Angela Aracely Alcantara Mayida

Expediente 1725/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1725/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Angela Aracely Alcantara Mayida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes, que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja 366/2022, resolvió: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo que le dio origen. Asimismo, el cuaderno de antecedentes derivado del expediente en que se actúa es destruible...II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Intégrense al sumario los oficios relatados en la cuenta secretarial; en su atención, se acuerda: INFORMA VÍAS DE CUMPLIMIENTO. Se tiene al Director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, informando, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que dejó insubsistente el oficio SSPTYV/DPD/305/2021, de diez de octubre de dos mil veintiuno, asimismo, que emitió uno nuevo en donde ordena remitir a la autoridad competente Dirección de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el escrito de petición de seis de octubre de dos mil veintiuno, firmado por la quejosa ***; lo que acredita con la constancia original que adjunta al de cuenta. REQUERIMIENTO. En consecuencia, toda vez que de conformidad con los artículos 192, 237, 238 y 258 de la Ley de Amparo, es obligación del juez de amparo velar por el debido cumplimiento de la sentencia concesoria, requiérase al director responsable, para que en el término de tres días, informe si el acto administrativo mediante el cual deja insubsistente el oficio SSPTYV/DPD/305/2021, de diez de octubre de dos mil veintiuno, y ordena remitir a la autoridad competente el referido escrito de petición, ya fue notificado a la quejosa ***, y en caso afirmativo, remita copia certificada de la constancia respectiva. Asimismo, se hace la precisión de dicha responsable que, los efectos de sentencia concesoria de amparo, se limitaron a dejar insubsistente el oficio SSPTYV/DPD/305/2021, de diez de octubre de dos mil veintiuno, y remitir a la autoridad competente, la petición realizada el seis de octubre de dos mil veintiuno, por la quejosa ***, así como a notificar personalmente a la quejosa dicha contestación, es decir, notificarle únicamente la determinación en la cual deja insubsistente el oficio respetivo y ordena la remisión del escrito de petición a la autoridad correspondiente. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no cumplir a cabalidad con la ejecutoria de amparo sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. AUTORIDAD NO RESPONSABLE INFORMA. Por otro lado, se tiene al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo informando el cumplimento parcial dado al fallo protector, sin embargo, no ha lugar realizar pronunciamiento al respecto, toda vez que el requerimiento que le fue realizado mediante auto de dieciséis de noviembre del año en curso, fue para el efecto de que, en su carácter de superior jerárquico del Director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, para que ordene cumplir con lo antes precisado, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en los ordinales 238 y 258 de la ley de la materia, además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable...M-V

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de noviembre de dos mil veintidós. SAT INFORMA DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al Subadministrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Hidalgo 1 proporcionando el domicilio del tercero interesado *** SE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EXHORTO. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva comisionar al actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, Puebla y emplace al presente juicio al tercero interesado *** Deberá correrle traslado con copia autorizada de la demanda, auto admisorio y del presente proveído, a fin de que si a su interés conviene se apersone al presente juicio, alegue y ofrezca pruebas si a sus intereses conviene. Asimismo, deberá hacerle de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, deberá requerirlo para que en el término de tres días señale domicilio procesal en Pachuca de Soto, Hidalgo, o bien, en el área conurbada; apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le practicará por medio de la lista que se fije en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. En el entendido que el emplazamiento deberá efectuarse en los términos precisados en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del juez requerido que se le faculta para que en caso de ser necesario habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el ordinal 21 de la Ley de Amparo; asimismo, deberá practicarla aun cuando al realizarla haya transcurrido la fecha de la audiencia constitucional...M-III

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de noviembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Vista la demanda promovida por ***, contra actos de la titular de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1725/2022-II-B, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte la actualización de diversas causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifies0ta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, el juicio de amparo es improcedente, en tanto que, la omisión de contestar de manera fundada y motivada el escrito de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la quejosa y dirigido a la titular de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante el cual solicitó judicializar la carpeta de investigación *** en pro de la víctima por aun existir actos de molestia por parte de la imputada ***; se traduce en una omisión de investigar o bien, de observar una conducta pro activa en el desarrollo de la investigación, con la finalidad de cumplir con los fines del procedimiento penal; lo cual es susceptible de impugnarse ante el juez de control competente, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ciertamente, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Dicho numeral hace referencia al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo consistente en la obligación de quien se considera agraviado con el acto de autoridad, de agotar todos y cada uno de los recursos, juicios o medios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, siempre que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Cabe señalar que dicha obligación se encuentra condicionada a que el sistema de recursos previsto en la ley secundaria, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto impugnado, ni plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar. Además, debe decirse que la parte quejosa no se encuentra obligada a acatar el principio que se trata, cuando sea tercera extraña al procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando éste carece de fundamentación. Sobre esto último, conviene aclarar que para que opere la excepción del principio aludido, no debe existir precepto legal alguno que apoye el acto reclamado. Es decir, debe existir ausencia total de fundamentos legales, lo que no puede ser de otra manera si se toma en consideración que la acepción del vocablo carecer, conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésima segunda edición, 2001, editorial Espasa, página 452, es la siguiente: Tener falta de algo. Lo razonado conduce a analizar la naturaleza y origen de los derechos discutidos. Así, para determinar si en el caso a estudio cobran aplicación las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en materia penal, o si la quejosa se encuentra obligada a observar dicho principio antes de acudir a la instancia constitucional. En esa tesitura, se tiene que la omisión que en esta instancia constitucional se impugna, consiste en la omisión de contestar la solicitud de judicializar la carpeta de investigación NUC:***, en pro de la víctima por aun existir actos de molestia por parte de la imputada *** Como se ve, la omisión impugnada no se ubica dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad que rige en el amparo contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese sentido, esta juzgadora de amparo estima que la quejosa se encuentra obligada a agotar los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece a su favor De manera que, si de lo que se duele la solicitante del amparo es de la omisión de contestar de manera fundada y motivada el escrito de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la quejosa y dirigido a la titular de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante el cual solicitó judicializar la carpeta de investigación *** en pro de la víctima por aun existir actos de molestia por parte de la imputada ***; entonces, antes de acudir a la tutela constitucional, debió acudir ante el juez de control competente, según lo establecido en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra cita: Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Se sostiene lo anterior, porque las determinaciones o abstenciones del agente del Ministerio Público, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de control; por ello, es inconcuso que la quejosa se encuentra obligada a agotar dicho medio ordinario de defensa. Lo anterior, de acuerdo con lo que sobre el particular sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, Décima Época, de rubro y texto siguientes: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De igual, lo anterior encuentra sustento en lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, Décima Época, de rubro y texto siguientes: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamado un remedio procesal que puede subsanar las violaciones alegadas en la demanda de amparo, el mismo debió ser ejercido por la peticionaria de amparo, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para la gobernada cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Consecuentemente, como ya se citó, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, al no surtirse los requisitos de procedencia de la acción constitucional, pues en la especie, teniendo en cuenta la finalidad del proceso penal, el juicio de amparo sólo procederá cuando se promueva contra actos que sean de imposible reparación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, siempre y cuando se hayan agotado los recursos o medios de defensa que la quejosa tiene a su alcance. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en *** AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a *** CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO MÓVIL. Se tiene a la quejosa proporcionando los siguientes: *** En el entendido que dicho medio de comunicación no sustituye el domicilio procesal, sino que únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el nombre de usuario que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...M-II

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano