Angel Toscano Perez

Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
135/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Poder Ejecutivo de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos
  • Angel Toscano Perez

Actuaciones

  1. Principal

    "El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en Tepic, Nayarit, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal, dentro de los autos del conflicto competencial 1/2020, en el que se resolvió lo siguiente: ". Primero. Si existe conflicto competencial. Segundo. Se declara al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, legalmente competente para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto promovido por ángel Toscano Pérez, y que radicó como expediente 2857/2019 de su índice." Por tanto, acúsese el recibo correspondiente; ahora, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso k), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que el Tribunal de Alzada determinó que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; debiéndose conservar el presente cuaderno de antecedentes en las instalaciones de este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir de este proveído y transcurrido dicho lapso, así como concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio 6954-VII, por medio del cual el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, comunica el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo 2857/2019 de su índice, por medio del cual el juzgado de su adscripción determinó no aceptar la competencia que declinó este Juzgado, por las razones que ahí expone. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. No obstante, este Juzgado Federal insiste en declararse legalmente incompetente, por las razones y consideraciones expuestas en el proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 16), dictado en el presente juicio de amparo. Motivo por el cual, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante atento oficio, remítanse los presentes autos al TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, CON SEDE EN TEPIC, NAYARIT, EN TURNO, para que proceda a resolver lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. En ese sentido, a efecto de realizar la respectiva notificación, envíese oficio de excarcelación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para que ordene el traslado del interno *****, a la reja de prácticas de diligencias de este órgano jurisdiccional, a las ocho horas con treinta minutos del treinta de diciembre del año en curso, con fotografía que obre en su Sistema de Administración de Información Penitenciaria que permita su identificación, evitando así se presente en dicha área a diversa persona; lo anterior, con las seguridades debidas y bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omiso, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos 50/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alejandro Barradas Morales, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio de autorización CR./CJD./002/7203/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a tres de diciembre de dos mil diecinueve. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 135/2019-VII. Genérese el expediente electrónico e impreso. Competencia. Ahora bien, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en El Rincón, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, en atención a las siguientes consideraciones: En principio, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo.". De lo anterior se aprecia que dichos impartidores de justicia son competentes para conocer de los asuntos que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y la autoridad, en específico, judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. El juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. c) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos; o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Por su parte, el numeral 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (...) III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente." De los numerales invocados se desprende que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para atender los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en esa materia y contra actos de autoridad distinta a la judicial. Además, es de señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que para resolver conflictos competenciales por razón de la materia; estableciendo que en aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (Jurisprudencia P./J.83/98, editada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común). Por todo lo anterior, para establecer la competencia por razón de materia de un Juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso del acto reclamado, de los hechos narrados y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Atento a ese sentido, el promovente reclama: La negativa de proporcionar el presupuesto económico suficiente, al centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para abastecer las necesidades de las personas privadas de la libertad y de los servidores públicos que ahí labora. Atribuido a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como: Poder Ejecutivo de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Presidente de la República Mexicana. Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Bajo esa perspectiva, el acto combatido por el quejoso no es del conocimiento de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos dictados dentro de algún proceso instruido en su contra; menos aún, se trata de aquéllos promovidos conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Carta Magna, es decir, emitidos en juicio, fuera de éste o después de concluido, o bien, que perturben a personas extrañas al mismo, de lo que se colige que este órgano de control no tiene competencia legal para conocer del presente juicio constitucional. Para sostener lo anterior, debe considerarse que una actuación es materialmente administrativa cuando proviene de cualquier órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose por su concreción, individualidad y particularidad. En la especie, el conocimiento de la demanda de amparo está reservado para un Juez de Distrito en Materia Administrativa; ya que el acto reclamado no se ubican en alguno de los supuestos de competencia establecida en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que de ninguna manera pueda estimarse que son de naturaleza penal, pues no derivan de un proceso de esa índole que se le instruya al quejoso. Por tanto, en razón de que lo combatido en esta vía reviste carácter administrativo de forma inminente, al igual que la calidad de las autoridades de las que provienen, que son formal y materialmente administrativas, es que se concluye que la competencia para estudiarlos corresponde a un Juez de Distrito en esa materia, en términos del artículo 52, fracciones III y IV, de dicho ordenamiento legal. Máxime que nada tienen que ver con normas o disposiciones del orden criminal, ni pueden, por ende, ubicarse en alguna de las hipótesis que previene el referido numeral 51. En ese contexto, el acto que reclama el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo, imputado a autoridades administrativas. De ahí, que no se advierte que el acto del que se duele el ahora promovente de garantías se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, ni mucho menos de denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, no actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto trascrito, dan competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que se trata de acto eminentemente administrativo, atribuido a autoridades de carácter administrativo. Se dice lo anterior, habida cuenta que de lo transcrito se advierte que el acto que el quejoso reclama es la negativa de proporcionar el presupuesto económico suficiente, al centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para abastecer las necesidades de las personas privadas de la libertad y de los servidores públicos que ahí labora, la cual según la narrativa de hechos del escrito de demanda, deriva de que el día quince de septiembre de dos mil diecinueve, estando recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, y el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el director general, les comunicó por medio de los oficiales de seguridad y custodia "que no había recursos económicos para abastecer las necesidades del Centro Federal número Cuatro. En virtud de lo narrado por la parte quejosa, de ninguna manera puede considerarse que el acto que tilda de inconstitucional sea de naturaleza penal, pues no se observa que provenga de alguna averiguación previa, o proceso penal que se le instruya al peticionario de amparo; sino que su materia se vincula con una cuestión de tipo administrativo, como lo es, el presupuesto económico a dicho centro federal. En ese sentido, es menester señalar que no se trata de una resolución judicial del orden penal, no afectó la libertad personal del promovente, no importó peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el numeral 22 constitucional. Así, al tratarse de actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos por autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no se realiza como parte de alguna indagatoria penal, por lo que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponde al juzgador de amparo en materia administrativa. Tal y como lo establece la tesis que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la actividad que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte. Ahora bien, dado que la averiguación previa integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por exclusión, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de la materia para conocer del presente juicio de amparo. Improcedencia de la suspensión de plano No se soslaya que el quejoso, argumenta que la negativa de proporcionar el presupuesto económico suficiente, al Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para abastecer las necesidades de las personas privadas de la libertad y de los servidores públicos que ahí labora; sin embargo, de la interpretación del numeral constitucional enunciado, dicha acción no se encuentra en esa hipótesis; por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíense los autos del expediente en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Tepic, Nayarit, para que por su conducto los haga llegar al Juzgado de dicha especialización, en turno, solicitándole a éste el acuse de recibo y la comunicación de lo que determine al respecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Jorge Daniel Aguirre Barrera, Secretario que autoriza y da fe. FCVH

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