àNgel Tinoco Carillo
Expediente 1348/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- àNgel Tinoco Carillo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa, a través del cual, solicita la devolución de los documentos que anexó a la demanda, consistentes en: Informe de resultados de los procesos de evaluación. Nombramientos contenidos en los oficios número 5017681/2018; 5019241/2018; 5025026/2019 y 5029388/2020. Constancia de servicios de ocho de octubre de dos mil veintiuno. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que solicita, previa copia certificada y razón de recibo que se agregue a los autos. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente que deberá agendar una cita, sobre la base de los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, es decir, deberá generar una cita por conducto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", y obtener un código QR, a fin de que se le permita ingresar a este órgano jurisdiccional. Se requiere a la parte promovente para que el día en que comparezca ante este órgano jurisdiccional, cumpla con las medidas sanitarias correspondientes que en el caso conviene citar como es el uso obligatorio de cubrebocas, no tener una temperatura corporal mayor a 37.5°C, o que haya presentado tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento nasal. Bajo el entendido que, de incurrir en alguno de los supuestos anteriores, no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, el términos del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por este juzgado de Distrito, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito remitido por ***, mediante el cual, cumple con la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee: Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los preceptos transcritos se infiere que, el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que, con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Subdirector del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y el Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas, de quienes reclamó: De la transcripción que antecede se advierte que los actos reclamados surgen de una relación de coordinación entre patrón y trabajador, dada la existencia de derechos y obligaciones que comparten entre sí, pues las autoridades responsables tienen el doble carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo y de patrón de la parte quejosa. De ahí que, si por tal relación laboral existe un desacuerdo entre dichas partes, entonces será en otra vía en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello sobre la base de que, de la eventual insubsistencia del acto reclamado se derivan prestaciones derivadas de un nexo de trabajo. Por tanto, la revocación del nombramiento y sus consecuencias como la suspensión de su salario que reclama el promovente, no tiene el carácter de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponde al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que, se insiste, actúan en un plano de igualdad. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5, fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con los artículos 1, 2, 12, 24 y 105 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, las cuestiones concernientes a la conclusión de los nombramientos otorgados por la Secretaría de Educación Pública Estatal del Estado de Morelos o sus Organismos Descentralizados tal como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, son competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por tratarse de prestaciones que tienen que ver con la relación laborar existente entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." Artículo *2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones." "Artículo 12.- Los trabajadores del Gobierno del Estado o de los Municipios, prestarán sus servicios mediante nombramiento expedido por autoridad competente o por persona facultada para ello, excepto cuando se trate de trabajadores que figuren en listas de raya o de trabajadores temporales en cuyo caso bastará la orden de pago de emolumentos. La falta del nombramiento no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará a los Poderes Públicos o Municipios del Estado de Morelos la falta de esta formalidad." "Artículo *24.- Son causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad del Gobierno del Estado, Municipio o Entidad Paraestatal o Paramunicipal de que se trate, las siguientes: . II.- Por la conclusión del término o de la obra para el que fue expedido el nombramiento; ." "Artículo 105.- Prescribirán en un mes: . III.- Las acciones para exigir la indemnización o reinstalación que esta Ley concede por despido injustificado, contándose el término a partir del momento de la separación; y IV.- Las acciones de los servidores públicos para suspender a los trabajadores por causas justificadas y para disciplinar las faltas de estos, contándose el término desde el momento en que se dé la causa para la separación o de que sean conocidas las faltas." Por lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que, respecto de los actos reclamados a las autoridades Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Subdirector del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y al Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas, este juicio de amparo es improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que estas no son autoridades para efectos del juicio de amparo; en consecuencia, se impone DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1348/2021-II-Ymc, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del libelo de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise de manera clara qué acto reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, pues si bien en el apartado de autoridades responsables señala a cinco de ellas, al precisar los actos reclamado no menciona de manera clara y concreta qué acto le atribuye a cada una de ellas, pues, por ejemplo, nada dice del acto que le imputa al Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Además al precisar el acto reclamado que identificó bajo el inciso "B)" señala que a las autoridades que precisó en los numerales "2 y 3" les reclama: "la aplicación de la orden que se ha girado a las autoridades responsables del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Subdirector del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para revocar de manera unilateral el nombramiento de Profesor de Adiestramiento de Secundaría Técnica Foráneo", por lo que no es claro qué actos les reclama a las autoridades que señaló. Lo que también sucede cuando narra el acto que identificó en el inciso "c)", en el que dice reclamar: "La orden de suspensión de pagos que se ha girado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del salario que ampara el nombramiento de Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foráneo.", ya que no precisa a qué autoridad le atribuye la orden de suspensión de pagos que se giró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SEGUNDO. La parte quejosa deberá precisar cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de sus actos reclamados, toda vez que en el capítulo de actos reclamados señaló: Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: Como se ve de las anteriores impresiones, el promovente es omiso en señalar, bajo protesta de decir verdad, en forma precisa, cronológica y detallada, cuáles son la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, puesto no señala cómo fue que las autoridades responsables revocaron su nombramiento como Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foráneo y de qué manera y cuándo tuvo conocimiento de dicho acto y de los demás que reclama, lo anterior a efecto de atender a lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la parte peticionaria de amparo, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" (Énfasis añadido). Asimismo es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1079, Materia Común, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". TERCERO. Asimismo, el quejoso deberá exhibir siete copias del escrito aclaratorio a fin de que se corra traslado a las partes, las cuales son necesarias para distribuirse de la siguiente manera: Cuatro para las autoridades señaladas como responsables; Una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, Dos para el incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Con el apercibimiento al promovente de amparo, que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Notificaciones vía electrónica. Ahora bien, con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio del representante especial para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario "JOSELUIS.REYES", conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Autorizados. También, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, y en términos amplios a los licenciados José Luis Reyes Macedo y Eduardo Reyes Macedo, en razón de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. También, en atención a lo dispuesto en la parte inicial del párrafo primero del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, lo anterior en virtud de así haberlo solicitado en el proemio de su escrito de demanda. Medios especiales para establecer contacto. Para concluir, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico que precisa como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el cual podrá ser utilizado por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se advierte que solicita la consulta del expediente electrónico; por lo tanto, tal como lo establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con base en el usuario "JOSELUIS.REYES", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con los usuarios antes precisados, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Medios electrónicos. De igual forma, tal y como lo solicita la parte promovente, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que indica en su escrito de demanda, a imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de medios electrónicos a su favor, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese.
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