Ángel Yavan García Olivera

Expediente 804/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
804/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Ángel Yavan García Olivera
  • ÁNGEL YAVAN GARCÍA OLIVERA y Otros.
  • Todas las Partes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de nueve de septiembre pasado, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso xxxx, no dio cumplimiento al requerimiento de veinticinco de agosto del año en curso, esto es, ratificar su escrito inicial de demanda la cual fue promovida en su favor por xxxx; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por la referida quejosa, y quedan sin efecto las medidas decretadas en auto de veinticinco de agosto pasado; lo anterior, comuníquese a las responsables. Por otra parte, agreguese el telegrama de cuenta sin mayor acuerdo, en virtud de lo antes acordado. Con independencia de lo anterior, se hace un severo extrañamiento al oficial administrativo Juan Carlos Hernández Herrera para que en lo sucesivo realicen su labor con mayor cuidado y diligencia, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, como servidores públicos de dicha institución, están obligados a realizar su servicio con la más alta calidad y eficiencia, aunado a que su falta de atención en el desarrollo de sus labores, atenta contra lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitucional General de la República, en relación a la administración de justicia la cual debe ser pronta y expedita.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Razón actuarial25/08/2019 De la que se advierte que el quejoso XXXXXX, se reservó su derecho para ratificar la demanda de amparo que XXXXXXXXXX, promovió en su favor; por lo tanto se ordena reservar lo conducente hasta en tanto ratifique la demanda, como fue ordenado mediante auto de veinticinco de agosto pasado. Por otro lado: Oficio XXXXXXXXXX A través de los cuales rinden informes de suspensión de plano; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos, dese vista a la parte quejosa. Por otra parte: Oficio XXXXXXXXMediante los cuales, informan el motivo de la detención del directamente quejoso, de lo que se toma nota y se reserva acordar lo conducente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, entre otras cosas: La ilegal detención. Desaparición forzada. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado consistente en la desaparición forzada es considerado como pena inusitada y trascendental, y por ende, prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, de conformidad con los artículos 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de oficio se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto a dichos actos reclamados para el efecto de que cesen de inmediato. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que en un término no mayor de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 204 del Código Penal Federal. Comuníquese a las autoridades en cita que a efecto de que estén en aptitud de dar cumplimiento a los requerimientos urgentes hechos por esta autoridad, tienen a su disposición el número telefónico de guardia 2224593590 y el correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remitan las constancias de donde se advierta que el quejoso ha tenido, en su caso, comunicación con sus familiares, abogado o persona alguna, previniendo a dichas autoridades que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...)." Así también, hágase del conocimiento de dichas autoridades responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe en el término fijado, se impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a la autoridad responsable mediante oficio. Dígase al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que le es enviado, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada, se le impondrá al encargado como a la autoridad responsable multa de mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa, y por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Ahora bien, en virtud que quien promueve manifiesta desconocer el paradero de Ángel Yavan García Olivera; entonces, a fin de lograr la localización del referido quejoso y proveer lo conducente respecto del amparo promovido en su nombre, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 15 de la Ley de Amparo se ordena al actuario se constituya en las instalaciones de Fiscal General del Estado de Puebla, agente del Ministerio Público del área de Investigación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio región Judicial Sur-Oriente, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Grupo I Y II con residencia en Tehuacán, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Grupo Ajalpan con residencia en Tehuacán Puebla, Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría General de la República, Comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar, Directores de los Hospitales General Zona Norte, Hospital General Zona Sur, y Centro de Atención Psiquiátrico (Hospital psiquiátrico "Dr. Rafael Serrano"), Delegados en el Estado de Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Director del Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, así como a los Directores del Centro de Reinserción Social de Puebla, Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, y Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, y en caso de encontrar al quejoso dé fe del lugar y de las condiciones físicas visibles en las que estén y de todas aquellas circunstancias transcendentes para la resolución del asunto y que se generen durante el desarrollo de la diligencia encomendada. De igual forma, en términos del mencionado precepto legal, requiera al quejoso para que en el acto de la notificación del presente proveído o por escrito dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su nombre, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias decretadas. Se faculta al actuario para que en caso de no localizar a los quejosos en los lugares señalados, pero sea informado por personal alguno, el lugar donde están, sin mayor acuerdo se constituya en dicho lugar y lleve a cabo la diligencia encomendada. Ahora, tomando en consideración que la petición de amparo no la formula directamente la parte quejosa y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman, se ordena a la autoridad responsable para que de suceder esto, permita al actuario el acceso a sus registros de trabajadores o visitantes e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyo nombre sea similar al de los quejosos, a fin de que se localice a los impetrantes de amparo y se dé fe del lugar y las condiciones físicas en las que estén, so pena de incurrir en responsabilidad penal, en términos de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en: La ilegal detención. Una vez que el quejoso ratifique la demanda de cuenta, se acordará lo conducente. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Por otra parte, requiérase a los quejosos Ángel Yavan García Olivera para que al momento de la diligencia manifiesten si es su deseo señalar como autorizado para oír notificaciones en su nombre a Odilón Carrera López; apercibido que de no hacerlo no se tendrá a dicha persona con tal carácter. Hecho que sea lo anterior, se acordará lo relativo a la admisión de la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, de conformidad con el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero pasado; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Notifíquese personalmente. Lo firma Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Juan Carlos Díaz Rovelo, quien da fe.

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