Ángel Sergio Noriega Arreola

Expediente 1012/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1012/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Ángel Sergio Noriega Arreola
  • Directora General del Issemym (Bertha Alicia Casado Medina)

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes CESAR ALFREDO JIMENEZ GUERRERO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c5.0e 10/06/22 10:13:49 Juicio de amparo 1012/2021-IV. 2 y archívese como asunto concluido. Destrucción de expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2, del capítulo 8 "Consideraciones previas a la Destrucción de Expediente" del Manual para organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material. A juicio de la suscrita por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por , contra actos de la de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Fórmese el expediente físico y electrónico; del mismo modo, regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1012/2021-IV. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por, por propio derecho, contra actos de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Fórmese el expediente físico y electrónico; del mismo modo, regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1012/2021-IV. Desechamiento. En esa tesitura, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII y 107 fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario en relación al diverso 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro electrónico 196196, De la lectura integra de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito presentando en la oficialía de partes de la autoridad responsable el treinta de septiembre de la presente anualidad. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro electrónico 192097, del título, subtítulo y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Y, por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el ordinal 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la propia legislación, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro electrónico 193829 , Ahora, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, sustentada por la Segunda Sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, con registro electrónico 911012, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. Así como, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Registro electrónico 162603, Ahora, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Por lo que, resulta improcedente pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de la petición y la promoción del amparo. Resulta conveniente destacar que el artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 268307, correspondiente a la Sexta Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse.". En este contexto, el artículo 72 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, menciona que las autoridades contaran con un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente, al precisar: "Artículo 72. En todo momento, el servidor público podrá solicitar al Instituto, el cálculo del monto estimado de su pensión del sistema solidario de reparto, contando el Instituto con un plazo de treinta días para dar respuesta." Del precepto antes transcrito, se advierte que cualquier servidor público podrá solicitar ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el cálculo del monto estimado de su pensión del sistema solidario de reparto; por lo que dicho Instituto contara con plazo de treinta días para dar respuesta. Numeral que resulta aplicable al presente asunto, toda vez que del escrito presentado el treinta de septiembre del actual, se advierte que el quejoso solicitó se le informara los años y porcentaje que ha cotizado como servidor público, lo anterior para que en su momento pueda hacer valer el trámite de jubilación y/o pensión, además de que se le informe los lineamientos para efectuar el trámite de jubilación, conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Ahora, en el caso, tenemos que, tanto de la demanda de amparo como del acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por quejoso, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno; esto es, veinticuatro días naturales antes de la presentación de la demanda de amparo; es decir, a la data de presentación de la demanda de derechos humanos no había transcurrido el termino de treinta días que establece el artículo 72 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para dar respuesta a la petición del quejoso. Esto es, debe considerarse un término de contestación a las peticiones hechas ante su potestad; lo anterior, sin contar el plazo para que se hagan las notificaciones y éstas surtan efectos. En este sentido, resulta necesario que la autoridad a la que se elevó la petición combatida, disponga de un tiempo razonable para atender su solicitud, lo que en la especie no ha ocurrido, ya que del acuse de recibo que insertó en demanda, se advierte que la fecha de recepción es de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo fue recibida el día veinticinco de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por ende, es inconcuso que no ha transcurrido el término que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, fija para que la autoridad responsable de contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno al recurrente de amparo, pues no ha transcurrido tiempo que le otorga la norma que rige el actuar de la responsable para que acuerde la solicitud que le fuera elevada. En esa tónica, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la citada ley, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por , por propio derecho, contra actos de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Domicilio. Con fundamento en los artículos 36 y 57 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el quejoso, se tiene por señalado el usuario " para el efecto de oír y recibir las notificaciones que para tal efecto se emitan, toda vez que el mismo se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios en el presente expediente, para la consulta del expediente electrónico, así como para que se practiquen las notificaciones por dicha vía de las resoluciones que así lo ameriten. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el uso de aparatos electrónicos para imponerse de los autos, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que permite la utilización de aparatos como son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados; con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Ahora bien, respecto de la manifestación de oposición a la publicación de los datos personales, instrúyanse a la Analista Jurídico SISE y al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que NO se incluya el nombre del quejoso y datos personales en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente juicio. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su capítulo noveno, artículo veinticinco; procédase a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por tanto, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y, 24 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, se designa: 1. Al Oficial de partes y judicial "C", para que digitalice oportunamente y de manera legible todas las promociones y documentos, etc., presentados físicamente, así como los recibidos electrónicamente (con sello y folio), para proceder a la integración de los expedientes físico y electrónico. 2. A los Secretarios para que den fe de que tanto en el expediente electrónico e impreso sean incorporadas cada promoción o documento necesario, como resoluciones etc., a fin de que coincidan en su totalidad. 3. A los Actuarios Judiciales para que incorporen en el expediente electrónico todas las notificaciones que realicen en los expedientes y coincidan con el físico. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea y Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del referido Acuerdo General 12/2020, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal), podrán imponerse del contenido del presente juicio, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo y. realicen las promociones correspondientes; además de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.

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