Ángel Ulises Badillo Rodríguez

Expediente 601/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
601/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro
  • Ángel Ulises Badillo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    FIRME AUTO DE DESECHAMIENTO. SE ORDENA ARCHIVO.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso ++++++, con el que desahoga la prevención formulada en auto de dieciocho de junio pasado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De esa norma deriva la obligación del Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro ; por indudable, aquello que no puede ponerse en duda. Esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia . Proceder soportado en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda a pesar de tener plena convicción de que a la postre resultará improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5°, fracción II, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a los numerales transcritos, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros extremos, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, es parte en el juicio de garantías, entre otras, la autoridad responsable y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas; además, para los efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En dichas condiciones, el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, ya que así lo dispone el artículo 1º de la ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por ésta, la que "dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas", como lo prevé la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados. También ha establecido que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías . Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado . Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama del Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro y del Director de Ingresos adscrito a esa Secretaría: la cuantificación y cobro del pago del "impuesto predial" que ha enterado durante los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y el generado en este ejercicio fiscal 2021. Lo que evidentemente no corresponde a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que se trata de una autoliquidación del propio particular quejoso, no imputable a las autoridades recaudadoras señaladas como responsables, pues éstas sólo se limitan a la recepción del quántum del tributo reclamado, que ante éstas se entera. En efecto, en la contradicción de tesis 91/2007-SS, de la que derivo el criterio jurisprudencial 2a./J. 153/2007, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que el sistema fiscal mexicano es autodeclarativo, esto significa que corresponde a los propios contribuyentes determinar y liquidar el crédito fiscal que, en su caso, resulte a su cargo . En ese tenor, se señaló que la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar motu proprio, en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten; lo cual, constituye el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Es decir, se señaló que se trata de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad unilateral ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. En tal virtud, se dijo que la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien, atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual, en su caso, el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. Y se concluyó que cuando el quejoso con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas, pues la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad. De ahí que los actos reclamados por la parte quejosa en el presente asunto, consistentes únicamente en la cuantificación y cobro del pago del "impuesto predial" que ha enterado durante los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y el generado por el diverso ejercicio fiscal 2021, que atribuye a las autoridades recaudadoras municipales, sin reclamar las leyes hacendarias que los prevén, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que se trata de una autoliquidación del propio particular quejoso, no imputable a las autoridades recaudadoras señaladas como responsables, por lo que opera la causal de improcedencia analizada, de manera manifiesta e indudable. Conclusión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo . No se inadvierten las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el sentido del desconocimiento de la norma general que impone y regula la carga tributaria reflejada en los pagos reclamados; pues, en todo caso, el juicio de amparo no tiene como finalidad dar a conocer dicha circunstancia al impetrante, sino que procede contra las normas generales que le causan afectación, ya sea con motivo de su entrada en vigor o a causa de su acto de aplicación; tampoco tiene como fin verificar si el cálculo o pago se cuantificó correctamente, sino analizar la constitucionalidad del mecanismo normativo que prevé la forma de calcularlo; por lo que, al no haber reclamado ninguna norma general, el juicio de amparo contra el pago de la contribución de que se trata, es improcedente. Incluso, a pesar del desconocimiento alegado, el quejoso allega los recibos oficiales de pago por la contribución municipal en cuestión, de los que se advierte que en éstos se asentó que tales determinaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal correspondiente. Se dejan a salvo derechos. Por cuanto a la remisión de copia del escrito aclaratorio de cuenta a las autoridades identificadas al calce de éste; se dejan a salvo los derechos del promovente, para que los haga valer en la vía y ante la autoridad correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    "Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica que certifica la firma de Justino Jordán Carranza, autorizado del quejoso, con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que remite un escrito digitalizado supuestamente firmado por su autorizante Ángel Ulises Badillo Rodríguez (quejoso), por el que pretende subsanar la prevención formulada en auto de dieciocho de junio pasado. Subsiste prevención. Al respecto, dígasele que no ha lugar a tener por satisfecho tal requerimiento, virtud que no cumple en sus términos lo requerido en dicho proveído, pues en el citado auto, se le previno para que: "(.) Prevención. Del estudio integral de la demanda, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, previo a su admisión o desechamiento, por lo cual con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108, fracciones III, IV y V, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Aclare las autoridades responsables. Ello pues en el apartado respectivo, señala como autoridades responsables únicamente al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro y al Director de Ingresos del Municipio de Querétaro; sin embargo, en los actos reclamados refiere como autoridad ejecutora al Director de Catastro Municipal; por lo que ante tal circunstancia, deberá señalar a qué autoridades les reviste el carácter de responsables en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Indique con precisión los actos reclamados, en los siguientes términos: 1. El quejoso refiere que se ha presentado ante la "Dependencia" a solicitar explicación respecto a su inconformidad con el pago del impuesto predial que reclama; que hasta el tres de junio pasado no se le ha notificado determinación en la que se le informe el porqué del pago de esa contribución y, manifiesta: "exijo una respuesta a mi derecho de petición"; sin que haya reclamado dicho acto de manera destacada, ni señalado los antecedentes específicos de tal acto. Por tanto, deberá señalar si reclama o no la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a alguna solicitud presentada por el quejoso. En caso afirmativo, en atención al artículo 8° constitucional, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad", en qué fecha (previa a la presentación del escrito de demanda) formuló y presentó por escrito, de manera pacífica y respetuosa dicha solicitud; ante qué autoridad responsable la presentó; en qué consistió dicha solicitud; y, si a la fecha no ha recibido respuesta alguna. O bien, aclare que dichas manifestaciones no se refieren a algún acto reclamado, al no haber elevado petición por escrito ante alguna autoridad. 2. Toda vez que su acto reclamado consiste únicamente en la cuantificación y cobro del impuesto predial; y a su vez refiere que las autoridades responsables han establecido cuotas, tasas progresivas o tarifas, actualizaciones y avalúos, de los cuales aduce no hay seguridad jurídica; deberá aclarar si es su deseo reclamar alguna norma tributaria; en caso afirmativo, deberá indicar qué legislación y artículo reclama, si la impugna como una norma autoaplicativa o heteroaplicativa, caso en el cual deberá indicar cuál es el acto de aplicación, los antecedentes "bajo protesta de decir verdad" y las autoridades responsables, exhibiendo las copias necesarias para correr traslado a las partes. TERCERO. "Bajo protesta de decir verdad", amplíe los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Virtud que reclama la cuantificación y cobro del impuesto predial correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, sin que proporcione antecedentes por cuanto al pago del último ejercicio fiscal; por tanto, deberá aclarar "bajo protesta de decir verdad", si ya realizó el pago del impuesto predial correspondiente al año 2021, y en caso afirmativo, deberá relatar los hechos relativos a dicho pago. Lo anterior, a efecto de allegar información necesaria para establecer claramente la litis constitucional; en la inteligencia que dicha prevención deberá ser desahogada directamente por el promovente. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. (.)" Sin embargo, el escrito aclaratorio presentado vía electrónica a nombre del quejoso, no contiene la "firma electrónica" del impetrante directo , sino de su autorizado, quien no está facultado para desahogar la prevención aludida; así, el no contar con la signatura del quejoso, equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente lo suscribe . Por tanto, subsiste en sus términos la prevención que se formuló el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. En tal virtud, a fin de que la parte quejosa esté en posibilidad de cumplir con lo anterior, y tomando en consideración que la notificación por lista de la prevención aludida, está incompleta; por tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, será entonces a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se haga de este acuerdo, que comenzará a transcurrir el plazo de cinco días que le fue otorgado para subsanar la referida prevención. En el entendido que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dieciocho de junio de este año, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Griselda Sáenz Horta, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistida de la licenciada Berenice Izamar Moreno Rivera, Secretaria que autoriza y da fe."

  4. Principal

    SE PROVEE DEMANDA.

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