respectiva.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ma del Carmen Zúñiga Cleto, jueza Octava de Distrito en el estado de Guanajuato, asistida de Griselda Ramírez Constantino, secretaria que autoriza, da fe y certifica que, al día de hoy, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado.

  2. Principal

    La sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Asimismo, de conformidad con el punto 8.1.2, inciso 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, puesto que se concedió la suspensión definitiva. Lo anterior, en ambos casos, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo definitivo. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Anotaciones Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución del cuaderno de pruebas Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable la prueba documental que adjuntó en apoyo a su informe justificado, al resultar innecesaria su retención.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 743/2022, promovido por **********; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por oficio 2411/2022 con anexos de cinco de julio del presente año, recibido el quince de julio de dos mil veintidós, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado en la misma data a este Juzgado, mismo que contenía la demanda promovida por Ángela Carolina Villafuerte Vázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: EN CUANTO ORDENADORAS.- EL C. JUEZ CUARTO DE PARTIDO CIVIL DE CELAYA, GUANAJUATO.". "IV. ACTOS RECLAMADOS.- A).- De la autoridad señaladas como ordenadoras, la resolución de fecha 02 dos de agosto del año 2021 dos mil veintiuno". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, este juzgado recibió el oficio con anexos, así como la demanda en cuestión, la registró bajo el número 743/2022 y se avoco al conocimiento de la demanda y se admitió la demanda, se dio intervención al representante social adscrito quien no formuló pedimento; se dio vista con el informe con justificación de la autoridad señalada como responsable; reconoció el carácter de tercera interesada a María de Lourdes Maldonado García, en su calidad de albacea del juicio sucesorio intestamentario C-204/2021 a bienes de Jorge Esquivel Carrillo, quien fue emplazado al juicio de amparo el tres de agosto de dos mil veintidós (fojas 96 a 98), por conducto del juez responsable. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la tercera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado es la resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, en el juicio especial 204/2021, sobre sucesión Intestamentaria a bienes de Jorge Esquivel Carrillo, en el que se declararon como únicos y universales herederos del intestado a los denunciantes de la sucesión cónyuge supérstite y descendientes directos en primer grado del de cujus, el acto reclamado no requiera ejecución material, por tanto es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, en el juicio especial 204/2021, sobre sucesión Intestamentaria a bienes de Jorge Esquivel Carrillo, en el que se declararon como únicos y universales herederos del intestado a los terceros interesados María de Lourdes Maldonado García, Jorge Ricardo y Kenya Itzel ambos de apellidos Esquivel Maldonado. TERCERO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna causa que conforma a dicha institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la referida Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el artículo 61 de la ley en cita. Luego, al no advertir que las partes en el presente juicio constitucional hayan hecho valer causal de improcedencia alguna y toda vez que esta juzgadora inadvierte, de oficio, que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación, por lo que procede su análisis sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La juez de Partido Cuarto Civil en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado (foja 3). Lo anterior se patentiza con las documentales que allegaron, consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente C204/2021 del índice del juzgado responsable; probanzas que tienen el pleno valor probatorio que le confieren los artículos 129, 197, 202 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Antecedentes. Del análisis de las constancias que integran los autos, se desprenden como antecedentes relevantes del acto reclamado, los siguientes: 1. Los terceros interesados, María de Lourdes Maldonado García, Jorge Ricardo y Kenya Itzel ambos de apellidos Esquivel Maldonado por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, demandaron en la vía procedimiento especial la sucesión intestamentaria a bienes Jorge Esquivel Carrillo. (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas). 2. Demanda que le correspondió conocer al Juez de Partido Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato, quien la radicó en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, bajo el juicio sucesión intestamentaria número C-204/2021 (fojas 9 y 10). 3. Seguido el juicio por sus etapas, el Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, pronunció sentencia el dos de agosto de dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declaran Únicos y Universales Herederos Ab-Intestato a bienes de Jorge Esquivel Carrillo, a María de Lourdes Maldonado García, Jorge Ricardo y Kenya Itzel ambos de apellidos Esquivel Maldonado, en su carácter de cónyuge supérstite y descendientes directos en primer grado del de cujus. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles, se tuvo a los denunciantes por otorgando voto a favor de María de Lourdes Maldonado García, para que desempeñe el cargo de albacea de la presente sucesión, tal como lo solicitaron en su escrito inicial de denuncia; por lo que no es necesario celebrar la junta de herederos, debiendo comparecer la designada heredera a expresar su aceptación y protesta del cargo conferido ante este juzgado actuante. TERCERO. No se hace condena en costas por la naturaleza del negocio. CUARTO. Se dejan a salvo los derechos de las personas que acrediten tener igual o mejor derecho a los aquí declarados herederos. En su oportunidad continúese con la prosecución de las restantes secciones.(.)". (fojas 37 a 40 del tomo de pruebas). Éste es el acto reclamado. El veinte de abril de dos mil veintidós, en la ciudad de Morelia, Michoacán, fue emplazada la quejosa a juicio oral familiar el Juzgado Segundo Oral Familiar del Distrito de Morelia, sobre nulidad de acta de matrimonio con el señor Jorge Esquivel Carrillo. SEXTO. Estudio de fondo. Como conceptos de violación la quejosa señala, en atención a la causa de pedir, lo siguiente: a. Se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 constitucional, pues tiene derecho a ser llamado al juicio sucesorio de origen como esposa del de cujus. b. Tiene derecho a formar parte de los herederos dentro de ese juicio intestamentario. c. Como apoyo a su dicho, cita la jurisprudencia de rubro "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ÉSTE RESPECTO DE UN JUICIO EN EL CUAL NO SE LE ESCUCHÓ AUN CUANDO LOS BIENES MATERIA DE ÉSTE SE HAYAN ADJUDICADO A UN TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE." d. Lo actuado en el juicio especial 204/2021, sobre sucesión intestamentaria a bienes de Jorge Esquivel Carrillo, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. La litis en el presente asunto se constriñe en determinar si acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucional, se transgredieron los derechos fundamentales ahí reconocidos, a la luz del caso, debido a la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario de origen. Luego, el examen correspondiente se hará en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues la quejoso tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen. Derecho de audiencia. Los artículos 14 constitucional y 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen el derecho de audiencia, que consiste fundamentalmente en la oportunidad del gobernado de intervenir para poder defenderse, previamente a que una autoridad emita un acto privativo. Esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se base la defensa y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Sin embargo, tales derechos tienen como presupuesto básico el llamamiento a juicio, pues, si no se da a conocer de manera fehaciente que existe un procedimiento legal que involucra al afectado, éste no podrá acudir en su defensa. Así, el respeto a la garantía de audiencia implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que garanticen una oportuna y adecuada defensa; y consisten en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, a fin de que el particular que se verá afectado esté en posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas que a su derecho correspondan; a lo cual deberá sobrevenir el dictado de una resolución que dirima la controversia. La doctrina y el derecho jurisprudencial interno han sido coincidentes en conceptualizar al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de un juicio seguido en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. En efecto, el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento, y constituye un acto procesal básico para el otorgamiento de la garantía de audiencia de los gobernados frente a cualquier acto privativo. Es decir, es una formalidad esencial para que pueda entablarse jurídicamente una relación procesal válida. Por ello y dada su relevancia, el juez debe velar por que el demandado efectivamente tenga conocimiento de que existe un proceso que le pudiera parar perjuicio, para que tenga la oportunidad de defenderse. Figura jurídica de la herencia. La herencia es la universalidad de los bienes y obligaciones de una persona, que con motivo de su muerte se transmiten a sus sucesores. La herencia se concede por la voluntad del testador o por disposición de la ley, en la que la primera se le denomina testamentaria y a la segunda legítima. Entendiéndose por la primera, cuando el causante a través del testamento dispone de sus bienes o de una parte de ellos, mientras que la segunda se abre cuando falta o no puede cumplirse la voluntad testamentaria del autor de la sucesión. Los herederos adquieren derecho sobre la masa hereditaria al morir el autor de la sucesión y quienes tienen derecho a heredar por sucesión legítima son los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del sexto grado y en ciertos casos los concubinos. Lo anterior encuentra sustento en los artículos 2537, 2538, 2539, 2544, 2838 y 2841, del Código Civil para Guanajuato. Ahora, de acuerdo con los artículos 600, 601, 604 y 608, del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, quienes denuncien una sucesión deben precisar quiénes son los descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite o, en su defecto, parientes colaterales, dentro del sexto grado. El juez radicará la sucesión y mandará notificar, por correo certificado, a los posibles herederos, haciéndoles saber el nombre del finado, la fecha y lugar del fallecimiento, para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea. Se mandará fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio, en el lugar del último domicilio y en el de origen del finado, anunciando su muerte sin testar y los nombres y grado de parentesco de los que reclamen la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado, a reclamarlo. Establecido lo anterior, se procede a establecer si en este asunto se transgredieron las formalidades del juicio sucesorio intestamentario de origen, al omitir llamar a la aquí inconforme, a fin deducir el derecho de herencia que les corresponde. Tercero extraño. El numeral 107, fracción VI, de la ley en la materia, establece la procedencia del juicio de amparo para las personas que cuenten con la calidad de extrañas a juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dentro del juicio existen dos supuestos en que a las personas pueden considerarse terceras extrañas a juicio, a saber: a) Terceros extraños en sentido estricto: Son aquellos que sin ser parte de un juicio se les pretende afectar un derecho (sujetos que no forman parte de una controversia); o, b) Terceros extraños al procedimiento por equiparación: Son aquellos que, siendo parte de la relación jurídica procesal, no fueron emplazados o fueron citados en forma distinta de la prevenida por la ley. Por ello, si una persona se ostenta con la calidad de tercero extraño equiparado, su afectación principal es la falta o el emplazamiento ilegal, con independencia de que también impugne las actuaciones del proceso, la declaratoria de herederos o su ejecución, debido a que éstos son consecuencia de aquél y ante la falta llamamiento a juicio, todos los actos subsecuentes correrán la misma suerte, por no haberse integrado debidamente la relación jurídica procesal. Por tal motivo, el órgano de amparo debe proyectar el análisis de constitucionalidad sobre el acto reclamado relativo a la falta emplazamiento a juicio, tal como lo ha considerado el Tribunal Constitucional del País. Con base en las premisas anteriores, los motivos de disenso resultaron fundados, suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P.J.149/2000, en consecuencia, suficientes para conceder la protección constitucional solicitada; como se expondrá a continuación. Cabe precisar que, en el presente asunto, la quejosa Angela Carolina Villafuerte Vázquez acude a esta instancia con el carácter de tercero extraño al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Jorge Esquivel Carrillo; al respecto aducen que dicho juicio fue promovido por la esposa e hijos del de cujus, María de Lourdes Maldonado García, Jorge Ricardo y Kenya Itzel ambos de apellidos Esquivel Maldonado, no fue llamada al juicio, lo que le impidió deducir el derecho de herencia que le corresponde. Para acreditar el parentesco con el autor de la sucesión, el disidente adjuntó a la demanda de amparo los documentos siguientes y que obran en el sumario constitucional: a) Copia certificada del acta de matrimonio F779319 de veintinueve de julio de dos mil diecisiete, expedida por el oficial Segundo del Registro Civil de Morelia Michoacán, donde figuran como contrayentes Jorge Esquivel Carrillo y Ángela Carolina Villafuerte Vázquez. (foja 109) b) Copia del certificado de defunción con número de folio 210621237, que acredita que falleció en la ciudad de Morelia, Michoacán. (foja 113) c) Impresiones fotográficas del matrimonio que contrajo con el de cujus. (fojas 114 a 116) d) Copia del acta de defunción a nombre de Jorge Esquivel Carrillo, número F1310288, de veinte de febrero de dos mil veintidós, expedida por el oficial del Registro Civil del Sector Salud Morelia, Michoacán, en donde consta como datos de la cónyuge Ángela Carolina Villafuerte Vázquez. (foja 35) Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios facultados para ello. Las cuales son suficientes para acreditar plenamente el parentesco de la aquí quejosa, con el autor de la sucesión, al demostrar que es esposa de quien falleció. En tal virtud, queda evidenciado con las actas antes descritas, que la quejosa es esposa del autor de la sucesión Jorge Esquivel Carrillo. Por tanto, la quejosa acreditó únicamente para efectos del presente juicio de amparo que es presunta heredera legítima. Ahora, de la revisión integral del expediente de origen, no se advierte que la promovente del amparo estuviera en posibilidad de comparecer oportunamente a deducir y justificar sus derechos hereditarios, pues ni en los antecedentes de la demanda inicial en el procedimiento de origen, ni en la referencia respectiva de los posibles herederos, se hizo conocer a la autoridad responsable el posible derecho que le asistía a la ahora quejosa sino hasta la demanda de nulidad de acta de matrimonio promovida en su contra, esto es, casi un año después de que se haya declarado a los herederos de la sucesión. En el juicio de origen una vez que se remitieron las actuaciones a la notaria publica para su inscripción para la continuación de su tramitación de manera extrajudicial el doce de octubre de dos mil veintiuno y hasta el diecisiete de mayo del presente año, informa que existe un juicio de nulidad de matrimonio bajo el número 35/2022 del índice del Juzgado Segundo Oral Familiar en la ciudad de Morelia, Michoacán. Lo anterior, porque se le afecta su derecho hereditario que le corresponde derivado de la calidad de esposa de Jorge Esquivel Carrillo (autor de la sucesión), pues está acreditado el parentesco, por lo que, es claro que le asiste derecho para ser llamada al juicio sucesorio natural como posible herederos, ello sin prejuzgar sobre la titularidad de sus derechos hereditarios, o sobre la primacía o no de éstos en relación con terceros interesados, por ser tal cuestión facultad del juez responsable, atento a las pruebas que para tal efecto se aporten, pues la determinación que así se hace respecto del parentesco es exclusiva para los efectos de este juicio de amparo. Es aplicable al caso, por lo que informa, la jurisprudencia de rubro que dice: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que en el juicio natural se hubiesen publicado los edictos que refiere el artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles para Guanajuato, pues en las actuaciones del juicio sucesorio de origen, se inobserva que efectivamente se hubieran fijado y publicado los edictos en los estrados del juzgado por todo el tiempo del emplazamiento, a saber el cinco de abril de dos mil veintiuno, pero no que hayan permanecido en la puerta de dicho juzgado durante el plazo de treinta días que establece el precepto legal citado. Asimismo, una vez que se presentaron las publicaciones de los edictos ordenados, señalo que la última publicación fue día diecinueve de mayo y de las constancias anexadas se advierte que es el veintiséis del mismo mes y año. Con tales circunstancias, se hace patente que el llamamiento de las personas que pudieran tener interés en el juicio sucesorio, no se llevó a cabo con todas las formalidades legales, en virtud de que el precepto 571, del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, es expreso en señalar que el juez mandará fijar y publicar edictos como se dispone en el artículo 324 de la norma en mención, haciéndose saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir sus derechos en la forma y términos ahí previstos, mientras que el segundo de los preceptos indica que los edictos se fijaran en la puerta del juzgado por todo el tiempo que dure el emplazamiento (treinta días). Publicación de todos los edictos que, con base en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 7/2012 (10a.), constituye el llamamiento a juicio, de rubro: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL EDICTO PUBLICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN CONSTITUYE EL LLAMAMIENTO A JUICIO RESPECTO DE AQUELLOS SUCESORES QUE NO FUERON EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL ESCRITO INICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 818 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, obliga al denunciante del juicio sucesorio intestamentario a expresar en su demanda el nombre y domicilio de los demás coherederos, y si se trata o no de mayores de edad, bajo pena de tener por no hecha la denuncia en caso de omitir esos datos. Por otra parte, el numeral 819 del mismo ordenamiento, establece que una vez hecha la citada denuncia, el juez tendrá por radicado el juicio de intestado y mandará publicar un edicto, por una sola vez, en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial donde aquél no se publique, así como en un periódico de los de mayor circulación en el Estado, en el cual convocará a quienes se crean con derecho a heredar para que comparezcan a deducirlo dentro de treinta días contados desde la fecha de su publicación. En ese tenor, el edicto publicado en la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario tiene como fin "convocar" o llamar a juicio a aquellas personas inciertas o ignoradas que pudieran tener derecho a la sucesión del de cujus, a efecto de que intervengan en el juicio sucesorio referido para que se les reconozca la calidad de herederos con todas las consecuencias legales, y se respeten sus derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por otra parte, se advierte que el juez responsable fue omiso en dar cumplimiento al artículo 608 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, dado que no obstante que tuvo conocimiento que falleció en la ciudad de Morelia, Michoacán, ordeno publicar los edictos dos veces consecutivas en el periódico oficial y dos veces seguidas en el diario de circulación en la ciudad de Celaya. Por lo que negó el derecho a las personas en la ciudad de nacimiento y en la ciudad de la muerte de conocer del juicio, esto es, Cuernavaca, Morelos y Morelia, Michoacán. Debido a lo expuesto, son fundados los conceptos de violación, dado que se omitió llamar al juicio de origen a la aquí quejosa, con lo cual se infringió su derecho de audiencia. Consecuentemente, ante lo fundado de los conceptos de violación relativo a la falta de llamamiento al juicio de origen, lo procedente es conceder al peticionario el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En mérito de lo anterior, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de restituir al promovente del amparo en el pleno goce de su derecho, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable realice lo siguiente: a) Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número C-204/2021 de su índice, a partir del cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que ordeno anunciar la radicación de la sucesión b) Ordene emplazar a juicio a la peticionaria del amparo puesto que no se le otorgo la oportunidad de intervenir en el mismo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a **********, en contra del acto precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Recepción de exhorto diligenciado Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 417/2022 del índice de este juzgado federal, a través del cual se encomendó notificar personalmente a la quejosa ********** el proveído de dieciocho de julio del año en curso, en que se radicó la demanda de amparo respectiva. Dese de baja la comunicación en cita y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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