Ángel Slistan Grijalva

Expediente 1689/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1689/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Slistan Grijalva

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Potencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Potencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir específicamente en la omisión de la responsable, de dictar resolución definitiva en el juicio del servicio civil 145/2018. Ahora bien, de las constancias que el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Potencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora anexó a su informe con justificación, se advierte que el treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictó resolución definitiva en el juicio del servicio civil que nos ocupa. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de la responsable, de dictar resolución definitiva en el juicio del servicio civil 145/2018, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las trece horas con nueve minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Incorporación de razón actuarial. Glósese a los autos la razón actuarial asentada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta que no le fue posible emplazar a los terceros interesados, Mateo Pérez Morales, Yerkshe Bizarrón Cruz y Marco Eduardo Dorador Espericueta, por las razones ahí expuestas. Ahora bien, de las constancias anexas al informe justificado remitidos por la Juntas responsable, se advierte un diverso domicilio en esta ciudad, a fin de emplazar a los aludidos terceros interesados En ese contexto, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Félix Soria, número 68, entre Gastón Madrid y Puebla, de esta ciudad, y proceda a llevar a cabo los emplazamientos a juicio de los aludidos terceros interesados por conducto de su representante legal, corriéndoles traslado con copia simple del escrito de demanda, así como del presente proveído, asimismo, los requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio cierto donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aun las personales, se le harán por lista, lo anterior conforme al artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con nueve minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

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