Angela Araceli Alcantara Meyida

Expediente 2/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Angela Araceli Alcantara Meyida

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de tres de enero del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la ampliación de demanda de amparo, promovida por ******************** Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    DESECHAMIENTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Los extremos apuntados se actualizan en el caso de nuestra atención, porque este juzgador considera que este juicio es improcedente contra el acto que se señala como reclamado, porque la quejosa omitió observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tanto que no agotó el remedio procesal que la ley que rige el acto reclamado prevé en contra de una determinación de la naturaleza que se destacó en párrafos precedentes. En efecto, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el principio de definitividad que ahí se establece consiste en la obligación de quien se considera agraviado con el acto de autoridad, de agotar todos y cada uno de los recursos, juicios o medios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, siempre que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. No obstante, esa obligación no es exigible cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña a juicio típica o por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la resolución definitiva, pues en caso contrario, se entiende que el afectado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a interponer o promover los medios de defensa que la ley que rige el acto pone a su disposición. Ahora bien, en la especie la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la omisión del Agente del Ministerio Público Titular del Centro de Atención a Víctimas (CAVIX) Unidad I, adscrito a la Coordinación de Atención a la Familia y a la Víctima en Ixmiquilpan, Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, de tener a bien judicializar la carpeta de investigación ********************. Cabe mencionar, que la inconforme tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación aludida, lo que significa que tiene legitimación para impugnar aquellos actos que estime lesivos de su derecho fundamental a conocer la verdad de los hechos que se investigan y, eventualmente, obtener la reparación del daño; por ende, puede afirmarse que es parte en el procedimiento penal. Ante esas circunstancias, resulta evidente que la peticionaria del amparo se encuentra obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código Nacional de Procedimientos Penales le ofrece para defender sus intereses, si considera que se cometió alguna irregularidad en su contra o que el fiscal no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones; pues no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa metaprocesal únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento, es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En ese tenor, este juzgador federal estima que si aquello de lo que se duele la solicitante del amparo es, como ya se dijo, de la omisión de ejercer la acción penal, es decir, judicializar la carpeta de investigación ********************, así como las diversas deficiencias en la etapa de investigación preliminar que arguye la peticionaria en su escrito inicial; entonces, antes de promover el juicio de amparo debió acudir ante el juez de control, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En ese sentido, la quejosa está en posibilidad de acudir ante el juez penal competente, a efecto de someter a control la omisión que atribuye al agente del Ministerio Público; tanto más si se tiene en cuenta que la víctima tiene derecho a impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en términos la fracción XXI, del artículo 109, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual evidentemente debe hacerse ante el juez de control correspondiente, quien tiene facultades para analizar la conducta de la autoridad investigadora y en consecuencia conminarlo a que actúe de acuerdo a sus facultades. Por tanto, se reitera, si en el caso a estudio la quejosa tiene el carácter de víctima u ofendida en la carpeta de investigación, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo debe acudir ante el Juez de Control a impugnar las irregularidades que asegura se están cometiendo. Resulta aplicable la tesis 1a./J. 27/2018 (10a.), con número de registro digital 2017641, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 233/2017, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamados un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por la peticionaria del amparo, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio, máxime si no se está en presencia de alguna hipótesis de excepción. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por ********************. AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en ******************** y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, al así haberlo indicado en el juicio de amparo 1905/2022-1, en virtud de que se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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