Angel Yesid Doncel Samudio
Expediente 314/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2023
Partes del expediente
- Angel Yesid Doncel Samudio
- Juan Carlos Arismendi Vega
- Diana Rangel Ríos
Actuaciones
- Principal
Causa estado no presentada Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
gréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, en el que desahoga la vista concedida en proveído de veintidós de marzo del año en curso, y efectúa diversas manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, que se le dio en proveídos de veinticinco de enero y dos de febrero ambos del año en curso, sin que haya realizado manifestación alguna; atento a ello, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias presentadas por las autoridades responsables, a fin de determinar si efectivamente se acató la sentencia de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.26/2000, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Cabe señalar que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia concesoria o no exista materia para la ejecución; razón por la cual, es necesario señalar, que la materia del presente asunto es analizar y determinar si la autoridad responsable acató o no la ejecutoria de amparo, además de verificarse que en el cumplimiento respectivo no exista exceso o defecto. En ese orden, de autos se aprecia que el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 32 a 40), este Juzgado de control constitucional dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que resolvió: "[.] PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Miguel Gilberto Dominic Muñoz, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en términos del quinto punto considerativo y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. [.]" En ese sentido, por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós; causo ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo la cual consiste en que la autoridad, realice lo siguiente: Dejar insubsistente el oficio número SSEP/753/2015, de trece de marzo de dos mil quince, mediante el cual instruyó al entonces Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes, para llevar a cabo el traslado del quejoso Miguel Gilberto Dominic Muñoz, del Centro de Reinserción Social Tijuana al diverso Centro de Reinserción Social "El Hongo"; y ? Emita un oficio en el que resuelva de nueva cuenta la solicitud de traslado, siguiendo los lineamientos del presente fallo, esto es, determine que carece de competencia legal para pronunciarse al respecto; y, Dicte las medidas necesarias para la reincorporación del quejoso del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, al Centro de Reinserción Social Tijuana, donde se encontraba recluido antes de ser trasladado. Cabe precisar que en términos del artículo 197, de la Ley de Amparo, el cumplimiento se hace extensivo al Director de Centros de Reinserción Social, con residencia en Mexicali (anteriormente Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes, en Mexicali), ya que en razón de sus funciones tienen intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia. Exhibiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Posteriormente; la autoridad responsable Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, por oficio de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, registrado con el número de correspondencia 1171, informó a este Juzgado que dejó insubsistente el oficio SSEP7753/2015, de trece de marzo de mil quince, únicamente por el quejoso Miguel Gilberto Dominic Muñoz. De igual forma, comunico que mediante oficio CESISPE/CJ/0086/2023, de diecinueve de enero del año en curso, ordenó al Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes, para que de inmediato y con las medidas de seguridad que sean necesarias se lleve a cabo el traslado del quejoso Miguel Gilberto Dominic Muñoz, del Centro de Reinserción Social "El Hongo I" al Centro de Reinserción Social Tijuana, mismo que fueron ingresado en este último centro, el veinte de enero del año en curso, lo que acreditó con copia certificada del oficio CESISPE/CJ/0086/2023, consistente en el acta de entrega-recepción del privado de libertad de la misma data, de lo que se advierte que Miguel Gilberto Dominic Muñoz, fue trasladado al Centro de Reinserción Social Tijuana. Derivado de lo anterior en proveídos de veinticinco de enero y dos de febrero ambos del año en curso, se ordenó notificar de forma personal al quejoso, realizándose tal notificación el veintiocho de febrero del presente año; de conformidad a lo establecido en el artículo 196, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra justificación en la jurisprudencia 2ª /J.16/99, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veintidós del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Asimismo, tiene aplicación la tesis 1a. XC/2001, visible en la página 358, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Del análisis de las constancias señaladas, se aprecia que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, ya que la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, dejó insubsistente el oficio SSEP7753/2015 de trece de marzo de mil quince; y, dictó las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo el traslado del quejoso Miguel Gilberto Dominic Muñoz, del Centro de Reinserción Social "El Hongo I" al Centro de Reinserción Social Tijuana, lo que se verificó el veinte de enero del año en curso. En consecuencia; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio constitucional. ORDEN DE ARCHIVO. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cuaderno principal. El expediente en que se actúa es susceptible de depuración, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se concedió el amparo, esto es, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; (...)" Asimismo, a consideración de este juzgado, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa exhibió documentos originales durante la sustanciación del juicio, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ********************a favor de 1) Ang********************, 2)********************, 3) ********************, 4)********************, 5) ********************,********************, 6) ********************y 7) ********************; contra actos del Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California con sede en Tijuana y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 291/2023-III. Suspensión de Plano. En ese orden de ideas, por lo que hace a los actos reclamados que se hacen consistir en la deportación o expulsión, de que se dice son objeto de 1) Ang********************, 2)********************, 3) ********************, 4)********************, 5) ********************,********************, 6) ********************y 7) ********************, se decreta la suspensión de plano o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traiga como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ello que resulte en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación, expulsión e incomunicación por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente; igualmente, en relación a la ausencia de asesoría legal, deben cesar sus efectos inmediatamente, ya que conforme al numeral 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tienen derecho a permitirles el acceso de sus representantes legales y tener asesoría legal en el procedimiento migratorio. En torno al acto reclamado consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, dada la naturaleza de la citada autoridad, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del ministerio público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país. Por ende y dado que a decir del promovente de las partes quejosas se encuentran privados de su libertad fuera de todo procedimiento, asegurados, alojados, detenidos, presentados de manera forzosa o cualquier denominación en este sentido; se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que la autoridad responsable, bajo su más estricta responsabilidad, acredite de inmediato ante este Juez de Distrito, si los directamente agraviados están sujetos a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que estén detenidos bajo la comisión de un delito, deberá ponerlos sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que de 1) Ang********************, 2)********************, 3) ********************, 4)********************, 5) ********************,********************, 6) ********************y 7) ********************, está sujeto a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 58/2022; el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 59/2022; y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 61/2022. De igual forma SE CONCEDE LA SUSPENSION DE PLANO para el efecto de que los directamente agraviados, de encontrarse en las instalaciones de la Estación Migratoria en esta ciudad, NO SEAN TRASLADADOS A UNA DIVERSA ESTACIÓN MIGRATORIA. En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de los directamente agraviados no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivadas de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Conforme a la información suministrada en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en una estación migratoria derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo, de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de detención, que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. Ahora, si los directamente agraviados se encuentran en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, las autoridades responsables deberán acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevé la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que de 1) Ang********************, 2)********************, 3) ********************, 4)********************, 5) ********************,********************, 6) ********************y 7) ********************, actualmente estuvieran detenidos ante la autoridad sujetos a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, estos quedan a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentran, instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. En ese orden de ideas, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, el cual invoca lo reza lo siguiente: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes no podrá exceder de treinta y seis horas, ante la autoridad migratoria, por tanto, en caso de que la presentación exceda las treinta y seis horas, sin iniciar el procedimiento administrativo migratorio, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos sean puestos en libertad y dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los directamente agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. Sin embargo, para el caso de que se hubiere iniciado el procedimiento administrativo de migración, a fin de lograr su estancia regular en el país, pueden: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131 período ordinario de sesiones (celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008); entre ellos, los siguientes: i. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. ii. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. iii. Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. iv. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. v. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo XXXIII, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Informe sobre la suspensión de plano. En virtud de lo anterior, se requiere a la autoridad señalada como responsable, para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión decretada; asimismo, se previene a la autoridad de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Por lo que, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a efecto que verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de los agraviados 1) Ang********************, 2)********************, 3) ********************, 4)********************, 5) ********************,********************, 6) ********************y 7) ********************, cualquiera de los actos señalados por el numeral 22, del ordenamiento supremo, en relación con el diverso 15, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión concedida en este proveído y cesen de inmediato tales actos; asimismo, asiente las condiciones físicas en que se encuentran dichos agraviados. Además, en el acto de notificación de este auto, los requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada en su nombre, debiendo especificar por cuáles actos de los que en su favor se reclaman, en el entendido que si no la ratifica en ese acto, deberá hacerle saber que podrán hacerlo dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese término, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA Y SE DEJARÁ SIN EFECTO TODAS LAS MEDIDAS AQUÍ TOMADAS, tal como se prevé en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Asimismo deberán precisar si tienen por señalado el domicilio que se refiere en dicha demanda, así como por autorizados a las personas que se mencionan o en su caso, si es su deseo señalar uno diverso, en el entendido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal le serán practicadas por medio de publicación en las listas que para tal efecto se fijan en los estrados de este Juzgado Federal. En el entendido de que ante la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia correspondiente, deberá dar cuenta de inmediato, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Hecho lo anterior, una vez que los agraviados manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor se acordará respecto de la admisión o no, de la misma. Requerimiento al promovente y agraviados En términos de lo que establecen los artículos 132 y 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, LA PRESENTE SUSPENSIÓN SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJARÁ DE SURTIRLOS SI EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS contados a partir de la ratificación de la demanda, la parte quejosa por si o a través de sus representantes no acreditan ante este Juzgado Federal haber cumplido con las medidas que aseguren que la quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre migración, refugio, protección complementaria y asilo político, en los términos que la responsable en su caso establezca, tal como se precisó en los párrafos que anteceden. Imposibilidad de notificar a los quejosos Ahora bien, en caso de que los directamente agraviados no sean localizados en la Estación Migratoria de esta ciudad, la notificación del presente proveído se realizara por lista que se fije en los estrados de este órgano judicial en términos del artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, toda vez que los quejosos se encuentran privados de la libertad personal, notifíqueseles personalmente el presente proveído, en el Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, entregándoles copia del auto que se les notifique. Autorizados. Se reserva acordar lo conducente en relación a los autorizados hasta en tanto los quejosos ratifiquen el escrito de demanda señalando que designación de los mismos. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de la materia; habilitación que se justifica en atención a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, especialmente en el área de actuaría, en donde se genera un gran número de actuaciones que por su naturaleza deben practicarse fuera de las instalaciones de este Juzgado Federal, e incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra el mismo; con el fin de privilegiar una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. Con fundamento en el último párrafo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: Tutoriales PSL PJF | Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx). Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Asimismo; se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. De igual forma, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Transparencia y digitalización. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.
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