Angela Azucena Memije Aparicio

Expediente 618/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
618/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Angela Azucena Memije Aparicio
  • Angela Azucena Memije Aparicio y Otros.
  • Maria de los Angeles Memije Aparicio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 54 a 56). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, también debe destruirse el duplicado del incidente; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible porque se concedió la medida cautelar; asimismo deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Visto el oficio y anexos de cuenta signados por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, por medio del cual el informa que en auto de siete de junio de dos mil dieciséis, otorgó el perdón a las inculpadas, aquí quejosas **********, por lo que declaró extinguida la acción penal en la causa **********, instruida en su contra, por el delito de lesiones, cometido en agravio de Wendoline Sarahi Pérez Ortega, como consecuencia, dictó el sobreseimiento del presente juicio, por lo que ordenó el archivo del mismo como asunto concluido; remitiendo para corroborar su dicho copias fotostáticas certificadas de dicha determinación. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable de referencia, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto genera la extinción de la acción penal. En esas condiciones, es de advertirse que no obstante que al momento de acudir la parte quejosa a la instancia constitucional haciendo consistir su acto reclamado en: "La orden de busca y captura que se ha librado en nuestra contra, y por consiguiente todas y cada una de las consecuencias legales que se deriven de dicha orden, y de las responsables ejecutoras, reclamamos el cumplimiento que de un momento a otro han de llevar acabo de tal acto con grave perjuicio no solo de nuestra libertad personal, sino de la vida misma, en su afán de hacernos confesar un delito que no hemos cometido aplicándonos actos de los prohibidos y señalados por el artículo 22 de la Constitución General de la República." Acto reclamado que aceptó la autoridad señalada como responsable antes referida; sin embargo, cabe acotar, como se dijo antes, que en siete de junio del año en curso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos; toda vez que con ésta fecha se declaró extinguida la acción penal, así como el sobreseimiento del juicio, y ordenó el archivo del mismo, dentro de la causa penal 46/2016, en contra de las quejosas, por el delito y agravios antes descritos; lo que hace evidente que ha sobrevenido de manera indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio, que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;... (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y, por lo tanto, los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Sin duda, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a las quejosas en el pleno goce de la garantía individual violada, las cosas retornan al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose así la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, se logra el fin último que se persigue a través del juicio de amparo, y las cosas quedan como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es ilustrativa al caso la tesis número P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197,367, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." También se aplica al respecto, la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196,820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Tiene aplicación al respecto, por identidad de criterio, la tesis aislada VI.2º. 53K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 616, tomo IV, Octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 201269, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO EN EL AMPARO." Sobreseimiento que se hace extensivo contra los actos que se impugnan a las autoridades ejecutoras al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia 516, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 339, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Sin que pase inadvertido para la suscrita, que la parte quejosa también señaló como autoridades responsables ordenadoras a la Jueza Segundo, Tercera y Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residentes en esta ciudad, pues de constancias se aprecia el acto impugnado a dichas autoridades es inexistente, por lo que no ha lugar a efectuar mayor pronunciamiento al respecto. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional prevista para las once horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Glósese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio firmado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que las aquí quejosas ************, comparecieron bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, a someterse a su jurisdicción. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, de conformidad en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, para una vez que dicte el auto de plazo constitucional, en la causa penal 46/2016, que se instruye a las quejosas ante citadas, envíe copia certificada del mismo, para estar en aptitud de acordar lo conducente en el juicio principal, toda vez que podría actualizarse una causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, atento a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado y tener por exhibidos los billetes de depósito que amparan la cantidad fijada para que surta efectos la suspensión provisional de los actos reclamados concedida a las quejosas. Lo anterior, en virtud que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió en definitiva el presente cuaderno incidental y como consecuencia, quedó sin efectos la suspensión provisional; por tanto, se deja a disposición de las quejosas ******************** los billetes de referencia, quienes deberán comparecer personalmente a recibirlos previa identificación con validez oficial que contenga su fotografía y razón de su recibo correspondiente; guárdese provisionalmente en la caja de valores de este juzgado federal.

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