Angel Valeria Soto Gomez

Expediente 56/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
56/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Angel Valeria Soto Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes, en atención a su contenido, se tiene al secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al que acompaña testimonio de la resolución dictada en la queja 44/2022 de su índice, de la cual se advierte que el mencionado tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la quejosa en contra del auto dictado por este juzgado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada, quedando en su punto resolutivo: ".ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Ángel Valera Soto Gómez, por conducto de su autorizado Héctor Huerta Serrano, contra el auto emitido el veintisiete de enero de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 56/2022, promovido por la propia recurrente." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, al no existir trámites pendientes por acordar dentro del cuadernillo en que se actúa, archívese como asunto concluido, y en cumplimiento al capítulo 21, inciso "d" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decir en lo principal y se dio por concluido al haberse desechado, carece de relevancia documental, por lo que, se establece como fecha probable el veintiuno de septiembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes; atento a su contenido, téngase al actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por Ángel Valeria Soto Gómez a través de su autorizado, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, radicándose en consecuencia el expediente de queja 44/2022, de lo que el suscrito toma nota. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que consten como correspondan los escritos de cuenta signados por el licenciado Héctor Huerta Serrano, autorizado en términos amplios de la promovente Ángel Valeria Soto Gómez; en atención al contenido de ellos, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítanse los escritos recibidos vía electrónica mediante los cuales se formula la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, al que se acompañe copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe, señalando que en el referido auto se tuvo desechó la demanda de amparo, por las razones asentadas en dicho auto, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 27 DE ENERO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Téngase por recibido el escrito de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 56/2022-IV, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa Ángel Valeria Soto Gómez, señala como acto reclamado el auto de once de enero del año dos mil veintidós dictado en el juicio familiar 633/2021-III, mediante el cual se admitió la prueba documental de informe para que la institución educativa Tec Milenio o Enseñanza e Investigación Superior, Asociación Civil, proporcione información académica y financiera, así como la instrumental consistente en la exhibición de las comunicaciones de mensajería instantánea. Es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que los Jueces de Distrito tienen la obligación de examinar el escrito de demanda de amparo, y si encontraren algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberán desecharla de plano. Contexto en el cual conviene destacar que por "manifiesto", debe entenderse aquello que se advierte de forma patente y absolutamente clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios, ampliación a la misma o, en su caso, de los anexos que la acompañen; e, "indudable" es tener la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es exactamente aplicable al caso, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, de manera tal, que aun admitiéndose la demanda, persistiría dicho criterio. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones cometidas dentro de un proceso jurisdiccional, por tratarse de actos que no afectan materialmente derechos sustantivos, al no constituir actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; sino que sólo tienen efectos intraprocesales. Ello de acuerdo a las jurisprudencias 1ª./J. 7/2015 (10ª.), y 1ª./J. 8/2015 (10ª.), por identidad jurídica sustancial, de rubros: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." y "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8°. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)". Ello, pues la quejosa se duele de la admisión de medios de prueba en el juicio familiar 633/2021-III mediante auto de once de enero del dos mil veintidós; lo que en su momento pudo haber recurrido mediante el recurso de apelación en términos del artículo 512 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En tales condiciones, si bien el acto reclamado se dio en juicio, su ejecución no puede reputarse como los que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que ese tipo de actos se presentan cuando sus consecuencias afectan de forma directa e inmediata alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; afectación que no se actualiza cuando la responsable admite pruebas de la contra parte en el juicio familiar; lo que solamente será tomado en consideración al momento de resolver, ya que es evidente que tal cuestión sólo produce efectos de carácter intraprocesal y, por ende, constituye una violación combatible, en todo caso, mediante juicio de amparo directo que se intente en contra de la resolución que se pronuncie dentro del expediente en comento, del índice de la responsable, pues hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular, trascendiendo el resultado de la resolución, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo afirmado la jurisprudencia número 20/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y dos, del Tomo y Apéndice en consulta, que textualmente dice: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN. COMO REGLA GENERAL. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción; cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial numero 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de 'EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B) CONSTITUCIONAL'.- Además lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Así como la diversa jurisprudencia XIII, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Distrito. 1o. J/3., publicada en la página seiscientos cuarenta y siete, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, ADMISIÓN DE. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ha estimado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá y, por ende, será procedente contra actos en el juicio que sean de imposible reparación; de manera que si esa ejecución no tiene carácter de irreparable, la acción constitucional es improcedente, pues es evidente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun y cuando dicha prueba fue admitida, la resolución que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses del agraviado; y en el caso que le fuera adversa, y tal violación trascienda en el fallo, podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que llegue a dictarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159 fracción XI y 161 de la ley en consulta, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses del quejoso puede hablarse de una violación a los preceptos legales que reglamentan la integración y desahogo de la prueba de mérito y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del recurrente." En virtud de lo expuesto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en correlación con el diverso 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en su escrito de demanda. Téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodrigo Ernesto Martínez Samayoa, Héctor Serrano Muñoz, María Esther Ricaño Martínez, Mari Carmen Salazar Ramírez, Juan Manuel Aguilar Viveros, María Silvia Nombret Nuñez y Héctor Huerta Serrano en virtud de estar legalmente facultado(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y en términos del segundo párrafo, a las diversas personas que se mencionan, por no acreditar lo anterior. Cabe señalar que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales María del Milagro Camacho Cobos y no María de los Milagros Camacho Cobos tal y como se especificó en la demanda de amparo, por ello, es que se le da intervención en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo tomando en consideración que no proporcionó el número de su cédula profesional. Asimismo, téngase la parte quejosa solicita acceder al expediente electrónico, con los usuarios "hectorhs" "RodMS" "SerranoH" y "BecerrilJM". En tales condiciones, se instruye a la oficial administrativo "A" adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al quejoso, para que pueda acceder y consultar vía internet el juicio de amparo en que se actúa mediante el expediente electrónico, para que, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de?expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos?jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se habilite a la autorizada de la parte tercero interesada para que pueda acceder, consultar los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, con la clave de usuarios "hectorhs" "RodMS" "SerranoH" y "BecerrilJM". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente.

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